RACISMO DEL ESTADO. 500 inmigrantes encerrados ilegalmente en una cárcel española

Foto: El País

Juan Ignacio Zoido, el ministro del Interior conocido por su implacable política contra las libertades del pueblo catalán y su política complaciente con la violencia de los grupos de extrema derecha, sigue con su ofensiva nacionalista.

Sobre la cárcel, de reciente construcción, ni siquiera se sabe oficialmente si tiene habilitada una red potable de agua para los 500 inmigrantes, que es su mayoría son argelinos y unas pocas mujeres. A excepción de Ciudadanos, el resto de partidos han lanzado críticas contra la falta de “sensibilidad” del PP. Pero, además, diversas ONG´s, organizaciones sociales y sindicales han denunciado el ingreso en prisión de centeneras de personas que no han cometido ningún delito, una acción calificada de “ilegal” y de “una gravedad sin precedentes”.

No solo UGT y CCOO se han posicionado en contra, sino que incluso el presidente de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), ligado a la USO (Unión Sindical Obrera) piensa llevar a los tribunales al gobierno puesto que para ellos “estaríamos ante un atropello sin precedentes de los derechos fundamentales de las personas”.

Desde diferentes sectores se acusa al ministro de incumplir tres leyes a la vez. El artículo 25.3 de la Constitución y los artículos 60 y 62 de Ley Orgánica 6/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. El primer artículo hace referencia a la imposibilidad de privar de libertad a las personas sancionadas administrativamente, como son los inmigrantes en su condición “irregular” y las otras dos se refieren a que los CIE´s (Centro de Internamiento de Extranjeros, a los que según la pauta legal ingresan los inmigrantes que llegan al estado español) son instalaciones públicas de carácter no penitenciario.

La impunidad del ministro Zoido es alarmante cuando a pesar de que el traslado de inmigrantes de Murcia a Archidona (en el término malagueño) ha sido avalado por siete jueces de diferentes salas según informaba La Vanguardia, la alcaldesa de Archidona se ha visto obligada a aclarar que los autos solo autorizan su traslado a “un centro no penitenciario de la Policía Local de Archidona. Pero el Centro Penitenciario de Málaga II es una cárcel”. Es decir, nada que ver con los autos de los siete jueces.

Mientras tanto, el delegado de gobierno en Murcia sorprendía en sus declaraciones por querer humanizarse remarcando el carácter “excepcional” de la medida. Pero resulta una burla por parte de los populares cuando lo que se entiende por “excepcionalidad” no es más que una “ilegalidad” en toda regla por parte del Gobierno. Estamos seguros de que ni el Tribunal Constitucional, ni el Supremo, ni el poder judicial, ni los cuerpos de seguridad del Estado que usan la violencia en las vallas de Ceuta y Melilla como denuncian las asociaciones sociales, ni el todopoderoso nuevo fiscal conservador saldrán en defensa de los jóvenes argelinos frente a la ilegalidad acometida por Zoido.

Sin embargo, a pesar de los desmanes del Gobierno sigue sin justificarse la existencia de los CIES que no son más que un verdadero “apartheid” del siglo XXI para justificar y alentar el racismo institucional.

La realidad es que el imperialismo español como el europeo son especialistas en provocar guerras y hambre en otros países y luego desentenderse e incluso levantar muros contra todos los refugiados que huyen de sus consecuencias. Y no es extraño que ahora lo sufran los jóvenes argelinos que huyen del hambre y la miseria de Argelia. Paradójicamente, uno de los países más ricos en gas y petróleo de todo norte África. El gobierno español apoya al reaccionario gobierno argelino contra los derechos y libertades de la población que precisamente protagonizaron históricas revueltas en enero y mayo de 2015 contra el expolio de los recursos y la injerencia imperialista. No es de extrañar que todos los años decenas de jóvenes y mujeres trabajadoras huyan de esta situación, mientras las grandes multinacionales como Repsol, Cepsa, Iberdrola o Gas Natural roban a sus anchas, a la vez que imponen astronómicos precios monopólicos a la clase trabajadora española.

No solo se deben denunciar los abusos del Gobierno, y no solo debe ser una exigencia unánime el cierre de todos los CIE´s y el fin de la ley de extranjería. Es necesario pelear por un programa obrero de emergencia social para los trabajadores, tanto nativos como extranjeros, que empiece por repartir las horas de trabajo sin perjudicar el salario, también debe ser unánime la denuncia al Gobierno imperialista que genera estas situaciones.