Juan Pablo Jiménez fue un Gran ejemplo de lucha contra las precarias, discriminatorias y desiguales condiciones de los trabajadores subcontratados. A 8 años de su asesinato en impunidad absoluta exigimos que se esclarezca la verdad y exista juicio y castigo para los responsables.
Lunes 22 de febrero de 2021
Juan Pablo era presidente del sindicato n°1 de la empresa contratista Azeta (compañía tercerizada de la empresa en aquel entonces Chilectra), donde trabajó durante 10 años. El 21 de Febrero de 2013 fue asesinado en su lugar de trabajo .
Fue un incansable luchador, y dedicó su vida a denunciar las injusticias y el abuso patronal, particularmente contra la precarización que produce el subcontrato.
En Chile, el 1/3 de la mano de obra nacional se encuentra en situación de subcontratación, regido bajo la normativa laboral de la Ley 20.123, teniendo presencia principal en el sector minero, retail, la banca, portuarios, la industria química farmacéutica, las telecomunicaciones, forestales, del trasporte, la salud y la educación.
Los montajes de caso
A 8 años de la muerte del dirigente sindical aún quedan muchas dudas que resolver en torno a las circunstancias en que recibió el confuso disparo dentro de la empresa Azeta.
El encubrimiento en este caso no se hizo esperar: en un mes las policías ya tenían a un responsable material, nada mas y nada menos que un menor de edad. El sujeto, que en esa fecha tenía 17 años, fue detenido por personal de la PDI y utilizado como "palo blanco" debido a que recibió varios impactos de bala en una riña en las cercanías de donde fue asesinado el Dirigente Sindical.
El menor de edad fue imputado por cuasidelito de homicidio en grado de consumado por la muerte del líder sindical, y por tenencia ilegal de municiones. Se establecía que el día 21 de febrero de 2013 Molina había disparado al aire a un kilómetro de distancia de la empresa Azeta y que ese proyectil, “la bala loca”, había matado al líder sindical. El joven admitía su responsabilidad y lograba así un acuerdo con la Fiscalía que buscaba 540 días de libertad asistida, lo que se daba por cumplida por el año y nueve meses que llevaba la investigación.
Familiares, amigos, sindicatos y la comunidad de san Joaquín, junto a peritos independientes expertos en balística, desde entonces han sostenido una incansable lucha por justicia, convencidos de la intervención intencional de terceros y critican al Ministerio Público por no indagar otras hipótesis que no se refieran a la inconvincente “bala loca”.
Con esto, Juan Pablo Jiménez se convertía en el primer dirigente sindical asesinado en Democracia, como señalaron la abogada y los familiares.
Cuando de denuncias por abuso patronal se trata, en Chile, los únicos que terminan pagando con sus vidas siempre han sido los mismos trabajadores y no los autores materiales, ni intelectuales ni mucho menos políticos. Inevitablemente nos hace recordar al trabajador forestal chileno Rodrigo Alexis Cisterna Fernández, abatido a los 26 años durante una protesta obrera el 3 de mayo de 2007, en la Provincia de Arauco, asesinado por la espalda por miembros de FF.EE.
Hoy mas que nunca necesitamos rescatar el legado de Juan Pablo Jiménez y exigir el fin del subcontrato y derogación de la Ley 20.123, ejecutada por los Gobiernos de la Concertación, y Sebastián Piñera, y la Ex Nueva Mayoría.
