Semana Santa. A 35 años del primer levantamiento carapintada y del "Felices Pascuas, la casa está en orden"

El levantamiento carapintada comenzó el 16 de abril, jueves de Semana Santa. El mayor Ernesto “Nabo” Barreiro, un genocida que actuó en el Centro Clandestino de la Perla -el más grande de Córdoba-, dio la voz de mando.

La crisis se inicia el 14 de abril de 1987, cuando Barreiro se niega a presentarse ante la justicia. Esto fue acompañado por la sublevación de la guarnición del Tercer Cuerpo de Ejército en Córdoba. Sin embargo, el núcleo de la rebelión se trasladó a Campo de Mayo donde Aldo Rico se convirtió en el portavoz de los carapintadas. Este levantamiento militar provocó una crisis política que desató la movilización popular que apuntó contra las Fuerzas Armadas y puso en cuestión la “primavera democrática” alfonsinista.

En la Ciudad de Buenos Aires, las movilizaciones fueron creciendo desde el Jueves Santo hasta llegar al Domingo de Pascuas. Miles se manifestaron en las puertas de Campo de Mayo al canto de “si se atreven, les quemamos los cuarteles”.

En tanto, el jefe de las “tropas leales”, el general Ernesto Alais, demoró su llegada a Campo de Mayo. Se detuvo en Zárate para garantizar las acciones de los jefes de la sublevación. Años más tarde, Alais fue condenado por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura militar.

Los “restos” del Partido Militar reclamaba mayor impunidad de la obtenida hasta ese momento por el gobierno de Raúl Alfonsín. Habían logrado que se redujeran las condenas a la cúpula militar procesadas en el Juicio a las Juntas. También, la promulgación de la Ley 23.492 de Punto Final, que establecía el fin de los juicios a todos aquellos que, a excepción de los responsables de secuestros de recién nacidos, no fueran llamados a declarar "antes de los sesenta días corridos” a partir de la fecha de su promulgación.

La avalancha de denuncias presentadas por sobrevivientes y familiares de los desaparecidos contra oficiales de alto mando y militares genocidas, provocó este primer levantamiento carapintada en búsqueda del fin de los juicios contra los militares por los crímenes que cometieron durante la última dictadura.

Una santa alianza en defensa de las Fuerzas Armadas

Ante la extorsión de los carapintadas, el radicalismo optó por el camino de pactar con los militares y desmovilizar a amplios sectores populares que querían pelear contra el levantamiento. El gobierno de Alfonsín no estuvo solo. El Partido Justicialista y la CGT jugaron su rol infame. La CGT convocó a un paro general, recién para el lunes siguiente, cuando estaba planteado -las movilizaciones en todo el país lo demostraba-, llamar a la huelga general desde el mismo momento del alzamiento. Esto podría haber derrotado a los carapintadas y a los militares que secretamente los secundaban. “Nadie me reprimió porque tenía el apoyo de todas las fuerzas armadas”, sigue afirmando Aldo Rico.

Finalmente, el Domingo de Pascuas, Alfonsín se traslada a Campo de Mayo y pacta con los amotinados mayor impunidad. Cuando regresa, desde el balcón de la Casa Rosada, rodeado por dirigentes de su partido y de la oposición se dirige a los manifestantes y pronuncia un discurso en el que llamó “héroes de Malvinas a los sublevados”. Además, sostuvo: “Para evitar derramamientos de sangre di instrucciones a los mandos del Ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos dar todos gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Le pido al pueblo que ha ingresado a la Plaza de Mayo que vuelva a sus casas a besar a sus hijos y a celebrar las Pascuas en paz en la Argentina”.

La CGT, los dirigentes empresarios, la UCR, el peronismo, el Partido Comunista y la mayoría de los partidos políticos del régimen firmaron el Acta del Compromiso Democrático, donde se concede el reclamo carapintada: “el debido reconocimiento de los niveles de responsabilidad de las conductas y hechos del pasado”. El acuerdo contaba con el apoyo de la Iglesia. No firmaron el acta el viejo MAS, el Partido Obrero y las Madres de Plaza de Mayo, que denunciaron la capitulación.

El acta fue presentada como una victoria de la democracia, gracias al apoyo que recibió Alfonsín para desmovilizar a los manifestantes y pactar con los militares. Este antecedente facilitó la votación, en junio de ese año, de la ley de Obediencia Debida, que garantizaba la impunidad de la mayoría de los represores, los exculpaba bajo el nefasto discurso de “haber obrado en estado de coerción bajo subordinación a la autoridad superior y en cumplimiento de órdenes de sus superiores”.

Desde entonces, el radicalismo y todos los garantes de este pacto justifican haber firmado el acta acuerdo, para evitar un nuevo golpe militar. Cínicamente, a pesar de las inmensas movilizaciones, sostuvieron que no había fuerza en la sociedad para detenerlo.

Pero el viejo Partido Militar estaba muy debilitado. Por un lado, las masas lo repudiaban por los crímenes genocidas y la capitulación en la Guerra de Malvinas. Por otro lado, el imperialismo yanqui -a quien siempre sirvieron los militares- le retiró el apoyo por haber “osado” enfrentar al imperialismo inglés. No esperaban eso de las Fuerzas Armadas de un país semicolonial, sino la más absoluta subordinación.

