Se cumple un mes de la catástrofe de la DANA, un crimen social del que gobiernos y patronales son responsables. En este tiempo el gobierno de Carlos Mazón ha adjudicado 75 millones de euros para reparar los daños. Varias de las empresas beneficiarias se encuentran vinculadas a casos de corrupción como Gürtel y Taula. Para que no quede en manos de sus responsables es necesario que la reconstrucción esté controlada por los afectados, trabajadores y expertos independientes.
Viernes 29 de noviembre de 2024
Imagen: Carlos Mazón en la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE)
El gobierno de Carlos Mazón ha adjudicado por ahora 75 millones de euros para reparar los daños causados por la última DANA en infraestructuras hídricas y agrarias y, sin sorpresa para nadie, entre las empresas beneficiarias se encuentran algunas vinculadas a casos de corrupción como Gürtel y Taula. Las primeras adjudicaciones ya dejan entrever la podredumbre del régimen político que demuestra los estrechos lazos entre políticos y empresarios. La gestión de la reconstrucción en manos de los partidos del régimen solo puede priorizar los intereses empresariales sobre las necesidades de los afectados. Los mismos responsables de este crimen social pretenden seguir sacando beneficio de la catástrofe.
Algunas de las empresas beneficiadas con historial de corrupción
La administración de Carlos Mazón ha comenzado a adjudicar contratos para reparar los daños causados por la DANA. Estos contratos, que actualmente superan los 75 millones de euros, están siendo adjudicados por la vía de emergencia. Si repasamos la lista de contratos adjudicados, veremos que hay varias empresas beneficiarias que han participado o han sido investigadas por su vinculación en importantes tramas de corrupción. Es el caso de la Becsa S.A. que ha obtenido hasta la fecha dos contratos por 6,2 millones. El administrador único de esta empresa es Gabriel Alberto Batalla Reigada quien fue condenado por la trama Gürtel.
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Pero esta empresa no es la única entre las beneficiarias que cuentan entre sus gestores o administradores a personajes vinculados y condenados por la trama Gürtel. CHM Obras e Infraestructuras, S.A., la cual ha recibido al menos un contrato por 2,8 millones de euros también tuvo entre sus directivos a condenados por la Gürtel. Vinculado a esta sociedad estaba Rafael Martínez Berna quien era el presidente del consejo de administración cuando ocurrieron los hechos por los que fue condenado en el marco de la trama Gürtel. También Tomás Martínez Berna, que fue condenado por el mismo caso de corrupción, era el secretario del consejo de administración cuando tuvieron lugar los hechos de la trama. Además, la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, S.A., Facsa, que ha obtenido al menos dos contratos por 1,5 millones también participó en la trama Gürtel.
Entre las empresas que han obtenido contratos millonarios también hay varas vinculadas a otro importante caso de corrupción, el caso Taula. El caso Taula involucraba a varias administraciones públicas (ayuntamientos, Diputación de Valencia y Generalitat) en una red que adjudicaba contratos a cambio de comisiones ilegales. En este caso, la vinculación de empresas hoy beneficiarias de las ayudas de Mazón con este caso no es menor. Pavasal S.A., parte de este caso de corrupción, es adjudicataria de al menos dos contratos por 5,7 millones. Pavagua Ambiental S.L.U. También lo son la Sociedad de Agricultores de la Vega que ha recibido al menos dos contratos por 9,5 millones y FCC Aqualia S.A. que ha obtenido al menos un contrato por 7,4 millones. Esta empresa es una filial de Fomento Construcciones y Contratas S.A., parte del caso mencionado.
Además, la empresa Ocide Construcción S.A. que ha recibido al menos dos contratos por 15,6 millones está siendo actualmente investigada en el caso Azud. Este caso actualmente en investigación por la posible existencia de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal, por contratos adjudicados cuando Rita Barberá era la alcaldesa de Valencia, según han publicado varios medios de comunicación.
En un contexto de catástrofe como la que ha quedado tras la DANA la corrupción aflora. Los grandes empresarios, estrechamente ligados a los responsables políticos del régimen busccan ser los grandes beneficiados de la catástrofe. Pero con corrupción o sin ella la estrategia no es nueva: las catástrofes naturales se han convertido en una oportunidad para las empresas, que ven en la reconstrucción un negocio rentable favorecida por los partidos del régimen que buscan privilegiar el beneficio patronales frente a los intereses de los afectados y la mayoría social. Así a costa de fondos públicos, empresas con oscuros historiales logran engordar sus beneficios mientras las y los vecinos, los trabajadores, autónomos y pequeños propietarios reciben soluciones parciales y tardías. Pero esto no son manzanas podridas, la corrupción es endémica en el conjunto del Régimen político burgués que pone por delante los intereses de los patronales, ligados en muchas ocasiones por estrechos lazos e intereses a los de los propios políticos.
La propia decisión de Carlos Mazón, con el beneplácito del Gobierno de Sánchez, de otorgar la vicepresidencia y el grueso del gobierno valenciano a dos tenientes generales trata por un lado de contener por vía autoritaria la crisis política al tiempo que garantiza una reconstrucción al servicio de las mismas patronales corresponsables de la tragedia. Frente a ello solo hay un modo de evitar que empresarios y corruptos saquen provecho de la catástrofe. El plan de reconstrucción tiene que estar controlado, planificado y gestionado por expertos independientes, ecologistas, vecinas, vecinos y trabajadoras y trabajadores para garantizar que el dinero destinado a la reconstrucción no vaya a los bolsillos de los responsables de este crimen social. Pero no solo eso, el dinero destinado a la reconstrucción, que tiene que responder a planes ambiciosos que vayan más allá de la reconstrucción superficial de los daños -teniendo en cuenta que es una zona en riesgo permanente de sufrir inundaciones, no puede salir de los bolsillos de las y los trabajadores para ir a parar al de los empresarios, sino que la reconstrucción debe de ser financiada con impuestos progresivos a grandes empresas y, especialmente, impuestos aplicables a las energéticas, grandes empresas, los bancos y constructoras. La reconstrucción no puede seguir en manos de los responsables de este crimen social, la salida tiene que venir de la clase trabajadora y los sectores populares, como muestra la solidaridad colectiva de las voluntarias, e independiente de estos gobiernos capitalistas y de las patronales.
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