El viernes 31 de enero del 2020 se cumplieron 10 años de la masacre en Villas de Salvarcar de Ciudad Juárez, derivada de la llamada “Guerra vs en Narco” que el expresidente panista Felipe Calderón implementó
Lunes 3 de febrero de 2020
A 10 años de aquella fatidica noche del 30 de enero de 2010, familiares y personas cercanas llevaron flores y encendieron veladoras para mantener la memoria de quienes murieron en uno de los episodios más cruentos de la violencia en el estado, y que las autoridades en su momento no tardaron en querer lavarse las manos calificándolo como "un ajuste de cuentas del Narcotráfico".
La llamada “Guerra vs el Narco” venida de la mano de la militarización, que en todo el país ha dejado solo descomposición social, fue iniciada por Felipe Calderón, continuada por Peña Nieto y reforzada por AMLO mediante su constitucianalización por medio de su Guardia Nacional, un instrumento que ha sido producto de las presiones de los EE.UU., para continuar con su control y hegemonía bélica.
Recordando la tragedia de quienes fueron asesinado la noche del 31 de enero del 2010, quienes eran principalmente estudiantes y se encontraban en una fiesta, dentro del fraccionamiento Villas de Salvárcar, en aquella ciudad fronteriza, celebrando un triunfo deportivo, fueron sorprendidos por un comando armando que, descendió de varios vehículos, ingresó al sitio y masacró a los jóvenes; el saldo resultó en 15 personas muertas y 10 heridos, la mayoría con edades de entre 15 y 20 años.
En aquél entonces, el Estado Mexicano respondió bajó sus protocolos de seguridad y calificó la masacre inmediatamente como un “ajustes de cuentas” entre bandas criminales del Narcotráfico. Eran pandilleros espetó el ahora impresentable Felipe Calderón desde Japón. Familiares, conocidos y vecinos salieron a desmentir las versiones oficiales.
En ese momento, la Asamblea Ciudadana Juarense sostuvo ante la prensa nacional e internacional que los responsables no eran simples grupos de sicarios sino paramilitares, “Escuadrones de la Muerte” que venían operando en esta y otras ciudades una verdadera guerra contra el pueblo.
Más tarde y bajo la presión social, no solo en el estado sino a nivel nacional, las autoridades tuvieron que desmentir su versión, incluyendo la declaración de un presunto responsable, quien declaró que se equivocó al mandar matar a los inocentes muchachos, pensando que eran integrantes de una pandilla.
Este 31 de enero del 2020 mientras se conmemoró a las víctimas de la masacre, los gobiernos local y estatal, se incluyeron de manera oportunista realizando una serie actividades y acciones, pretendiendo limpiar con recursos económicos la imagen de devastación y terror como secuelas de una Guerra que está matando principalmente mujeres, jóvenes y hombres de las clases trabajadores y sectores más empobrecidos.
Por su parte, el gobernador Javier Corral, aseguró que su gobierno ya cumplió con la reparación integral del daño a 23 familias de las víctimas.
La masacre de Villas de Salvarcar no fue ni la primera ni la última que se ha vivido, hace apenas unos días la prensa dio cuenta de una masacre más en esta frontera. Hace 10 años, ya habían ocurrido masacres en fiestas particulares, en bares, en centros de rehabilitación, como el Aliviane o la del CIAD, incluso meses después a lo ocurrido ese 31 de enero, una masacre similar ocurrió en Horizontes del Sur, una colonia colindante al Villas de Salvarcar.
Recuento de las acciones y reacciones ante la masacre ese 2010.
Lo que volvió emblemática la masacre de Villas podemos explicarlo porque después de años de asesinatos y masacres (en marzo de 2008 con la llega del ejercito las ejecuciones de cuadriplicaron), por primera vez desde esta frontera se lograba poner en cuestión a nivel nacional e internacional el discurso oficial de que los que morían en esta guerra contra en narco eran los malos, criminales y que los daños colaterales eran eventos aislados.
En Villas de Salvarcar, familiares y amigos de los masacrados, denunciaron inmediatamente la nula respuesta de la policía que esa noche no respondió la llamado a pesar de que una de sus estaciones principales (Babícora) se encontraba a menos de 10 minutos en vehículo. Se denunció la presencia militar en los alrededores de la colonia y su falta de intervención, así como los intentos por detener a los familiares que levantaban a los baleados para llevarlos en sus vehículos a los hospitales.
