Efemérides. A 29 años de la Masacre de Wilde y una tardía condena a los policías asesinos

El 10 de enero de 1994, la "Mejor Policía del mundo" -como la denominó el entonces gobernador Eduardo Duhalde pocos tiempo antes de la masacre-, a media mañana de aquel día, una patota de la peligrosísima Brigada de Lanús provocó un "sismo" en las calles de Wilde. Tiros, frenos y sirenas invadieron el silencio del día. Un Dodge 1500 amarillo y un Peugeot 505 gris oscuro habían sido interceptados, después de una persecución, por cinco móviles no identificables de la Brigada.

El resultado del ataque fue inmediato. El Peugeot recibió 40 orificios de bala y otros tanto el Dodge.{{}} En total se peritaron entre 240 y 270 disparos en esa masacre. Los únicos que dispararon fueron los atacantes, las víctimas no estaban armadas.

Los policías no tardaron en darse cuenta que se "equivocaron" de autos. El Dodge y el Peugeot que acribillaron eran similar a los que perseguían. Pero la maldita policía no dudo en disparar, acribillar, a los integrantes de ambos autos. El Dodge lo manejaba Claudio Díaz y su acompañante era Edgardo Cicutín. Ambos vendían libros por cuenta de una editorial porteña. El primero salió ileso, pero Cicuttín murió. En el Peugeot gris yacía el remisero Norberto Corbo junto a dos pasajeros: Claudio Mendoza y Enrique Bielsa.

Los familiares de las víctimas, junto con Díaz, denunciaron persistentemente que los tripulantes de ambos autos fueron asesinadas con alevosía.

Casi treinta años de impunidad

Once uniformados fueron los responsables de acribillar a los dos autos. Dos de ellos murieron impunes. Otro, el exsubteniente Marciano González, sufrió un ACV en 2021 y quedó fuera del proceso por incapacidad mental.

El 19 de diciembre de 2022, los siete restantes fueron juzgados por los delitos de “cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa”.

El Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Lomas de Zamora condenó a los excomisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez, al exsubteniente Pablo Dudek, a los exoficiales Julio Gatto, Marcelo Valenga y Osvaldo Lorenzón y al excabo Marcos Rodríguez al considerarlos coautores de “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado, cuatro hechos y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas un hecho en grado en tentativa todos en concurso real entre sí”.

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Pasaron casi 30 años de impunidad hasta que se conquistó la sentencia -que el Tribunal acepto que esta que quede firme los condenados gozaran de la libertad-.
Como escribió Daniel Satur en La Izquierda Diario: "En un principio, ante la conmoción del hecho, los policías fueron detenidos. Pero al poco tiempo la Cámara de Apelaciones y Garantías de Avellaneda los sobreseyó y dejó en libertad. Tras las apelaciones de las familias de las víctimas, en 2003 y luego en 2007 los asesinos fueron nuevamente sobreseídos hasta que la causa llegó a la Suprema Corte de Justicia bonaerense. En 2014, veinte años después de los hechos, el máximo tribunal judicial de la provincia revocó los sobreseimientos y ordenó reabrir el expediente".

La impunidad otorgada a los uniformados, desde mediados de los 90 a esta parte, como ocurre en la casi totalidad de los casos de gatillo fácil y otros tipos de crímenes cometidos por las fuerzas represivas del Estado, habilita el avance del gatillo fácil y la violencia policial en las calles y en las comisarías a lo largo de las décadas. La impunidad, en última instancia, es un aval de las distintas instituciones del Estado para que estás prácticas aberrantes, al margen de la ley y "dentro de la ley" instituida de la que se sirven los distintos gobiernos para el control social, continúen sucediendo.

Como en todos estos casos, la impunidad se interrumpe solo con la persistente lucha y movilización de familiares de las víctimas, junto a otras organizaciones que acompañan y potencian el reclamo de justicia.