Derechos Humanos. A 25 años del Informe Rettig

El triunfo de Patricio Aylwin en las elecciones presidenciales de 1989 generó expectativas en amplios sectores de la población, las que vieron la posibilidad de terminar con diecisiete de dictadura cívico-militar, luego de la derrota sufrida en las movilizaciones de mediados de los ochenta, y de los inicios del pacto entre militares, partidos políticos y empresarios, que desembocaron en la transición.

La Concertación prometía en su programa avanzar en el camino de la verdad y la justicia; sin embargo la realidad es que aceptaba las reglas de la transición pactada y la institucionalidad impuesta por la dictadura: Constitución del 80, senadores designados y vitalicios, sistema binominal, leyes de amarre, Ley de Amnistía, entre otras. La lucha por la verdad y la justicia se transformó en la política de “justicia en la medida de lo posible” y la reconciliación nacional. Es que la transición tuvo como fundamentos la impunidad y la continuidad de las políticas neoliberales de la privatización, la mercantilización de la salud, las pensiones y la educación, la precarización del trabajo, la destrucción de las organizaciones sindicales y sociales y el autoritarismo, dando paso a un régimen político que se caracterizó -salvo algunas reformas cosméticas- por la mantener la herencia de la dictadura.

Sin embargo a pesar de las políticas de impunidad y reconciliación, del llamado a “dar vuelta la hoja” y mirar hacia el futuro, la problemática de los derechos humanos y la falta de justicia asociados a la transición, se mantuvieron como problemas relevantes durante los cuatro gobiernos concertacionistas, motorizados por las luchas que los organismos de derechos humanos y otros sectores de la población impulsaron para impedir que los anhelos de verdad y justicia fueran olvidados, como también porque la disputa democracia/dictadura articuló el régimen político que se constituyó en Chile a la caída de la dictadura.

La transición pactada como pilar de la democracia concertacionista-pinochetista

La transición pactada a la democracia se construyó sobre el edificio institucional que la dictadura erigió para garantizar la continuidad del modelo económico, político y social neoliberal. Se trataba de garantizar una democracia tutelada o protegida, un régimen antidemocrático construido desde la lógica de la Constitución del 80 y el sistema binominal, con los senadores designados por Pinochet que garantizaban la continuación de sus políticas y unas fuerzas armadas que se arrogaban el papel de “garantes del orden” con un alto grado de autonomía y una alta representación en el Consejo de Seguridad Nacional; Pinochet quedaba al frente del ejército durante ocho años, tras los que asumiría como senador vitalicio. La reforma a la constitución era prácticamente imposible, siendo necesarios más de dos tercios de los votos para cualquier cambio.La Concertación aceptó esta institucionalidad y la mantuvo en sus aspectos fundamentales, aun cuando proponía algunas reformas que no cuestionaron el modelo en su conjunto.

En 1987 Aylwin delineaba su posición respecto a la “salida” de la dictadura, señalando que era necesario “lograr una salida democrática, pacífica, concertada, respaldada por la voluntad popular”, pero también “crear las condiciones para que las Fuerzas Armadas y de Carabineros abandonen el poder preservando su dignidad institucional, sin actitudes de venganza, reafirmando su rol de defensa de la soberanía nacional” (1); su visión respecto a la Constitución del 80 no era muy diferente, poco tiempo después de las primeras masivas protestas nacionales que comenzaron a enfrentar a la dictadura pinochetista, el presidente de la DC diría que cuestionar esta Constitución no era una “cuestión de principios”, había que “eludir” por tanto el tema de su legitimidad para actuar dentro de los márgenes que la Constitución” (2). Tras el triunfo del No se hicieron algunas sucintas reformas, como la derogación del artículo que facultaba al presidente para disolver la Cámara de Diputados, aumentar el número de senadores y derogar el artículo 8vo. para promover un mayor pluralismo; dejando temas fundamentales como la ley de amnistía.

