Elecciones 2024. A 6 años de “progresismo” en México, avatares de la carrera presidencial

Mientras tanto, Movimiento Ciudadano (MC), tras tener que bajar la candidatura de Samuel García, gobernador de Nuevo León, ha definido a Jorge Álvarez Maynez, diputado federal, como su titular. Sin duda, una candidatura que aún puede hacer mella a la debilitada coalición derechista.

México: 6 años de cambio retórica y continuidad de subordinación imperialista

En un escenario totalmente nuevo para el régimen mexicano de la alternancia, una fuerza de oposición centroizquierdista desplazó al PRI de la presidencia, mostrando el hartazgo popular con los partidos tradicionales de la derecha, y abriendo así una gran pugna en “las alturas” por ciertos cambios en las instituciones que anteriormente estaban puestas abiertamente al servicio de los sectores empresariales representados por dichos partidos.

Tras el cierre de la crisis política abierta por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el Morena logró convencer a amplios sectores de masas, de que tras el cese de las masivas movilizaciones, ellos podían resolver las demandas más sentidas por la vía electoral.

En 2015 el fenómeno lopezobradorista ganó un puñado de municipios y diputaciones; para 2018 la marea guinda y sus aliados ganaron 5 gubernaturas, así como la importante cifra de 218 diputados, además de la presidencia, modificando así la relación de fuerzas en la alternancia, cerrando la crisis orgánica del régimen mexicano e iniciando una enorme operación de relegitimación de las instituciones, los tribunales y el ejército, que venían fuertemente cuestionados .

Para 2021 esta relación de fuerzas se consolidó sumando 12 nuevas gubernaturas, -mientras las diputaciones se redujeron-, pero seguía manteniendo la mayoría relativa en el Congreso con 184 diputaciones. A estas fechas tiene bajo su mando 23 de las 32 entidades federativas, siendo la fuerza política con más poder en tres décadas.

Esto ha sucedido con un gobierno que mantiene márgenes de aprobación cercanos al 60%, y que todas las encuestas rumbo a la elección presidencial, desde las más oficialistas hasta las que son directamente hechas por sus críticos, le dan un margen de ventaja cercano a los 30 puntos.

Entre las medidas que más popularidad le acarrearon al gobierno, podemos encontrar el anuncio de dos de los aumentos al salario mínimo más importantes en décadas, la pensión universal para los adultos mayores, el fallo de la Suprema Corte que declaró inconstitucional la penalización del aborto, la promesa de regularizar el outsourcing, e incluso en el movimiento sindical, la intervención estatal para poner en marcha elecciones sindicales para cambiar o ratificar a las direcciones.

Estos cambios se perciben como enormes concesiones, tras décadas de ataques al sistema de pensiones, a los derechos laborales, al sistema de salud público y el poder adquisitivo de las grandes mayorías. Es decir, la fortaleza política de la 4T se sustenta en contraponer sus planes sociales, reformas y retórica “progresista” con el legado neoliberal de gobiernos abiertamente patronales como los del PRI y el PAN, que avanzaron sobre las conquistas sociales cada que quisieron, o cada que el imperialismo estadounidense se los ordenó.

Mientras los planes sociales representan una ayuda económica para los sectores postergados -aunque distan mucho de eliminar la pobreza estructural- reformas como la regulación del outsourcing no han eliminado la precarización laboral que viven millones de trabajadoras y trabajadores de los sectores público y privado en todo el país.

La “austeridad republicana” enarbolada por López Obrador se enfocó en no renovar contratos a muchos trabajadores que con su labor garantizan el funcionamiento de distintas instituciones, mientras los salarios y prestaciones de altos funcionarios -aún con el tope de no exceder el sueldo del mandatario- siguen siendo de privilegio, muy por encima del poder adquisitivo de maestros y personal de enfermería, por ejemplo.

La fortaleza del gobierno se consolidó esencialmente por tres cosas: el importante gasto social que al día de hoy se traduce en cuantiosos programas sociales; los avances macroeconómicos debido a los vientos positivos que favorecen a la moneda mexicana, haciendo que sea la segunda más preciada frente al dólar a nivel internacional; y la confianza del imperialismo en el mercado laboral mexicano tras los acuerdos del T-MEC y la relocalización productiva en América del Norte.

Sin embargo, a pesar del evidente cambio en la política social, lo cierto es que la gran mayoría de la inversión en infraestructura está pensada en hacer a México aún más atractivo para los mercados internacionales y la inversión extranjera, con obras como el Tren Maya, el Tren Transoceánico y la promesa de industrializar el sur del país.

Al mismo tiempo, como clara muestra de subordinación al gobierno de los Estados Unidos, la política migratoria es la más agresiva en décadas con un récord de detenciones en la frontera, y con la Guardia Nacional - profundización de la militarización del país- cumpliendo tareas similares a la Border Patrol en las frontera norte y sur del país

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Estas medidas antimigratorias coexisten con el plan que López Obrador propuso a Biden, entre cuyas medidas se cuentan un plan de desarrollo en el marco del T-MEC, una estrategia para la integración económica en todo el continente y aprobar un presupuesto de 20 mil millones de dólares anuales para apoyar a países pobres de América Latina y el Caribe, es decir, una contención de la crisis migratoria que potencie las ganancias de trasnacionales y el extractivismo a partir de la explotación de la clase trabajadora y el despojo de las comunidades y pueblos originarios.

La crisis de la oposición de derecha y la pelea por ser segunda fuerza

Como ya mencionamos, la coyuntura política está signada por una polarización que enfrenta dos formas de hacer política y de negociar con el imperialismo, y donde el amplio bloque de derecha trata de erosionar la hegemonía del gobierno de AMLO, apoyado en los tendenciosos medios de comunicación y en el poder judicial que actúa como ariete de la derecha para menguar la fortaleza de la 4T, provocando roces con el poder ejecutivo. Pero esto no significa que haya división entre la burguesía por propuestas de modelos económicos distintos, que pueda plantear escenarios de desestabilización.

