La "Ley de nueva educación pública" se encuentra aún sin poder ser implementada por el gobierno de turno. Su reaparición en el mundo político nos invita a recordar el rol de las direcciones al permitir el pase a los ataques de los gobiernos, y a cuestionar ¿cuál es el rol que deben tener con una derecha que se apronta a golpear con una precarizante Reforma Laboral?
Rebeca Rodríguez Osorio Médica. Agrupación de trabajadores de la salud "Abran Paso"
Domingo 24 de febrero de 2019
Una de las herencias dejada por el gobierno de la ex Nueva Mayoría al gobierno de Sebastián Piñera, fue la -altamente cuestionada y rechazada por docentes y estudiantes- Ley de Nueva Educación Pública. Dentro de ella, uno de los aspectos que se ganó el debate durante el 2017 es el que se refiere a la mal llamada “desmunicipalización”, que en términos numéricos traspasa los 5.195 colegios administrados por municipios, a 70 Servicios Locales de Educación.
El tema vuelve a aparecer en los medios debido a ciertas interpelaciones que han hecho personajes del gobierno anterior al actual, con respecto a la demora en la implementación de la ley. Gonzalo Muñoz, ex funcionario del MINEDUC del gobierno de Bachelet, refirió que “Existe una legítima preocupación por el avance y compromiso del Gobierno con la desmunicipalización. Esta estrategia es una buena oportunidad para dar un giro y priorizar la mejora de la educación pública, lo que demostraría la real voluntad de fortalecer este sector”. A la vez, de parte del gobierno el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, dice que este es un tema prioritario para el MINEDUC al que quieren dar “continuidad y ejecutar con máxima celeridad” agregando que “Actualmente, un equipo de desarrollo integrado por miembros de la DEP, el MINEDUC y el BID, se ha enfocado en sistematizar el trabajo realizado durante 2018 y 2019, estructurando en líneas de acción las recomendaciones de todas las instancias”, las que estarían listas para abril de este año.
El amplio rechazo a la Ley y la pasividad de las direcciones
Si recapitulamos, durante el 2017 mientras la ley se discutía, el rechazo de los profesores llegó a ser superior al 80%, hecho que fue obviado por el gobierno y la mayor parte del parlamento, y también por la dirección del CDP en manos de Aguilar, quienes no hicieron caso a los llamados a un plan de movilización contra la reforma. Esta posición pasiva permitió el libre paso a la aprobación de la Ley, que no da respuesta a la crisis en que se encuentra la educación.
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En el contexto de un ascenso de la derecha en América Latina, con ataques que el gobierno viene preparando como la Reforma laboral, los grandes organismos de organización de trabajadores y trabajadoras no pueden actuar desde una pasividad similar que permitiría al gobierno dar golpes sin obstáculos a las y los trabajadores. El centro debe estar en poner freno a estos ataques en las calles en unidad con otros sectores de trabajadores, que al igual que los miles de docentes del país, se verán sumidos en condiciones laborales aún más precarias que las actuales.
Frente al problema de la educación, las demandas de los profesores deben superar las mezquinas reformas del gobierno anterior y el actual, y la pasividad y esterilidad de sus direcciones burocráticas, levantando banderas de lucha por soluciones estructurales como el control y administración de los espacios educativos, donde tengan presencia en las decisiones estudiantes, apoderados y trabajadores de la educación, junto a la comunidad organizada. Así mismo, debe haber un paso real de los establecimientos al Estado, con financiamiento 100% proveniente del Estado según presupuesto discutido por las mismas escuelas acorde a sus necesidades. Debe asegurarse que docentes y asistentes de educación tengan contrato de funcionario público de planta, con derecho a carrera funcionaria, perfeccionamiento y capacitación.
Ad portas de un nuevo 8 de marzo y el llamado internacional a la "huelga feminista", con la necesaria participación en esta de las y los trabajadores de la educación, el llamado a paro nacional de la CUT para abril, y la venida entre ambas fechas de Bolsonaro, la discusión sobre qué perspectivas deben tomar los movimientos sociales debe ser urgentemente tomada por los grandes gremios y grandes organismos de representación, ya que, o éstos se proponen caminos hacia la ruptura con los empresarios y la derecha definitivos, o terminarán siendo cooptados por las agendas de los diferentes ministerios de gobiernos conservadores y empresariales que no llevan más que a profundizar las crisis de la educación y salud, negar a las mujeres y diversidad demandas mínimas como el aborto legal, y a condiciones laborales que cargan sobre los hombros de los sectores más precarizados, la crisis económica de los empresarios.
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