Desde la plataforma de mujeres Non Una Di Meno y varios sindicatos señalan la incoherencia de las medidas adoptadas por el gobierno y llaman a reforzar la movilización por los derechos de las mujeres, las trabajadoras y las inmigrantes.
Martes 3 de marzo de 2020 07:52
Después que el pasado 28 de febrero se conociera la decisión del Comité de Garantía (un órgano del gobierno) para prohibir la huelga laboral feminista convocada para este 8 y 9 de marzo, el movimiento de mujeres Non Una Di Menos ha denunciado la hipocresía del gobierno.
La prohibición de la huelga también ha sido rechazada por varios sindicatos de base que habían efectuado la convocatoria.
“Mientras la marea de huelgas feministas y transfeministas aumenta en todo el mundo, en Italia nos acercamos a los días 8 y 9 de marzo en una situación extraordinaria y sin precedentes”, señalan desde Non Una Di Meno.
Esta decisión, afirman, tiene “gravísimas consecuencias materiales” para “la vida de las mujeres y los trabajadores que iban a hacer huelga el 9 de marzo”. Y agregan que existe una “incoherencia sustancial en las medidas adoptadas para limitar la propagación del contagio: mientras que algunas autoridades piden que se vuelva al curso "normal" de los negocios para proteger la economía, el costo de la crisis sanitaria recae en gran medida en las mujeres y los trabajadores”.
A su vez, inciden en el hecho de que en “las regiones donde las ordenanzas han impuesto el cierre de escuelas, miles de trabajadoras han perdido sus salarios o han recibido salarios reducidos. Algunos porque eran profesores precarios, muchos porque se quedaban en casa con los niños, o los ancianos o enfermos más expuestos a los efectos del virus”.
Durante semanas, trabajadores de la salud y las enfermeras “han estado trabajando sin parar por el mismo salario”. Y las trabajadoras domésticas y de cuidados, especialmente las migrantes “asumen una parte importante del riesgo para la salud a cambio de salarios de miseria, mientras que los trabajadores de la limpieza trabajan en turnos agotadores para garantizar la higiene en los entornos públicos y privados. Y, entre ellos, aún más los que son migrantes y sufren el chantaje del permiso de residencia vinculado al trabajo”.
Desde el movimiento de mujeres exponen las contradicciones del discurso gubernamental. Al mismo tiempo que se cierran las escuelas, y se presenta como una solución el teletrabajo y el "smartworking", la realidad de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras es bien diferente: contratos temporales, precariedad, falsos autónomos. Nadie puede quedarse en casa, porque eso significa no cobrar el salario. “¿Cómo podrían quedarse en casa? ¿Y quién no tiene un hogar? ¿Y quién tiene una casa que no es un lugar de trabajo adecuado?”
La crisis del Coronavirus también pone de manifiesto “las consecuencias que en los últimos años ha producido el desmantelamiento del Estado de bienestar y la desfinanciación de la salud pública a favor de la salud privada”.
Plantean que desde el comienzo de la crisis se han intensificado la violencia de genero y el racismo: tanto desde los cargos institucionales como en las calles con agresiones contra personas de origen extranjero.
“Las limitaciones a las manifestaciones y asambleas públicas que hoy están motivadas por el riesgo de contagio, ayer tenían - y seguirán teniendo mañana – el rostro de los “decretos de seguridad” [medidas que restringen la libertad de expresión y de manifestación en Italia]. No daremos un paso atrás en la exigencia de su abolición, en la demanda de un permiso de residencia europeo incondicional y en la denuncia de la violencia que tiene lugar en las fronteras y en los RCP [Centros de internamiento para refugiados]”.
Por último, llaman a redoblar la movilización: “Los días 8 y 9 de marzo nos quitan este instrumento [la huelga laboral] pero no renunciaremos a ocupar las calles y plazas en todas las formas posibles. Lo haremos porque nos mueve la urgencia de hacer oír nuestra voz contra la violencia de una sociedad que nos explota, oprime y mata”, culmina el comunicado de Ni Una Di Meno.
Por su parte desde el Sindicato de base USB, han expresado su rechazo a la prohibición de la huelga: “USB denuncia el clima de regimentación del país, al que la Comisión de Garantía se ha adaptado con el pretexto de la emergencia del coronavirus, y considera ahora que la intervención legislativa es esencial para restablecer el derecho de huelga en Italia”.
En el mismo sentido se pronunciaron desde la CUB: “Es paradójico que un gobierno en apuros por haber alimentado el ‘contagio del miedo’, continúe por el mismo camino suspendiendo las libertades fundamentales y es muy grave que lo haga en esta ocasión, mientras se agravan las desigualdades salariales, aumentan los feminicidios y las mujeres están cada vez más solas en la reivindicación de sus derechos”.
Desde el colectivo de mujeres Il Pane e le Rose (Pan y Rosas), Scila Di Pietro señala que “el gobierno prohíbe la huelga con la excusa del coronavirus, pero es una hipocresía. Las que más cargan con las consecuencias de la crisis son las trabajadoras y las inmigrantes, marcadas por la precariedad de las políticas de este mismo gobierno. Nosotras llamamos a movilizar más fuerte que nunca este 8 y 9 de marzo, con una política anticapitalista y revolucionaria”.