Por lo que las grandes disputas se han centrado en la pelea con las instituciones del régimen ligadas a los sectores políticos y económicos más conservadores -que acumularon mucho poder político y económico en los últimos años- como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Nacional Electoral (“INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En ese sentido, hay analistas que hablan de un AMLO radicalizado, no en sus posiciones políticas (su carácter es conservador), sino en el plan de reformas que quiere dejar aprobadas antes de terminar su mandato. Así, allanaría el terreno a un virtual gobierno de Claudia Sheinbaum, pensando en la continuidad del progresismo, sin la gran figura que supone Obrador como guía moral y político del movimiento.

Sin embargo, que las campañas hayan iniciado con tanto tiempo de antelación, le ha dado una ventaja enorme al gobierno. Con una serie de golpes habilidosos, el oficialismo mantiene a su candidata casi fuera de cualquier escándalo, mientras que Xóchitl se hunde cada vez más en la impotencia como candidata opositora, a pesar del enorme foco mediático que tiene.

El presidente López Obrador presentó este 5 de febrero un paquete de reformas constitucionales para febrero, y que serán enviadas en el aniversario de la Constitución de 1917, lo que supone un cierre de sexenio fuerte y no en retirada, como algunos otros progresismos en América Latina.

Lo más relevante de este paquete de reformas es la promesa de transformar el sistema de pensiones que fue brutalmente desmantelado en 1997, durante el sexenio de Zedillo, quien privatizó los ahorros de los trabajadores afiliados al IMSS que por aquellos días se estimaba eran 10 millones.

Sin embargo, no planea cambiar el sistema de Afores al reparto solidario. Propone que el Estado el que se encargue de cubrir lo necesario para que se mantenga el salario previo a la jubilación, “para tranquilidad de los empresarios”. Demuestra así que es garante de las ganancias capitalistas, las cuales se nutren también del rendimiento en especulaciones financieras del ahorro para el retiro de millones de trabajadores.

El panorama no pinta sencillo, y no parece que la medida vaya a ser aprobada finalmente por la oposición, ya que Morena y sus aliados no tienen la mayoría calificada para poder aprobar las reformas, pero sí que pueden alimentar la expectativa de que, de conquistar mayoría en ambas cámaras para estas elecciones, estas reformas podrían concretarse en el próximo sexenio. En últimas busca construir la necesidad de llevar adelante el llamado Plan C: que en los comicios de junio gane el Morena la presidencia, en diputados y senadores, para lograr la mayoría calificada en el congreso y que se voten las reformas.

De lograrlo, sería la peor elección de la derecha mexicana en su historia, con un PRI en pleno desmantelamiento, perdiendo figuras históricas y cuadros de décadas, un PRD en vías de extinción sin ningún peso parlamentario o político, y un PAN virtual líder de la coalición que no logra recomponer a sus figuras, ni presentar un proyecto claro que logre cuestionar por derecha al gobierno, sumándole la clara división que tienen entre sí los integrantes de la coalición Fuerza y Corazón X México.

La marea guinda y la necesidad de construir un camino independiente

El gobierno de la 4T busca construir una noción de que se puede “gobernar para ricos y para pobres”, de hecho, busca construir una noción que, bajo la tutela del gobierno, con algunas reformas en las alturas y poniendo a raya a algunos sectores empresariales -sin cuestionar ni tocar sus ganancias millonarias- las vidas de millones puede cambiar de manera sustancial.

Lo cierto es que, hasta el día de hoy, a pesar de los aumentos al salario mínimo, el efecto de la presión inflacionaria de los años pasados y de la depreciación de la moneda, la carestía de la vida no se ha reducido para las mayorías laboriosas.

Y esto sencillamente es porque la 4T no es enemiga de los empresarios y de la gran burguesía, sino que tiene otra manera de gestionar sus negocios, otorgándoles todas las garantías para mantener la paz social, donde los trabajadores aceptan los ritmos de explotación, gracias a la política de contención de las direcciones sindicales, pues perciben un mayor salario pero que, tras años de depreciación, apenas recompone el poder adquisitivo de un sector que no supera los 6 millones de trabajadores.

Esto sin contar una serie de promesas que se han decidido dejar en tintero, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales (igual que quedó legislado hace 107 años), y la entrada de la inversión extranjera, que planea convertir en México en el principal surtidor de EEUU con la política económica del nearshoring.

Mientras que la derecha, que busca erigirse discursivamente como los defensores de la democracia, contra la amenaza “populista” que en su idea representa AMLO, buscan regresar al modelo de entrega total del país al imperialismo.

Es decir que, sin novedad alguna, sería un gobierno que aceleraría la entrega de los recursos naturales y la aniquilación de derechos laborales, además de permitir sin regulación alguna la hiper explotación laboral en México.

Es por ello, que quienes integramos el Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas, consideramos necesario construir una alternativa anticapitalista, con independencia del gobierno, la derecha y los empresarios, que bregue por los derechos y los intereses de la clase trabajadora, la juventud, las mujeres, las disidencias y las comunidades de pueblos originarios, en la perspectiva de la lucha por una sociedad de productores libres asociados.

Opinamos que la única manera de enfrentar a la derecha es movilizadxs y organizadxs en las calles, sin confianza en las leyes y tribunales que siempre han servido a los poderosos, es decir, no solo necesitamos derrotar electoralmente a la vieja política, necesitamos construir organizaciones propias que no escatimen con nuestras demandas, en un partido sin patrones ni charros sindicales, enperspectiva de construir un gobierno de trabajadorxs