Desde inicio de los 90 hasta ahora, los gobiernos de centroizquierda como de la derecha, han aportada en la impunidad de los violadores de DD.HH de la dictadura militar.
Viernes 8 de septiembre de 2017
Estamos ad portas de conmemorar un nuevo 11 de septiembre, fatídica fecha que significó el inicio de la sangrienta dictadura militar de Augusto Pinochet, donde miles de trabajadores, jóvenes, mujeres y militantes de izquierda fueron perseguidos, encarcelados, torturados, asesinados y desaparecidos.
Tras estos hechos actuaron en forma conjunta militares y civiles, varios de los que hoy en día son militantes de partidos de derecha y poderosos empresarios.
Con el fin de la dictadura y el inicio de la transición pactada, surgieron esperanzas de justicia, que los responsables y cómplices de la dictadura serían juzgados. Pero la realidad demostró lo contrario, desde la derecha hasta la Concertación se desarrollaron diferentes artimañas para proteger a los violadores de DD.HH, hasta incluso hoy la llamada “familia militar” tiene un candidato presidencial que personifica la defensa el legado de la dictadura y sus responsables.
El secreto de los testimonios
El 2003, durante el gobierno de Ricardo Lagos, fue creada la Comisión Valech, la cual tenía el objetivo de recabar los testimonios de quienes habían sido víctimas de violaciones a los DD.HH durante la dictadura, quienes no fueron consideradores en el informe de la Comisión Retting. Junto con esto se promulgo la ley que definía diversas formas de reparación para estas personas, como pensiones y becas educativas.
Junto con esta ley, la Concertación también amarró el secreto de los testimonios por un tiempo de 50 años, es decir, que en medio siglo no se conocerían las denuncias y por ello las identidades de quienes ejecutaron detenciones ilegales, torturas y asesinatos quedarían resguardadas.
De esta forma, mientras mostraban una política de reparación con los miles de detenidos y torturados en dictadura, ocultaban una política consciente de defensa a quienes cometieron estos crímenes, permitiendo la impunidad.
El secreto de los testimonios intentó ser modificado el 2016, y como era de esperar la derecha rechazó esta modificación en el parlamento; pero junto a ella también votaron parlamentarios de la Nueva Mayoría. Así es como consagraron la impunidad.
Cárceles de lujo
No obstante lo anterior, algunos miembros de la dictadura fueron juzgados por violaciones a los DD.HH, como es el caso de Manuel “Mamo” Contreras, implicado en el caso Letelier, quien fue declarado culpable en el año 1995, durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle.
Sin embargo, nuevamente la Concertación mostraría su actuar de "falsos amigos del pueblo". Mientras parecía ejercerse un mínimo de justicia se ordenó de la creación de un penal especial para estos reos: el famoso Penal de Punta Peuco. Ubicado en Til Til, este penal exclusivo para juzgados por crímenes de DD.HH, otorga diversos beneficios, transformándose en una cárcel VIP.
No contento con eso, durante el gobierno de Lagos, se abrió otro centro de privilegios para estos militares; el Penal Cordillera.
El candidato de la familia militar
Hoy en pleno ciclo electoral, se ha proclamado como candidato presidencial el ex militante de la UDI, José Antonio Kast, quien desde sus primeras apariciones públicas se ha perfilado como el candidato de la “familia militar”. Defiende abiertamente la dictadura de Pinochet, su familia está ligada a crímenes en dictadura, quiere dar beneficios carcelarios a militares detenidos en Punta Peuco y rechaza el cierre de estos paneles VIP.
Se intenta perfilar como el continuador del legado de Jaime Guzmán, expresando a la derecha más reaccionaria a nivel nacional.
