Estudio revelado por el Ministerio de Desarrollo Social señala que son 547 los niños, niñas y jóvenes que estaría en situación de calle en Chile.
Gaba La Izquierda Diario Antofagasta
Jueves 9 de mayo de 2019
La última vez que se tuvo una cifra en relación con este tema fue en 2011, donde se cuantificó la cantidad de 785 menores en situación de calle. Sin embargo, los datos, por la metodología distinta de ambos instrumentos, no son comparables. Esta vez el conteo fue realizado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia junto al Servicio Nacional de Menores (Sename).
Los resultados indican que la mayoría de los casos se concentra en la Región Metropolitana, siendo Talca, Arica y Osorno las tres comunas que poseen más niños, niñas y adolescentes viviendo en esta condición. Mayoritariamente son varones y secundariamente mujeres, éstas últimas por maltratos y abusos cometidos al interior de sus hogares. La edad promedio en que los encuestados durmieron por primera vez en la calle es de 12,7 años, mientras que la mayoría de ellos en promedio tiene alrededor de 15 años, presentan un alto consumo de drogas y alcohol, y sólo un 48% asiste a un establecimiento educacional.
Sebastián Villarreal, subsecretario de Servicios Sociales, explicó que esta encuesta buscó “hacer un ejercicio de caracterización para entender cuáles son las razones para que estén en la calle, qué les pasa cuando están en esa situación y, con eso, generar los insumos para establecer, efectivamente, el punto de partida para un programa de diseño y una política para niños y niñas en la calle”. Por su parte, la directora del Sename, Susana Tonda, señaló que “nos parece relevante contar con un catastro que nos permite dimensionar la realidad de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle”. Por su parte, Candy Fabio de UNICEF señaló que “es una cifra abordable” que “hay que prevenir, sobretodo apoyando a las familias cuando no han hecho bien su trabajo de crianza”.
Es así que el gobierno junto a sus instituciones se jactan de al fin tener un catastro de los niños en situación de calle para implementar políticas públicas, lo que es una vergüenza tras por ejemplo 38 años de funcionamiento del SENAME, institución con más de 1000 niños y niñas a su cargo, donde según el estudio casi un 20% no permanece en la institución por haber sido abusado al interior.
Por su parte, Candy Fabio, tratando a las y los niños de “cifras”, deja explícito que las y los niños, y jóvenes son vistos por el gobierno como objetos y no como sujetos con voz, delegando la responsabilidad del Estado, en cuanto al cumplimiento de los derechos del niño, a las familias. Cuando las condiciones de precariedad en las que viven en particular las familias trabajadoras y pobres con suerte les permiten pasar tiempo con sus hijos debido a sus jornadas extenuantes, sistema de turnos, e incluso los sueldos son tan bajos que deben tener más de un empleo.
El gobierno claramente frente a los múltiples problemas que aquejan a la infancia y la juventud, entre ellos la situación de abandono y de calle, no ha dado salidas serias desde el trabajo de prevención e integración, sino todo lo contrario actuando desde la represión, la criminalización y el empobrecimiento. Lo vemos en la ley de “Aula Segura” que entrega mayores atribuciones y facultades a los directores para que puedan expulsar o cancelar la matrícula de las y los estudiantes que incurran en “actos violentos”, como una medida represiva a esos cientos de secundarios de escuelas y liceos quienes se han atrevido a salir a las calles a denunciar las miserias de la educación pública.
La modificación, en el ya represivo y criminalizador, control preventivo de identidad, aprobado en el gobierno de Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría, donde la derecha busca permitir la revisión de enseres personales como mochilas u otros, y rebajar la edad permitida para controlar a 14 años, casi la edad promedio de las y los jóvenes en situación de calle. Y como si no fuera suficiente la represión y la criminalización, se les condena a la pobreza y la delincuencia, esto principalmente por el trabajo precario, con las modalidades ultra flexibles de trabajo como Uber o Rappi o con el Estatuto Laboral Juvenil, el cual incluso quita los derechos maternales o como señaló Piñera los “enriquecimiento sin causa”.
Ante esto, no debemos esperar ni confiar en que estos nuevos recuentos estadísticos mejoraran la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran niños, niñas y jóvenes, sino que debemos avanzar a organizarnos en nuestros lugares de estudio y de trabajo, discutiendo en las asambleas la necesidad de salir a las calles a exigir el cumplimiento de necesidades sociales tan básicas, como tener un techo, alimento, salud y educación para los cientos de niños, niñas y jóvenes que hoy viven entre las calles, lo que es posible de costear si se renacionalizaran los recursos naturales bajo gestión de trabajadores y trabajadoras, invirtiendo estas millonarias ganancias en las necesidades de la población y no en los intereses de los privados.