Según Manuel Antonio Garretón y otros intelectuales de la Concertación, la transición chilena era “incompleta”, por lo tanto de lo que se trataba era de eliminar los “enclaves autoritarios heredados” (3); sin embargo en 1992, el mensaje presidencial de Aylwin daba la transición por terminada. La imagen de Pinochet entregando la banda presidencial a Aylwin simboliza esta transferencia ordenada y pacífica.
El programa de gobierno de Aylwin proponía la “plena democratización” política, respecto y promoción de los derechos humanos y verdad y justicia (sin plantear la derogación de la Ley de Amnistía), reforma en el Poder judicial y a la Ley Antiterrorista, democratización y descentralización política; en lo económico, un principio de “equidad” y “justicia social”, donde el Estado promueva el “crecimiento” y la modernización, avanzando hacia relaciones de diálogo entre trabajadores y empresarios, la “eliminación del desempleo y la extrema pobreza”, entre otros aspectos (4).

Era un programa que no cuestionaba el modelo económico neoliberal impuesto en dictadura, simplemente proponía crecimiento con equidad; aceptaba la democracia protegida y la llamada obra económica de la dictadura nunca fue puesta en duda, de hecho Andrés Zaldívar señalaba “sin peros de ningún tipo que la “herencia positiva” de Pinochet “fue la transformación económica” (5). De este modo se instalaba el modelo pinochetista-concertacionista que duraría veinte años.

Las políticas de la impunidad en la transición: justicia en la medida de lo posible y reconciliación

La Concertación consolidó la impunidad, en lugar de la verdad y la justicia. No podía ser de otro modo, si habían aceptado la institucionalidad que la dictadura había construido, con un régimen democrático autoritario, que buscaba preservar los fundamentos del modelo económico y social neoliberal y, se asentaba en la idea de la reconciliación nacional.

El Programa de Gobierno de la Concertación era claro respecto a los derechos humanos: si bien se anunciaba la búsqueda de la verdad “en los casos de violaciones de derechos humanos que hayan ocurrido a partir del once de septiembre de 1973” (6), la justicia se procuraría “de acuerdo a la ley penal vigente”, respecto de la Ley de Amnistía el programa anunciaba que no sería impedimento para establecer la verdad e investigar y proponía su derogación o nulidad; la reparación era fundamental como también la reconciliación; se buscaba preservar a las fuerzas armadas estableciendo “el principio general de derecho en virtud del cual la responsabilidad penal es personal y, por tanto, no se perseguirá la responsabilidad de las instituciones a las que hubieren pertenecido los eventuales culpables” (7); se consideraba como atenuantes a aquellos que aunque tuvieran responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos colaboraran con la justicia.

En la lógica de la democracia de los consensos el objetivo del gobierno de Aylwin era la recomposición de la nación, la propuesta de la unidad y la reconciliación.

La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión Rettig por el nombre del abogado radical que presidió la comisión, Raúl Rettig Guissen, tendría como objetivo la búsqueda de la verdad con el fin de la reconciliación; esto facilitaría las medidas de reparación y la posibilidad de la justicia, aunque esta última quedaba como una posibilidad lejana. En esta comisión participaron diferentes personalidades, como el historiador Gonzalo Vial, férreo defensor de la dictadura militar pinochetista. Su objetivo era conocer el destino de los “detenidos desaparecidos, ejecutados, y secuestros y atentados contra la vida de las personas cometidos por motivos políticos” (8); dejando fuera a los que sufrieron tortura, relegamiento, expulsión del trabajo o el país. A pesar de lo limitado del informe, el sólo anuncio de Aylwin despertó la ira de los militares y sectores de la derecha que salieron a atacar la constitución de la Comisión, a defender la Ley de Amnistía y la obra de la dictadura.

En marzo de 1991 el presidente Aylwin da a conocer los resultados del Informe Rettig, reconociendo la existencia de 2.279 casos de detenidos desaparecidos y ejecutados, como también poco más de seiscientos que no fueron considerados; en cadena nacional, pidió perdón a los afectados y reconoce las responsabilidades del Estado, proponiendo una serie de medidas de reparación.

