Con esa consigna familiares, amigos, junto a organizaciones de derechos humanos y organizaciones de izquierda, convocan a un festival ante el séptimo aniversario de la desaparición de Luciano Arruga, a manos de la Policía Bonaerense.
Martes 26 de enero de 2016
Un pibe de 16 años que vivía en el barrio 12 de Octubre de Lomas del Mirador, La Matanza. En reiteradas ocasiones recibió “ofertas” por parte de la Policía Bonaerense para salir a robar en zonas que ellos mismos se encargarían de mantener liberadas. El “trato” era que Luciano hiciera el trabajo sucio a cambio de la impunidad y protección policial, bajo la promesa “a vos y a tu familia ya no les va a pasar nada”. Luciano no transó. Por eso, comenzó a ser víctima de amenazas y persecuciones. Fue detenido en el destacamento (ex comisaría 8va) de Lomas del Mirador, dos veces antes de su desaparición, en julio y septiembre de 2008 por razones arbitrarias y allí fue golpeado y torturado. Por estos hechos el policía bonaerense Diego Torales fue condenado, ya que se comprobó que Luciano había sido torturado
A Luciano lo mató la Policía
En la madrugada del 31 de enero de 2009 cuando Luciano salía de su casa fue nuevamente secuestrado por un móvil policial y trasladado al mismo destacamento en el que había estado detenido ilegalmente 4 meses antes. Fue la última vez que se lo vio con vida. Desde entonces estuvo desaparecido, hasta que el 17 de octubre del 2014 encontraron su cuerpo enterrado como “NN” en el cementerio de Chacarita.
Los policías involucrados en su desaparición fueron apartados temporalmente de sus funciones aunque actualmente han sido reincorporados en su totalidad en otras delegaciones municipales por quien fuera ministro de Seguridad de Scioli en la provincia, Alejandro Granados.
Esto muestra que los gobiernos de turno dejan las manos libres a los policías para seguir desarrollando estos accionares contra los jóvenes y los trabajadores. Mientras el gobierno macrista, decreta la “emergencia de seguridad”, la trata de personas y el delito organizado siguen impunes, llevándose a cabo con la complicidad del Estado, los funcionarios políticos y las fuerzas represivas.
Lo desapareció el Estado
El Estado entorpeció adrede desde un principio la investigación, ocultando su cuerpo en la morgue del Hospital Santojanni. Mientras el gobierno de Scioli en la provincia y el de Macri en CABA, se preocuparon por seguir fortaleciendo su aparato represivo con la creación de policías municipales.
Otra aberración fue cometida por la fiscal Roxana Castelli al colocar a la misma Policía Bonaerense a la cabeza de la investigación, los principales sospechosos de la desaparición y el asesinato de Luciano. Los trámites burocráticos para la averiguación del paradero fueron dilatados, deformados con pistas falsas, declaraciones truchas y resultados que lejos de esclarecer, enturbiaron aún más los hechos.
La información fue deliberadamente ocultada y alterada para obstruir la resolución del caso, existieron irregularidades en el registro de detenidos, rastros borrados y finalmente se llegó a caratular el caso como un “asunto de drogas”, llegando incluso a investigar como “sospechosos” a sus propios familiares.
Hay que insistir en que estos casos particulares de arbitrariedad policial no constituyen hechos aislados. Forman parte de una política sistemática de hostigamiento a la población en situación de pobreza o de persecución a luchadores sociales y políticos.
Así es que el actual gobierno impuso el nuevo fallo que otorga a la Policía Federal la autoridad de pedirle DNI a cualquier persona que consideren “sospechosa”. Esto no hace otra cosa que legitimar al poder policial, profundizando la discriminación y persecución sobre todo a los jóvenes de las barriadas populares.
Lo encontramos con la lucha
La organización de la familia junto a organismos de derechos humanos y partidos de izquierda fue lo que permitió encontrar el cuerpo de Luciano, prueba irrefutable de cómo actuaron las fuerzas represivas y el Estado. Con esa misma organización recuperaron el Destacamento donde Luciano estuvo secuestrado, y lo pusieron a funcionar como un espacio cultural orientado a que los niños, niñas y jóvenes de los barrios conozcan sus derechos.
Frente al ajuste que tiene para ofrecernos Macri, el nuevo gobierno, como el anterior, acentúa la política represiva del Estado. En más de un mes de gobierno, el macrismo decreto el protocolo contra la protesta social y el aumento del control hacia los sectores populares. Las represiones a los trabajadores de Cresta Roja y a los trabajadores municipales despedidos en La Plata, así como la detención de Milagro Sala tienen como objetivo aterrorizar a los trabajadores que salen a luchar. Con la bandera de Luciano en alto, desde la Juventud del PTS que militamos junto a Myriam Bregman y Nicolás del Caño, nos proponemos ser parte de organizar la resistencia, junto a los trabajadores y jóvenes, que empiezan a enfrentar la criminalización de la protesta, la persecución, los despidos y la represión.
