DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES. La deuda es con nosotras: que se reglamente ya la licencia por violencia de género en Mendoza

En la provincia de Mendoza son más de 75.000 las y los trabajadoras y trabajadores de la educación de los cuales un 80% son mujeres. La realidad de muchas docentes, celadoras o directoras se ve atravesada por contextos de violencia de género en sus casas o trabajo. A la Prosecretaria de Derechos Humanos y Género han llegado desde agosto del 2018 a octubre del 2019 alrededor de 278 casos de violencia de género, sumado a los casos que en estos momentos están en acompañamiento.

En lo que va del año hubo 68 femicidios y en los primeros días de marzo en nuestro país una mujer fue asesinada cada 12 horas. Estos números son alarmantes y las trabajadoras de la educación en muchos casos atraviesan esta realidad. Se desconoce mucho el cómo y qué hacer ante esta situación y en caso de saber son múltiples las trabas administrativas burocráticas que dificultan poder salir rápidamente de un contexto de violencia y peligro para ella como para sus hijos, y hasta incluso se termina afectando salario y estabilidad laboral.

El trabajo sobre la reglamentación de la Licencia por Violencia de Género para las trabajadoras de la educación se lleva a cabo ahora en una Comisión Mixta (paritaria) entre el SUTE y el Gobierno. Es un importante avance producto de la organización de las mujeres en sus lugares de trabajo y sindicato y es un escenario que fue posible gracias a la marea de millones de mujeres que ponen esta realidad en agenda. La necesidad de la reglamentación y sus principios se han discutido en plenarios, asambleas y reuniones abiertas. Incluso durante la carpa que instaló el SUTE frente a la Legislatura por el reclamo de apertura de paritarias se realizó una asamblea abierta de mujeres. Virginia Pescarmona y Natalia Naciff nos comentan sobre el proceso y cómo sigue.

- Sabemos que hubo una reunión para reglamentar las licencias por violencia de género ¿en qué situación se encuentra y qué discusiones se expresaron?

Virginia:- Tuvimos una reunión el miércoles pasado con el Gobierno para discutir el planteo que venimos haciendo desde el SUTE hace tiempo sobre la necesidad de reglamentar estas licencias. Luego de 4 instancias sin definiciones concretas, de hecho, la semana pasada levantaron la reunión porque “se olvidaron”, esta vez pudimos avanzar un poco. La Ley Nacional 26.485 tiene más de 10 años y fue modificada el año pasado (ley 26.533). Además existe su correlato en la Ley Provincial 8.806 que obligó a modificar la Ley 5.811 de licencias del estado donde se incorporó el artículo 50 bis o 50 inc.12. Este artículo plantea el derecho de toda mujer que sufre violencia de género a tomarse licencia, realizar traslados, a reducir su jornada de trabajo, a que se modifiquen sus horarios y poder resguardar su trabajo mientras resuelve su situación de haber sufrido cualquier tipo de violencia de género (en la escuela, en su familia o en cualquier ámbito). Desde el sindicato presentamos un proyecto para reglamentar estos artículos, con fundamentos teóricos y propuesta de los pasos a seguir para acceder a la licencia, los papeles necesarios y los casos que se contemplan. En la última reunión pudimos hacer algunos avances elementales como definir los pasos a seguir ante la necesidad de tramitar la licencia, el tiempo que requiere una trabajadora para presentar sus papeles, ya que era muy engorrosa la burocracia y pudimos lograr una celeridad muy necesaria debido la situación de riesgo que puede estar sufriendo la compañera que solicita esta licencia.