Sin embargo, la lógica que subyacía al Informe Rettig era considerar que la responsabilidad del golpe se debió a “la situación anterior al 11 de septiembre de 1973, y sus consecuencias”, que “pusieron objetivamente en riesgo los derechos humanos e hicieron más probables sus transgresiones” (9); acusaba una responsabilidad moral del Estado respecto a sus agentes, señalando que salvo responsabilidades civiles “los demás tipos de responsabilidad (penal, administrativa, política) por lo general afectan sólo a personas naturales” (10); es decir, la misma política que se planteaba en el programa de la Concertación respecto a las responsabilidades individuales y no institucionales de las FFAA. Además, el Informe incorporó entre las formas de violación a los derechos humanos a los detenidos desaparecidos, ejecuciones, uso indebido de la fuerza, abuso de poder, tortura y actos terroristas; esto último para incluir a las fuerzas armadas y para justificar la idea de la guerra o enfrentamiento entre dos bandos, una especie de “teoría de los dos demonios” para justificar y legitimar el golpe de Estado, atribuyendo la culpa a las “divisiones” del pasado, al antagonismo social, la intransigencia de los partidos políticos y argumentos similares. Había que reescribir la historia para impedir que se cuestionara el nuevo orden político, económico y social, acusando a las divisiones del pasado y el enfrentamiento de ser responsables del golpe.

La Comisión que trabajó en el Informe Rettig realizó varias propuestas de reparación legal, administrativa, simbólica y de prevención, se entendía que para reconciliarse había que conocer los hechos y reparar a los afectados. La idea del nunca más se refería a “no llegar de nuevo a la nefasta insensatez de resolver problemas políticos por el camino del homicidio, la tortura y el odio” (11); se buscaba equiparar las responsabilidades, legitimando o justificando el golpe e igualando el terrorismo de Estado con las muertes de algunos miembros de las fuerzas armadas.

El informe Rettig generó un gran debate nacional que manifestó las verdaderas posiciones políticas de cada institución y partido. Para los militares y la derecha se trató de una defensa acérrima de la dictadura, la justificación de la represión y la política de la impunidad. El Ejército señalaba que el informe contenía una “infundada verdad”, señalaban que en 1973 la UP quería “materializar la guerra civil”, lo que fue impedido por las fuerzas armadas; este “enemigo interno” persistió en su lucha mediante la “guerra subversiva” y terrorista. La represión era justificada y necesaria. Por otro lado señalan que la verdadera reconciliación y el nunca más sólo serán efectivos si no vuelven a haber proyectos como los que llevaron al golpe; es decir que los trabajadores y el pueblo cuestionaran el capitalismo, la propiedad privada y a los empresarios. Finalmente señalan provocadoramente que “el Ejército no acepta asumir responsabilidades” ni ser “situado ante la ciudadanía en el banquillo de los acusados” (12), restando además toda validez histórica y jurídica al Informe. Similar era la respuesta de la Fuerza Aérea (13), la Armada (14) y Carabineros; esta institución aclaraba que no aceptaría “el prejuzgamiento individual ni colectivo de su personal” y se pronunciaba a favor de las palabras de Aylwin, de hacer “lo necesario” (15) para la reconciliación, la paz y el progreso.

Las palabras de las fuerzas armadas muestran los verdaderos alcances de la política de la transición y los acuerdos entre la concertación, la derecha y los militares respecto a los derechos humanos: la imposición de la impunidad, la defensa incondicional de la dictadura, la justificación de la represión, la amenaza incluso a la posibilidad de abrir investigaciones o juicios respecto a lo sucedido en esos años.

