Hoy se cumple un nuevo aniversario del Malón de la Paz, donde comunidades kollas de Jujuy y Salta caminaron hasta Buenos Aires para exigir al presidente Perón la restitución de sus tierras ancestrales. Pasaron 74 años y ningún gobierno se las entregó. Hoy el reclamo sigue vigente.
Viernes 15 de mayo de 2020 17:52
Pasaron 74 años del llamado Primer Malón de la Paz y el reclamo de las comunidades originarias por la restitución de sus territorios y la entrega de sus títulos comunitarios sigue vigente. En aquel entonces, un 15 de mayo de 1946, más de 150 integrantes de comunidades kollas de Jujuy y Salta iniciaron una marcha hasta Buenos Aires que duró casi tres meses. El propósito de semejante hito fue la demanda de restitución de sus tierras al primer gobierno de Perón.
El impulso, que dio pie a la marcha, se produjo por el hartazgo de los pueblos indígenas ante el hostigamiento y sometimiento de terratenientes vinculados al poder político, que se hicieron de haciendas expropiando tierras a las comunidades. Además, las expectativas generadas por el triunfo de Juan Domingo Perón (que asumiría días después de que comience la marcha) fueron muchas tras las promesas de una reforma agraria y la expropiación de tierras en la puna para los indígenas.
En esa época, el cobro de arriendos se realizaba, en muchos casos, por la fuerza, cuyo pago tenía que ser además con trabajo de varios integrantes de las familias en ingenios azucareros, como el Ingenio San Martín de El Tabacal, ubicado en Orán, al norte de Salta. Su propietario, el terrateniente Robustiano Patrón Costas, quien fuera candidato a presidente por el Partido Demócrata, y uno de los que también se había apropiado de tierras de los indígenas.
Luego de 81 días de caminata los kollas llegaron a Capital Federal a principios de agosto luego de recorrer más de 2 mil kilómetros. Fueron recibidos por Perón, sus funcionarios y una multitud de personas. La tapa de la Revista Ahora tituló ese día: “¡Por fin los coyas tendrán tierra!, mostrando demagógicamente a Perón con los líderes indígenas. Los kollas fueron paradójicamente alojados durante un mes en el Hotel de los Inmigrantes en el cual fueron custodiados por fuerzas policiales armadas de manera permanente. Sin embargo el reclamo de los indígenas no fue escuchado, ni tuvo respuestas favorables.
A finales de agosto, por orden del Gobierno, las tropas de la Marina de Guerra arremetieron contra los manifestantes que dormían donde estaban alojados. Fueron golpeados y obligados a subirse a un tren que los llevó a Jujuy de madrugada. Los indígenas volvieron a sus territorios luego de ser reprimidos, vigilados por las fuerzas armadas para que nos se bajaran del tren. Las promesas de pronta entrega de sus títulos comunitarios se fueron desvaneciendo con el tiempo y en el aire quedaron las palabras de Perón, que incluso puso en cuestión la representatividad de los indígenas maloneros.
Luego de varios años, Perón decretó dar inicio a la expropiación de las tierras, aunque las mismas nunca fueron expropiadas. La reforma agraria prometida no llegó. Las tierras puneñas pasaron de la órbita privada a la estatal y en algunos casos, hubo entrega de títulos individuales, pero de usufructo por una sola generación.
Segundo Malón de la Paz: el reclamo por las tierras continúa, las promesas perduran
Ya en el siglo 21, doce años después de la reforma de la constitución nacional de 1994 que reconoce derechos de los pueblos indígenas, se desarrolló el Segundo Malón de la Paz en Jujuy. Esta vez unas ciento veinte comunidades de la provincia de Jujuy movilizaron en agosto del año 2006, desde la puna, quebrada y valles hasta el cruce de la ruta 9 y 52 a la altura de la localidad de Purmamarca. El reclamo era el mismo que hace 60 años atrás, y también ante un gobierno peronista (el de Fellner y Kirchner).
Unos mil indígenas en la provincia rechazaron la acción de inconstitucionalidad presentada por el Gobierno provincial contra un fallo judicial -que fue inédito- a favor de las comunidades. El mismo reconocía los derechos de las comunidades indígenas sobre las tierras que ocupan desde tiempos ancestrales e instaba al Gobierno a entregar los títulos de propiedad de las mismas en los próximos 15 meses. La medida contemplaba la entrega de 1,5 millones de hectáreas a comunidades kollas y guaraníes de diez departamentos de Jujuy.
Ante la falta de respuesta los indígenas cortaron las rutas durante varios días hasta tener respuestas del gobernador Fellner e incluso enviaron un escrito al entonces presidente, Néstor Kirchner, para que pueda interferir. La medida fue levantada con la promesa de entrega de 29 títulos comunitarios en el 2006 (un 25% según el gobierno) y el resto durante el 2007, las cuales otra vez quedaron en el aire.
