Se cumplen 8 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, donde comenzaron las movilizaciones bajo el grito ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! Hasta el día de hoy sus familias luchan por justicia y el reconocimiento de que #FueElEstado, mientras la impunidad sigue presente.
Lunes 26 de septiembre de 2022
Cada 2 de octubre se realizan históricas movilizaciones para exigir verdad en Ciudad de México, hasta donde viajan estudiantes en conmemoración por la Matanza de Tlatelolco, una masacre perpetrada por militares y el grupo paramilitar “Batallón Olimpia” en 1968 en el marco de movilizaciones estudiantiles en México y donde ya venían de una situación internacional en la que el mundo había visto los acontecimientos del Mayo Francés del 68’.
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Es en este contexto que el 26 de septiembre de 2014, las 16 escuelas Normales que existían en el país se concentrarían en Ayotzinapa para moverse en caravana a la Ciudad de México. Para ello los estudiantes irían a Iguala a conseguir buses para realizar la caravana, como lo hacían durante décadas.
En una operación conjunta entre varias unidades de policía y fuerzas militares, los buses en los que iban los estudiantes fueron baleados, así como los estudiantes mismos. Además los hicieron bajarse de los buses, los subieron a patrullas policiales y atacaron a un bus de futbolistas pensando que también eran parte de los estudiantes que iban a movilizarse, dejando al chofer del bus y a un futbolista de 14 años muertos.
A la luz de los hechos se ha conocido que las fuerzas de seguridad y orden estatales estuvieron en conocimiento de la movilización de los estudiantes en todo momento.
La consigna de que #FueElEstado ahora es reconocida incluso por el gobierno de López Obrador, recién 8 años después de ocurridos los hechos, quien en un informe de 16 puntos reconoció el hecho como un Crimen de Estado, una de las demandas que venían reclamando las familias de los desaparecidos.
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Sin embargo, este reconocimiento formal es completamente insuficiente y no constituye verdad y justicia para las familias de los desaparecidos, quienes, por ejemplo, demandan la “plena disposición para que se abran todos los archivos” y así realizar una investigación exhaustiva, mientras el gobierno de López Obrador busca convencer a la población de que los militares estarían cooperando con la investigación.
Hay un largo listado de altos funcionarios del Estado que siguen impunes, incluido el presidente de ese entonces, Peña Nieto, uno de los autores de la llamada “verdad histórica” impuesta para falsear los hechos que comprometían al Estado en estos crímenes. Y la impunidad presente en estos hechos, así como la de la masacre de Tlatelolco por la que se movilizaban los normalistas de Ayotzinapa, está aún vigente.
