El día de ayer la policía de Ontario, Canadá, anunció que 43 mexicanos habían sido encontrados trabajando en condiciones de esclavitud moderna en una empresa de limpieza que los forzaba a trabajar en hoteles de las ciudades de Barrie y Wassaga Beach
Martes 12 de febrero de 2019
A los 43 mexicanos, en su mayoría hombres de entre 20 y 46 años, les ofrecieron visas de trabajo y residencia legal en Canadá a cambio de grandes cantidades de dinero. Fueron obligados a vivir en condiciones paupérrimas con salarios de entre 30 y 50 dólares al mes, estos eran controlados por sus "empleadores" y a demás tenían que pagar su vivienda, comida y transporte.
Los traficantes, quienes engañaron a estas personas para someterlas a trabajos forzados, son responsables de una empresa de limpieza. Hasta ahora la policía de Ontario no ha revelado sus identidades; con información de esta misma, se confirmó que a las víctimas se les ofreció residencia y trabajo legal.
Hay trabajadores extranjeros, que entran sea legal o ilegalmente al país, sometidos a trabajos forzados en agricultura, en la construcción, en fábricas de procesamiento, en la industria hotelera o como sirvientes domésticos.
Por eso, el caso que nos ocupa es sólo la punta del iceberg. Entre 2005 y 2017 se conoces 455 casos de trata de personas, 433 de canadienses -de pueblos originarios, mujeres y niños de familias precarias- y 22 de extranjeros. Estas personas son sometidas a trabajos forzados, entre ellos el trabajo sexual,el cual representa el 79% de los casos de trabajo forzado, según estadísticas canadienses.
En el caso de los trabajadores temporales que van a Canadá, la existencia de permisos laborales atados a un empleador es un elemento que podría facilitar la trata, impulsando las situaciones de abuso en el ámbito del trabajo. En tal sentido, ha habido numerosos pedidos para modificar esa modalidad y exigir que los papeles que habilitan a trabajar sean abiertos, es decir, que la persona no esté atada al empleador, quien tiene una potestad casi ilimitada sobre ella.
Activistas canadienses contra la trata, como Loly Rico, del Centro de Refugio FCJ de Toronto, critican las políticas economicistas del gobierno de Justin Trudeau, igual a la que lleva a cabo la administración estadounidense, el cual reproducen las autoridades de la provincia de Ontario.
Éstas están basadas en el recorte de gastos y la consecuente disminución o desaparición de programas sociales, y de esta manera la ausencia de programas de prevención de la trata y la permisividad ante las redes criminales dedicadas a esta actividad criminal, ponen en la indefensión a los sectores más pobres de las zonas rurales y semi rurales de Canadá y a a quienes llegan a través del "enganche" de trabajadores migrantes de otros países, principalmente latinoamericanos.
