Sismo en México. A 15 días del sismo: la participación popular y el hartazgo con la “clase política”

En primer lugar, porque mostró que si el sismo es un hecho natural, la tragedia que engendró no lo es. Se popularizó la idea de que los gobiernos federales y locales son responsables políticos de las consecuencias del terremoto, las pérdidas de vidas humanas y materiales.

En particular, que la corrupción que reina en la construcción inmobiliaria y el otorgamiento de permisos en la Ciudad de México muestra la colusión entre los empresarios y los funcionarios públicos, al calor del boom inmobiliario. Los casi 400 muertos y la pérdida de miles de viviendas en Oaxaca, Chiapas y la CDMX como resultado del 7S y el 19S, expresa que a los gobiernos no les interesan las condiciones de vida y seguridad de la población trabajadora. Los costos que pagarán están por verse, pero el hartazgo con la corrupción gubernamental se profundiza.

En segundo término porque emergió un amplio proceso de participación popular: cientos de miles de jóvenes, trabajadores y pueblo que protagonizaron las tareas de rescate y acopio. Un acontecimiento terrible como el sismo, empujó a las calles a una juventud estereotipada como individualista y egoísta.

Esto se chocó de frente con el accionar gubernamental: jóvenes y trabajadores vivieron en carne propia y denunciaron en redes sociales que el rol de las Fuerzas Armadas era evitar la participación popular -entorpeciendo incluso las labores de rescate- y abonar a un show mediático en favor del gobierno, como en el colegio Rébsamen. Y comprendieron también que la criminal corrupción del Estado llegaba incluso al acopio, como se vivió en el Estadio Universitario o en las denuncias contra Graco Ramírez, gobernador de Morelos.

Ante esto, el gobierno federal y los partidos actuaron para contener la crisis. Peña aprendió la lección del 85 y utilizó a las fuerzas armadas para frenar un proceso de movilización y organización como el de entonces.

El PRI exigió a los demás partidos que donen el 100% del financiamiento público del 2017. La intención de Peña era evitar una caída mayor hacia las elecciones del 2018 y, si fuera posible, recomponer su imagen. Al servicio de ello, está la operación de los medios de comunicación, como el “estamos unidos mexicanos”, que pretende borrar las evidentes diferencias entre quienes sufrieron las consecuencias del sismo y quienes las provocaron: los representantes de los explotadores. Una nueva edición de la “unidad nacional” para evitar que el descontento afecte más a un presidente ya bastante alicaído.

El gobierno perredista de la Ciudad de México -el otro responsable político central de la tragedia- se apresuró a proponer el plan de reconstrucción CDMX, no sin protagonizar nuevos traspiés políticos, como la avaricia del jefe de gobierno. Los partidos de oposición pasaron del silencio inicial para no afectar la “gobernabilidad”, a iniciativas para la reconstrucción, subiendo la apuesta del PRI respecto a la donación para los damnificados. Sectores del Frente Ciudadano propusieron dirimir su interna mediante una consulta ciudadana, con el fin de atraer a sectores descontentos con el gobierno. Andrés Manuel López Obrador sin duda apuesta a ser quien más capitalice en el 2018 el enojo popular con Peña.

La clase política: antes y después del 19S

Sin embargo, la operación del gobierno y los partidos, aunque contiene la crisis política y se dirige a los sectores altos y medios que aplauden el accionar de la Marina, no disminuye el descontento presente en amplias franjas del pueblo.

Las imágenes del priista Osorio Chong y del morenista delegado de Xochimilco enfrentando la ira popular testimonian la brecha entre la “clase política” y la población. En la Ciudad de México se siente el enojo con quienes sólo aparecen para “sacarse la foto” mientras miles de personas están sin casa ni agua en Iztapalapa y otras delegaciones.

Las aspiraciones presidenciales de Miguel Ángel Mancera cargan ahora el peso de cientos de edificios derrumbados o con daño estructural. El apuro gubernamental por restablecer las clases sin condiciones mínimas de seguridad, despierta enojo de maestros, padres y madres de familia. El Morena hace malabarismos para zafar de su responsabilidad como gobierno en delegaciones como Tlalpan y Xochimilco, donde está muy cuestionado.

Todos piensan en el 2018 y cómo los afectará: para la “clase política” también hay un antes y un después del sismo del 19S.

El gobierno apuesta al plan de reconstrucción para legitimarse, con créditos federales hipotecarios de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (Fovi). Como planteamos aquí, favorecerá la rapiña de las intermediarias financieras y las inmobiliarias, en tanto que el pueblo trabajador se endeudará para reconstruir su hogar. Es de esperar que ninguno de los responsables políticos centrales de la tragedia sean enjuiciados y encarcelados. Se incuba una nueva estafa al pueblo trabajador en beneficio de grandes empresarios y sus socios políticos.

Una salida obrera y popular ante los efectos del sismo

Ante eso, los socialistas del MTS creemos que hay que luchar por una salida opuesta a la rapiña de las inmobiliarias y de los políticos al servicio de los capitalistas.

Eso implica que las organizaciones obreras y populares junto a los damnificados exijan un fondo de reconstrucción, garantizado por el estado, que se integre con impuestos progresivos a las grandes fortunas, el no pago de la deuda externa y la expropiación sin indemnización de las propiedades de los empresarios y funcionarios que tengan responsabilidad en las construcciones que se derrumbaron por fallas de seguridad. Esto, junto a luchar por el juicio y castigo a los responsables políticos y materiales, constructoras e inmobiliarias, de las casi 400 muertes.

Este fondo de reconstrucción debe estar bajo el control y la supervisión de los damnificados junto a las organizaciones sindicales y populares que se hicieron parte de las tareas de rescate y solidaridad. Con la asesoría de especialistas independientes, son quienes deben decidir cómo administrar los recursos y construir viviendas seguras y confortables en la Ciudad de México y los estados afectados.

Con este fondo se podría garantizar la reconstrucción de las viviendas derrumbadas y afectadas sin que paguen un solo peso quienes perdieron todo. Que paguen los responsables, y quienes se beneficiaron de los negocios inmobiliarios.

Esto debe ser el primer paso para luchar por una verdadera reforma urbana, que ataque a las grandes constructoras, inmobiliarias y casatenientes que hacen negocios millonarios a expensas de las grandes mayorías, que expropie las construcciones y terrenos ociosos e imponga la reducción del alquiler a la población trabajadora, entre otras medidas.

Después del sismo, en la CDMX hay que luchar por una ciudad al servicio de los trabajadores y el pueblo, con servicios dignos y una planeación decidida democráticamente por las grandes mayorías. Si queremos lograrlo, hay que desarrollar la movilización obrera y popular, a partir de la fuerza mostrada desde el 19S en las calles por los trabajadores la juventud y las mujeres.