El 11 de marzo de 1990 Augusto Pinochet Ugarte hizo entrega de la banda presidencial a Patricio Aylwin Azócar, candidato triunfante de la Concertación de Partidos por la Democracia. Este conglomerado político estuvo compuesto principalmente por: la Democracia Cristiana (DC), el Partido Socialista (PS), el Partido Por la Democracia (PPD) y el Partido Radical Social Demócrata (PRSD).

Vicente Mellado Licenciado en Historia. Universidad de Chile. Magíster © en Ciencias Sociales, mención Sociología de la Modernización. Universidad de Chile
Miércoles 11 de marzo de 2015
Después de 17 años de la Dictadura Militar de Pinochet, retornó la ilusión de millones de personas, en particular trabajadores, estudiantes y pobladores, de obtener sus demandas postergadas por el dictador. Los trabajadores organizados exigieron el fortalecimiento de los sindicatos, negociación colectiva por rama, el fin del reemplazo de trabajadores en huelga. Los estudiantes secundarios demandaron el fin a la municipalización de la educación pública y el mejoramiento de la calidad de ésta. Por su parte, los universitarios solicitaron la derogación de los decretos impuestos en Dictadura, que cercenaron la participación estudiantil y de los trabajadores públicos en el gobierno de las universidades. Los pobladores exigieron la rápida ejecución de subsidios para la obtención de vivienda. Sin embargo, las demandas no se cumplieron.
El programa laboral de la Concertación para las elecciones de diciembre de 1989 contempló como algunos de sus puntos más importantes: 1) el reconocimiento que sólo las organizaciones sindicales (sindicatos, federaciones y confederaciones) fuesen contrapartes de los convenios y contratos colectivos; 2) reconocimiento a las federaciones y confederaciones del derecho a suscribir convenios y, contratos colectivos; 3) el contrato colectivo tendría como partes exclusivas al empleador y las organizaciones sindicales; 4) regulación y protección eficaz a la situación de trabajadores cuyas faenas no son permanentes, tales como los contratados a plazo fijo; 5) que la empresa en huelga legal efectiva no pudiera contratar reemplazantes; 6) Suprimir la prohibición de negociar más allá de la empresa, de modo que se permitiría la negociación y la suscripción de convenios entre varios empleadores y las diversas organizaciones sindicales asociadas en federaciones, confederaciones o grupos de sindicatos, de acuerdo con las normas que fijaría la ley. Esto en la práctica era permitir la negociación colectiva por rama económica. ¿Se cumplió el programa? No.
Durante 25 años, los trabajadores solamente pudieron negociar colectivamente en las cuatro paredes de la empresa. La tasa de sindicalización disminuyó gradualmente de 19% en 1992 a un paupérrimo 12% para el año 2000 . Actualmente, la tasa de sindicalización bordea el 14%, siendo muy débil en el sector privado. El poder de los trabajadores se debilitó en la negociación colectiva y el derecho humano de ejercer la huelga desapareció hasta la actualidad. Durante 25 años los empresarios reemplazaron trabajadores desde el primer día en las denominadas “huelgas legales”. Ni hablar de las catalogadas “ilegales”. De este modo, las empresas, en particular las más grandes, lograron un aumento sin precedentes de sus ganancias, extendiendo la brecha económica entre el 20% más rico y el 20% más pobre de la sociedad chilena.
La educación pública y la participación estudiantil en el gobierno universitario siguieron una tendencia similar a lo ocurrido con los trabajadores. Los colegios públicos representaron el 78% de la matrícula en 1981. En 1990 la cifra disminuyó a 59%, en 2003 a un 51% y en el año 2014 la cifra fue calculada en un 39% . Por el contrario, el único ganador en la educación secundaria fueron los empresarios de la educación, que aumentaron sus establecimientos privados, subvencionados por el Estado, a un 51% del total de los matriculados en 2014. Conclusión: la educación pública en Chile se transformó en la última esperanza del 20% más pobre del país para obtener el mínimo de requisito educacional que hoy en día exige el mercado laboral. Exceptuando los contados liceos emblemáticos del país, la educación municipal en Chile se ha transformado en la gran formadora de mano de obra barata para el país.
Hoy, año 2015, los estudiantes universitarios y los funcionarios de dichos establecimientos tienen prohibido, por decretos vigentes desde la Dictadura Militar, participar de la elección de las autoridades universitarias. Han pasado 25 años, y todavía los rectores son electos por una casta privilegiada de académicos, que actúan tal cual lo hace el Senado oligárquico de nuestra República. El rector y los patricios son los que toman las decisiones de las universidades públicas. Y en las universidades privadas son los directorios de los grandes conglomerados económicos. La relación entre militantes de los partidos de la Concertación y el negocio de la educación universitaria ha sido más que comprobado .
El problema de la vivienda en Chile tampoco está resuelto. Si no hubiese sido por la tremenda movilización de los pobladores en la comuna de Peñalolén que dieron nacimiento al campamento Esperanza Andina en 1992 y a la “Toma de Peñalolén” en 1999, la Concertación no habría acelerado la entrega de subsidios para la obtención de vivienda. Después del terremoto de febrero de 2010, son cientos de miles las familias en el Sur de Chile que todavía no reciben soluciones habitacionales reales. El gobierno de Piñera (2010-2014) mantuvo la línea del gobierno concertacionista saliente (Michelle Bachelet), entregando mediaguas, poco espaciosas, lúgubres y que perpetuaron el hacinamiento. Además, la entrega de viviendas para las familias obreras y populares son en los rincones geográficos más apartados de los lugares de trabajo, profundizando el estrés, empeorando la calidad de vida, que en la ciudad de Santiago llega a niveles insostenibles.
Basta subirse al Transantiago y al metro un día de la semana, en cualquier parte de la zona sur de la capital chilena, para ver los rostros de cansancio y agotamiento de los trabajadores, estudiantes, y particularmente las madres obreras que deben cruzar toda la ciudad para llegar a su lugar de trabajo, en las comunas céntricas y de mayores ingresos de la capital.
Durante 25 años la Concertación de Partidos por la Democracia se dedicó a profundizar y afianzar la estructura social, económica y política de la Dictadura Militar. Cuando pudieron llevar adelante cambios en materia laboral, previsional, de salud y educación se negaron a hacerlo. Recordemos que la Concertación obtuvo mayoría parlamentaria en las dos cámaras entre agosto de 2000 y marzo de 2002 (gobierno de Ricardo Lagos) y entre el 2006 y 2008 (primer gobierno de Bachelet). Dijeron que la Derecha no les dejaba legislar. Falso. Ellos legislaron junto a la Derecha y dejaron el legado de Pinochet intacto. No hay nada que conmemorar ni sentirse orgulloso. El traspaso de mando acontecido el 11 de marzo de 1990 no fue más que un engaño a la mayoría trabajadora y popular de Chile.

Vicente Mellado
Licenciado en Historia. Universidad de Chile. Magíster © en Ciencias Sociales, mención Sociología de la Modernización. Universidad de Chile