Sin títulos comunitarios de sus tierras, el saqueo y la expulsión de los indígenas persiste
Actualmente autoridades de diversas comunidades originarias de Jujuy afirman que hasta el momento solamente se entregaron alrededor de 50 títulos comunitarios de tierras, habiendo en Jujuy más de 250 comunidades con personería jurídica y más de 300 que se reconocen como tales.
El Programa de Relevamiento Territorial Indígena (ReTeCI) iniciado en el año 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, fue denunciando por las comunidades y sus organizaciones por el bajo nivel de relevamiento y la enorme cantidad de fondos destinados. Esta situación llevó a una tensión constante y conflictos como sucede en Neuquén, Chubut, Río Negro, Formosa, Salta o Jujuy.
La restitución de las tierras ancestrales a las comunidades indígenas de Jujuy sigue siendo un derecho negado por los distintos gobiernos de turno, ya sea por gobiernos radicales/Cambiemos como el de Morales y Macri, pero también por el Gobierno de Alberto Fernández, que asumido desde diciembre, no ha perdido tiempo en dar garantías y apoyo a multinacionales mineras, y sectores del agronegocio, que saquean los bienes naturales en territorio indígena, como se ha visto con el pueblo wichi en Salta o las comunidades de las Salinas en Jujuy.
Estos Gobiernos llevan adelante como política de Estado un modelo de producción extractivista y para ello necesitan de las tierras y territorios de los pueblos originarios para ponerla a disposición del negocio capitalista de las empresas multinacionales y de los terratenientes que suelen ser sus socios.
El saqueo de los bienes naturales y la explotación minera por parte de multinacionales como la suiza Glencore en Compañía Mina El Aguilar, reúne casi 100 mil hectáreas en territorio indígena y avanza la extranjerización de las tierras en esos territorios, como menciona un estudio (((http://www.chequeado.com/investigacion/quienes-son-los-duenos-de-las-tierras-en-la-argentina/))) que da cuenta de que el 26.1 % de las tierras del departamento de Humahuaca son extranjeras, 11.1 % más de lo permitido).
Además de negarles los títulos comunitarios de sus tierras, Gerardo Morales hizo votar en la Legislatura a principios del 2016 la Ley 5915, de Servidumbre, que avasalla el derecho de los pueblos originarios a la consulta libre, previa e informada (garantizada por el Convenio 169 de la OIT, aprobado por la ley 24.071) y del uso y manejo de sus territorios respetando su cultura, modo de vida y producción. Por debajo de las tierras ancestrales pasan gasoductos para generar millones en ganancias de empresarios con el negocio de los servicios esenciales, aunque las familias que viven ahí en su mayoría no cuentan con gas natural.
Se pretende desarrollar la producción de energía solar en esos territorios para que todo se lleven los empresarios chinos y el saqueo de minerales como el litio por parte de multinacionales como Toyota o Mitsubishi, mientras las familias de la puna y la quebrada engrosan las filas de la pobreza. Actualmente existen varios conflictos y denuncias de comunidades originarias, como las de la Cuenca de Salinas Grandes y Guayatayoc,o en La Quiaca Vieja, que visibilizan distintos atropellos del Gobierno, empresarios y terratenientes, sin garantizar si quiera la consulta previa, libre e informada.
La restitución de las tierras comunales y los derechos de los pueblos originarios, son reclamos vigentes
La prórroga de la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (sancionada en el 2006), fue un paso adelante producto de la movilización de los pueblos originarios en octubre del 2017 que finaliza en noviembre del 2021. Sin embargo, la misma no garantiza la entrega de títulos comunitarios, más bien suspende los desalojos en territorios ancestrales ocupados por comunidades indígenas. Hasta el momento se ha sabido muy poco del avance de los relevamientos por parte del Gobierno, peor aún, se han conocido distintos conflictos territoriales, donde es el mismo Gobierno o empresarios quienes avanzan con en intentos de desalojos.
El movimiento obrero jujeño, de las mujeres y la juventud, se nutren de quienes son parte de distintas comunidades indígenas, que levantan reivindicaciones que hacen a los derechos de los pueblos originarios. La restitución de las tierras/territorios y la entrega de títulos comunitarios, como también derechos sociales, económicos y culturales negados por el Estado, hoy son puestos de manifiesto ante la crisis sanitaria por el coronavirus, pero también ante la crisis social y económica.
Estas son algunas claves para poder comprender la importancia de de tomar en nuestras manos estas demandas históricas, como también otras nuevas, en vistas de construir la unidad entre trabajadores y sectores oprimidos contra el capitalismo, para dar una salida a favor de las demandas de las mayorías. Nuestro mejor homenaje a las y los indígenas que dedicaron su vida en la lucha por sus derechos, es plantear la alianza necesaria para su conquista, como también proponerse la conquista de una sociedad donde se termine con la explotación del hombre por el hombre pero también con la opresión de los pueblos.
* Nota escrita en mayo del 2018 y actualizada para la fecha.