El gobierno de Aylwin y la concertación readecuaron su política hasta llegar a la idea de la justicia en la medida de lo posible, “era imposible hablar de una sola verdad. La imposibilidad de alcanzar compromisos generales llevó al gobierno a establecer acuerdos particulares en temas menos conflicticos” (16). Claramente para conocer la verdad de la represión y alcanzar la justicia había que enfrentar la política de la reconciliación, pero esto significaba una política que se enfrentara al conjunto de la herencia de la dictadura, porque las violaciones a los derechos humanos no fueron producto de una “guerra”, como justificaba la derecha y las fuerzas armadas, sino del golpe antiobrero y antipopular, que implementó un sistema económico y social neoliberal, que buscó destruir las organizaciones políticas, sindicales, sociales, populares y estudiantiles, que atacó los derechos sociales y políticos que durante décadas se habían conseguido con importantes luchas, entre otros aspectos.
Pero incluso estos tímidos intentos de conocer la verdad y avanzar parcialmente en la investigación judicial generarían consecuencias. El 19 de diciembre de 1990 Pinochet ordena el acuartelamiento del Ejército, según explicaría el Ministro de Defensa de Aylwin, Patricio Rojas, se trataba sólo de un “ejercicio de enlace y alistamiento”. La realidad es que fue una amenaza de Pinochet para impedir que se investigara los cheques a nombre de su hijo. Algo similar ocurrió el 28 de mayo de 1993, cuando decenas de soldados se ubicaron en el centro de Santiago con trajes de combate, el “boinazo” remeció nuevamente las relaciones gobierno-militares. La Concertación una vez más privilegia la impunidad y archiva el caso.

La transición había cumplido sus objetivos: el traspaso ordenado del poder militar al civil, el establecimiento de una democracia autoritaria y protegida, la institución militar como garante, el mantenimiento del modelo económico neoliberal y la impunidad e intentos de reconciliación nacional. Sin embargo, la problemática de los derechos humanos reaparecería una y otra vez bajo los gobiernos de la concertación.

1. Retamal Ávila, J. (1990). Aylwin: la palabra de un demócrata. Santiago de Chile. Planeta. P. 335
2. Godoy Arcaya, Ó. (1999). La Transición chilena a la Democracia Pactada. En: Revista Centro de Estudios Públicos, N° 74. Otoño 1999. Santiago. CEP. P. 90
3. Garretón, M. A. (1995) Transición incompleta y régimen consolidado. Las paradojas de la democratización chilena. En: Revista de Ciencia Política, Santiago de Chile, v. XVI, n. 1-2, 1995. P. 22
4. Programa de Gobierno. Concertación de Partidos por la Democracia. Documentos: La Época. Julio. 1989
5. Fazio, Hugo. (1996). El programa abandonado. Balance económico social del gobierno de Aylwin, Santiago de Chile. LOM Ediciones. P. 25
6. Programa de Gobierno. concertación de Partidos por la Democracia. Documentos: La Época. Julio. 1989
7. Ídem
8. Loveman, Brian y Lira, Elizabeth. (2002). El Espejismo de la reconciliación política. Santiago de Chile. LOM Ediciones. P. 517
9. Lira, Elizabeth, Loveman, Brian, Mifsud T., Salvat P. Salvat, P. (2001). Historia, política y ética de la verdad en Chile, 1891-2001. Reflexiones sobre la paz social y la impunidad Santiago. Santiago. LOM Ediciones, Univ. Alberto Hurtado. P. 157
10. Ídem, p. 158
11. Ídem, p. 161
12. Respuesta del Ejército al Informe Rettig. Marzo de 1991. Disponible en internet en: www.archivochile.com
13. Respuesta de la Fuerza Aérea al Informe Rettig. Marzo de 1991. Disponible en internet en: www.archivochile.com
14. Respuesta de la Armada al Informe Rettig. Marzo de 1991. Disponible en internet en: www.archivochile.com
15. Respuesta de Carabineros al Informe Rettig. Marzo de 1991. Disponible en internet en: www.archivochile.com
16. Drake, P., Jaksic, I. (complicadores). (2002). El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa. Santiago de Chile. LOM Ediciones. P. 204