Natalia: - ¿Por qué nosotras nos empeñamos en que salga esta reglamentación? Cuando las trabajadoras piden licencia, traslado, etc. y presentan los papeles, según quien hace la lectura de la ley se interpreta de distintas formas. Nosotras desde el SUTE, tenemos una visión más amplia y menos restrictiva. Actualmente, el estado pide una denuncia penal o la orden de restricción y una certificación médica o psicológica para aceptar la licencia, nuestra propuesta es que las compañeras puedan presentar una declaración jurada y que sea suficiente para acceder a este derecho, es un “Yo sí te creo” hacia la administración pública. Entendemos que no todas las mujeres en situación de violencia puedan lidiar con esa burocracia de papeles, no todas van a querer realizar la denuncia –porque piensan o porque realmente puede ser que empeore su situación- e incluso no existe un acceso rápido para obtener la certificación de un médico o psicólogo – cuestión que además nos parece patologizante. Entonces tomamos la celeridad como uno de los principios y criterios políticos de la ley para poder resguardar tanto la integridad física como psicológica de las mujeres. Otro de los criterios fundamentales es la no revictimización, la autonomía y el consentimiento de la compañera en todos los pasos del proceso.

V:- Esto es importante porque en la comisión mixta – gob- SUTE- es una discusión si es que esta licencia debería pasar obligatoriamente por Salud Laboral. Nosotras opinamos que no, debido a que no estamos hablando de una enfermedad sino una licencia especial. En cuanto a la celeridad, hacemos mucho hincapié con esto porque partimos de la base de un Estado que no garantiza el acceso a la salud y otros derechos, entonces pedimos que sea prioridad a la hora de poder acceder a cualquier servicio -médico, psicólogo, abogado, etc.- es decir, que el Estado se haga cargo para poder resolver estas situaciones.

-¿Hay algún problema con el Ítem Aula y este tipo de licencia?

N:- En estos casos con el Ítem Aula hay una excepción votada en la Legislatura con estas licencias, pero eso se sabe solo en RRHH que te toman la licencia pero no se sabe en liquidaciones y hay casos en que si le hacen el descuento del ítem aula. Por más que exista una excepcionalidad hay meses que si se los descuentan y hay meses que no. O si se extiende más de 90 días la licencia no se comunica a liquidaciones y se le empiezan a descontar.

V:- Esto hay que tratar de que no siga siendo así porque a la situación de violencia se le suma que el sueldo no te alcanza y encima te hacen descuentos por esta desconexión entre RRHH y liquidaciones. Aquí se están vulnerando derechos.

- ¿En caso de trabajadoras que por estos motivos tengan que hacer traslado o movimientos, qué sucede?

N:- Tenemos otro debate con respecto a los traslados y movimientos, ya que rige un estatuto docente que fue construido sin perspectiva de género. El principal punto surge cuando hablamos de una trabajadora suplente, ya que la ley 26.485 establece que la trabajadora tiene derecho a no tener el agresor cerca y el Estado debe garantizar la integridad de la trabajadora. Pero en nuestro estatuto una trabajadora suplente no puede realizar movimiento de traslado porque no es titular. Aquí la precarización también atenta contra las mujeres. La discusión es, también, sobre el peso que tienen las leyes nacionales por sobre las provinciales. Por lo tanto, la Ley Nacional 26.485 está por encima del estatuto. Se trata de otra discusión compleja, ya que quienes representan al gobierno en esta comisión opinan que las trabajadoras tendrían privilegios, en lugar de entender que tienen prioridad.

V:- Es importante aclarar que hemos sentado precedentes de lograr estos traslados trabajando en equipo con las Juntas a las cuales el Gobierno ataca y les quiere sacar incumbencias. Las Juntas son un organismo autárquico muy importante para garantizar derechos a la docencia. Hemos tenido casos que se han trasladado a otros departamentos para poder resguardar a las compañeras y puedan continuar con sus vidas.

N:- Lo que más nos cuesta es el trabajo con la Junta de celadores donde hay 21 traslados frenados.