En villas de Salvarcar hubo una respuesta política desde algunos familiares y vecinos, ante la descalificación de las autoridades gubernamentales, cartulinas de colores con respuestas puntuales se dejaron ver en las viviendas, hubo una manifestación y reclamo directo al gobernador de ese momento y una comprensión de que la violencia desatada poco tenía que ver con la supuesta “guerra contra el narco” aunque no se tuviera claridad de ante qué nos enfrentábamos. Villas de Salvarcar rompió con una cadena de parálisis generalizada en una ciudad masacrada impunemente, en medio de una militarización descomunal que lejos estuvo de disminuir la violencia, sino todo lo contrario. Fue el inicio de una ruptura con el miedo impuesto a punta de balazos y descuartizados en el marco de la peor crisis económica a nivel mundial desde 1929
Ante este acontecimiento, las pocas y mermadas organizaciones sociales de la frontera se volcaron a respaldar a los vecinos, al tiempo que el aparato gubernamental operaba para contener, dividir o conciliarse con las familias de los masacrados. Ante el intento de reunirse con ellos, el Gobierno Federal, logró convencer a la mayoría de las familias, con excepción de la familia Dávila, quienes en un acto de valentía salieron a protestar junto decenas de jóvenes que se concentraron en los alrededores del Cibeles.
Fue en una coordinación de los activistas antimilitarización y miembros de algunas ONGs que Luz María Dávila y su hermana Patricia entraron al Cibeles, lugar donde estaba el presidente. Durante los días previos, el diálogo que los antimilitaristas había sostenido con los Dávila había girado en torno a las intenciones del gobierno ante la respuesta dada desde la colonia. La idea que se posicionó fue buscar un espacio público para confrontar al presidente y evidenciar quienes eran quienes morían en esta guerra. El presidente rechazó presentarse en el parque de la colonia, en un diálogo público, donde decenas de vecinos empezaron a concentrarse. Previamente, el gobierno federal había logrado reunir a la mayoría de los familiares en Casa Amiga, donde a escondidas de la sociedad se "disculpó" y realizó una serie de promesas (Una capilla, un parque, apoyos económicos y justicia).
En el Cibeles las ONGs “protestaron” de manera simbólica dándole la espalda al presidente, en un evento que anunciaba una ligera modificación en la estrategia de guerra que abarcaba el reparto de recursos económicos a diversas organizaciones para atender a las víctimas de la violencia.
A las afueras del Cibeles, la policía reprimía a los estudiantes que intentaban acercarse al Cibeles, estudiantes de ITCJ, bloqueaban la Panamericana deteniendo unidades del Ejército y la ciudad estaba desbordada de indignación. Tras la represión, una de las hermanas de Luz María que protestaba junto a los jóvenes antimilitaristas, le marcó a sus hermanas que se encontraban dentro: “Están reprimiendo a los estudiantes” tiempo después, en una charla, Luz afirmaría a propósito de esta llamada y de su confrontación a Felipe Calderón “cómo era posible, asesinan estudiantes, y cuando los estudiantes protestan por esto, los reprimen”.
Luz se encaminó hacia el Presidente y lo declaró “no bienvenido” con un potente discurso que destrozó la política militarista del presidente en voz de una trabajadora de maquila.
A partir de ese momento, poco a poco se empezó a romper el miedo en la ciudad, la gente empezó a protestar por sus muertos aun a riesgo de su propia vida. Los Juareses salieron en una gran manifestación el 13 de Febrero de ese 2010 rumbo al puente internacional Santa Fe, la consigna “Juarez, Juarez NO es cuartel. Fuera Ejército de él”. La prensa nacional recogía en primera plana “Juarenses piden el retiro del ejército de las calles”.
Otras tantas cosas ocurrieron en esta emblemática colonia que se escribieron o habrán de escribirse. Se mantuvo con muchas contradicciones un reclamo de memoria y una diluida exigencia de justicia que mermaba cada vez más ante el miedo a represalias, pero también por las dádivas de los gobiernos en turno, que no suelen desaprovechar las necesidades materiales de la gente para logran su cooptación.
La justicia nunca se materializó. No hubo una investigación que determinará lo que efectivamente ocurrió aquella noche, hubo algunos detenidos, algunos bajo tortura, pero nada fuera de la retórica de “los confundieron” con la que el Estado suele lavarse las manos ante los llamados “daños colaterales” de la Guerra. Una lógica que termina justificando la muerte de miles de personas, prescindibles, desechables, bajo la premisa de “en algo andaban”.
Durante el sexenio Peña NIeto se aprobó la llamada Ley de víctimas, aplaudida por no pocas organizaciones de la sociedad Civil. En esta se contemplan entre otras cosas la reparación del daño a quienes han sido víctimas de la violencia pero esta ley jamás contempló las responsabilidades en las cadenas de mando de un ejército y policía federal militarizada, de las que hoy sabemos actuaron de manera parcializada y coordinada con los sicarios de esta guerra.