Entre las movilizaciones populares y las necesidades del Estado

Desde 1983 la democracia burguesa argentina buscó un pacto de impunidad que permitiera recomponer el brazo armado del Estado, concediendo a la persistente movilización popular llevar a la cárcel a algunos jerarcas genocidas.

Juicios, indultos, anulación de las leyes de impunidad

El gobierno radical impulsó la Comisión nacional sobre la desaparición de personas (Conadep) -que recogió las denuncias de los vejámenes y desapariciones-, estableció la teoría de los dos demonios como base de legitimación de la democracia burguesa argentina, igualando la violencia del terrorismo de Estado con la violencia popular y de las organizaciones guerrilleras. Juzgó a los comandantes en jefe de las tres Juntas militares, dejando en libertad a miles de genocidas. Además, acordó con el Partido Justicialista, a cambio de gobernabilidad, la impunidad de los crímenes de la Triple A. Luego vendrán las leyes de impunidad que mencionamos, las cuales le fueron insuficiente a los militares, que realizaron otros tres levantamientos carapintada.

Cuando en 1989 asume Carlos Menem la presidencia, el conflicto con los militares persistía. Para intentar subordinarlos políticamente negoció con las cúpulas, a cambio de lealtad. Entre el 7 de octubre de 1989 y el 29 de diciembre de 1990 firmó los decretos de indultos a los condenados y detenidos por terrorismo de estado -que no habían sido beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida-, satisfaciendo la principal demanda política que dio origen al levantamiento carapintada de Semana Santa de 1987. Además, indultó a los partícipes de las rebeliones militares durante el gobierno de Alfonsín; a militantes de Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y a los ex-miembros de la Junta de Comandantes, condenados por los delitos cometidos en la Guerra de Malvinas.

Ante estos decretos, en las calles de todo el país se expresó el repudio. El 9 de septiembre de 1989 se realizó en Capital Federal una inmensa movilización de los organismos de derechos humanos, sectores populares y la izquierda.

Si bien los carapintadas fueron indultados, en noviembre de 1989 el Gobierno decidió quebrar las aspiraciones “nacionalistas” que un sector mantenía. Pasó a retiro a los coroneles Mohamed Alí Seineldín y Aldo Rico, junto con 19 oficiales del Ejército y destituye de los mandos a quienes continuaban simpatizando con las sublevaciones.

Mientras que Rico fundaba el partido político MODIN, Seineldín dejaba el diálogo con el gobierno. El 3 de diciembre de 1990 lideró un nuevo levantamiento contra Menem y la cúpula militar, y ante la inminente llegada del presidente de los Estados Unidos, George Bush, denunció a Menem de proimperialista por apoyar las misiones de la ONU.

Seineldín fue sometido a juicio por el alzamiento y estuvo preso hasta que fue indultado por el presidente Eduardo Duhalde en 2003.

Muchos carapintadas estuvieron o están en la función pública. Aldo Rico fue candidato del MODIN y del peronismo, ganó la intendencia en San Miguel en 1997. En 1999 fue ministro de seguridad de Carlos Ruckauf, en 2008 fue presidente del PJ de San Miguel apoyado por el kirchnerismo. Otro es el elegido de los Kirchner para acompañar su gestión, Sergio Berni, y es el actual ministro de Seguridad del gobierno de Axel Kicillof. Juan José Gómez Centurión fue el hombre de confianza de Macri que pasó por la presidencia del Banco Nación. Ellos, junto a César Milani, exjefe del Ejército del gobierno de Cristina Kirchner, muestran una continuidad ininterrumpida entre las fuerzas represivas que actuaron en los 70 hasta la actualidad. Si muchos no están en función, es porque la biología hizo lo suyo.

El gran logro para el régimen capitalista del gobierno de Menem fue subordinar a las fuerzas armadas y liquidar los restos del Partido Militar. Dividió a las dos alas que hasta Semana Santa actuaba como una corporación: a los “nacionalistas” y los pro imperialistas. Derrotó militarmente a la primera y fortaleció a la segunda, subordinando a las fuerzas castrenses a los dictámenes de las demandas de las Naciones Unidas, enviándolas a misiones de paz de la ONU. En ese marco, potenciado por las constantes muestras de aprobación de los Estados Unidos, nombraran a la Argentina aliada “extra OTAN”.

Si bien este fue un gran logro burgués, el movimiento democrático junto a amplios sectores de la sociedad, siguieron reclamando juicio y castigo a los culpables. Lo que luego de persistentes luchas consiguen que se anulen las leyes de impunidad y los indultos a los militares, y que los crímenes de la dictadura sean tipificados como de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Solo desde esta lucha se explican los juicios contra los genocidas.

Pandemia y fuerzas represivas en Argentina: el caso de las Fuerzas Armadas

En definitiva, las leyes de impunidad, la capitulación en Semana Santa de 1987, los indultos y las detenciones solo de un puñado de los responsables de los crímenes de lesa humanidad, exponen los límites de la política democrática burguesa para resolver el problema del genocidio de clase, porque el Estado capitalista es responsable de estos crímenes contra la clase obrera y el movimiento estudiantil que ganaba en combatividad y cuestionaba el orden imperante al momento del último golpe militar.

Para no olvidar: los políticos radicales y peronistas que formaron parte de la dictadura