V:- Llegamos a esta síntesis conceptual de que discutimos prioridades y no privilegios. En el marco de precarización laboral, inestabilidad de los suplentes, de necesidad de cargos, salario de pobreza, compañeras que necesitan trabajar dos o tres cargos para poder sobrevivir, la pelea por el cargo, la pelea por el trabajo a veces por falta de empatía o por necesidad es toda una discusión. La realidad que tenemos genera una competencia importante entre docentes. La pelea por el trabajo es un tema porque con un cargo no vivís y la estabilidad que te da la titularización no la tienen todas. Hay que educar un montón en esto, empezando por las propias compañeras de la junta, compañeras de la escuela. Pero la pelea por los derechos de las mujeres también es por sus condiciones laborales y salariales. Un cargo que cubra la canasta familiar es elemental.

También es una discusión con el gobierno que todo avance o acuerdo se debe informar. Es una elemental responsabilidad del Estado garantizar información, capacitar y difundir por todos lados que existe este derecho.

- ¿Cómo llega la información sobre la licencia por violencia de género a las trabajadoras?

V:- Las compañeras que llegan por estas herramientas son porque les contaron otras compañeras en sus escuelas. Y quienes obtienen esa información es porque el mismo sindicato es el que lleva la información a las escuelas, no es porque el Estado se haga cargo. También depende mucho de que en las escuelas los equipos directivos tengan o no perspectiva de género y se pongan a disposición de las compañeras averiguando los pasos a realizar y comunicándose con el Estado (RRHH, liquidaciones, etc.) y con el sindicato. Lo que nos impacta también en medio de todo esto es que, al no llegar la información a todas las escuelas y compañeras, es que no sabemos cuántas hay en esta situación que aún no acceden a este derecho y van a trabajar como si nada, o las compañeras de la misma escuela son las que las contienen. Encuentran en la escuela su principal contención. Hay casos en los que las trabajadoras, ya sea por desconocimiento o por lo engorroso de la burocracia, toman medidas parciales como pedirse una licencia por razones particulares para atender la situación emergente.

N:- Quería agregar que tenemos las consejerías en SUTE Central, en el Este, Gral. Alvear, Godoy Cruz y Las Heras. Que también están abiertas a la comunidad, donde acompañamos a otras mujeres que requieran estas herramientas y activamos redes de contención y las derivamos a espacios que son muy confiables y se manejan con los mismos criterios que utilizamos en el sindicato.

V:- Hay que desterrar la idea de la maestra presentada como mujer perfecta que no le pasa nada, que no tiene vida por fuera de la escuela, que se la reconoce por su guardapolvo. Esto implica instalar la idea en las escuelas que somos mujeres trabajadoras, que la realidad de la violencia de género y los femicidios nos atraviesan por completo, y que es una realidad que no está del todo visibilizada en los trabajos. Muchas veces nos preguntamos cómo hacen las compañeras en esta situación para seguir yendo a trabajar en la escuela como si nada pasara, incluso cuando el agresor trabaja en el mismo lugar y tienen que convivir con eso (existe un protocolo para estos casos).

N:- Lo que nos interesa destacar también es que las compañeras que se han acercado a las consejerías por estas situaciones han avanzado en su organización a través del sindicato, ya sea afiliándose, participando activamente en sus escuelas e incluso siendo delegadas.

V:- Es decir, que las compañeras han visto que el sindicato es una herramienta no sólo desde un punto de vista individual, sino también de organización colectiva. De hecho, los principios de esta reglamentación que estamos discutiendo con el gobierno se han realizado a través de asambleas de trabajadoras de la educación y sus distintas agrupaciones políticas, es decir, con los métodos más democráticos que tenemos.

N:- En este sentido impulsamos las Consejerías de Género, formaciones en Género, en ESI (cosa que el Gobierno no hace) y peleamos esta perspectiva en la organización sindical. También convocamos a marchar este 8M desde las 18hs en Colón y San Martín y fuimos parte como sindicato de la Asamblea del 8M. Planteamos en los plenarios y la comunicación del sindicato la convocatoria general y también levantamos nuestras demandas como trabajadoras de la educación.