Una total falta de interés del Ministerio Público para indagar las responsabilidades es lo que alegan las agrupaciones de familiares de los 81 jóvenes reclusos fallecidos. A pesar de las responsabilidades por parte del gobierno y gendarmería todavía existe impunidad.
Jueves 10 de diciembre de 2015
El pasado 8 de diciembre se cumplieron cinco años desde que murieron 81 jóvenes detenidos en la cárcel de San Miguel de Santiago. Un incendio los llevó a la muerte y que según vecinos y familiares se avisó una hora más tarde de iniciado. Los mismos Bomberos informaron que fueron avisados por un llamado anónimo, no uno oficial de Gendarmería. El siniestro perfectamente podría haber sido evitado.
César Pizarro, hermano de un recluso fallecido en el incendio, indicó que la absolución de los gendarmes involucrados y la falta de interés del Ministerio Público por buscar responsabilidades, es una “burla” hacia las familias. “Se siguen burlando de los pobres, se siguen burlando de la gente marginal, de la gente de escasos recursos con esta justicia oscura, que existe nada más para el que tiene un cheque en el bolsillo, pero para la gente pobre, que somos nosotros, que somos las ratas de laboratorio, existen las cárceles, las filas en las encomiendas, el morirse de hambre y el ganar los sueldos mínimos que ellos mismos nos imponen”. A la fecha solo es una la causa que se mantiene vigente en los tribunales chilenos, la que se encuentra en proceso de conciliación con el Consejo de Defensa del Estado.
Al encarcelamiento se suman hacinamiento, miseria, condiciones infrahumanas de vida: una constante violación a los Derechos Humanos
En marzo de 2014 el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó un informe sobre la situación de las cárceles y los presos en nuestro país, denunciando las graves violaciones a los derechos humanos que suceden día a día. En el informe se constata que “el 90% del total de la población penal masculina urbana ha cometido delitos contra la propiedad, la habitualidad en esta clase de delitos es de un 80%. Asimismo, el 98% de los reclusos en unidades penales pertenece a la clase baja y extrema pobreza, tienen bajísimos niveles educacionales y cada vez son personas más jóvenes”.
En nuestro país tenemos 315 prisioneros cada 100.000 habitantes, una de las tasas más altas del mundo (en Estados Unidos, con un problema carcelario grave, son poco más de 150 cada 100 mil). Y así tenemos aproximadamente 50.000 recluidos en 95 cárceles en todo el país. Aquí, el 75% del total de presos cumplen condenas de entre cinco y veinte años (en Alemania, los que cumplen penas largas no pasan del 14%). Aquí, la sobrepoblación es de 155%.
Un ejemplo de esto es que en la ex Penitenciaria habitan alrededor de 5500 personas, bajo el “resguardo” de 400 gendarmes. El hacinamiento en las cárceles es conocido por todas las autoridades. Hay recintos penitenciarios donde la sobre población de reclusos es superior al 400%, como el CDP Peumo, Villarrica con 253%, el CDP Puente Alto con 239%, Buin con 222%. Según cifras de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, en el año 2008 la población penal llegaba a los 48.998 internos, en 2009 ya eran 53.482, y en la actualidad alcanza a las 55 mil personas privadas de libertad, en un país donde la capacidad del sistema penitenciario es para un máximo de 31 mil individuos.
Cárceles para ricos y para pobres en Chile: la justicia a la medida de la casta político empresarial
Estos últimos días hemos visto la lluvia de beneficios judiciales que han tenido los delincuentes de cuello y corbata. Tanto en el caso de los políticos patronales de la derecha como Jovino Novoa quien asumirá la pena en libertad y de manera remitida en su casa sin perder los derechos políticos, como también en el caso de los empresarios Délano, Lavín y Wagner del Caso Penta a quienes se les rebajan las medidas cautelares a pesar de que financian irregularmente las campañas políticas, en donde el Octavo Juzgado de Garantía sustituyó el arresto domiciliario nocturno por firma quincenal y arraigo. Como si esto fuera poco, conocidos son los distintos casos de militares y carabineros de la dictadura condenados por atroces violaciones a los Derechos Humanos a los cuales se les construyen cárceles especiales, como el Centro Penal Peuco, donde estos torturadores y asesinos gozan de una infinidad de privilegios.
Finalmente los que se vislumbra es la responsabilidad del Estado y los gobiernos de turno, que permiten esta impunidad manchada con sangre, que avalan el abuso policial, en las cárceles, en las protestas y en las calles. Todo Chile en su momento vio por los distintos medios cómo los presos de la cárcel San Miguel pidieron ayuda por largo tiempo a los gendarmes, vecinos escucharon los gritos de auxilio y socorro, sin embargo, nadie los ayudó porque al parecer sus vidas no tenían valor alguno. Hoy, a cinco años de la tragedia, exigimos justicia para los familiares de los reclusos fallecidos. Que se condene a los responsables, que se termine con los abusos y torturas en las cárceles, y que se condene sin privilegios a los empresarios, políticos y militares que históricamente han avasallado al pueblo trabajador.
