La sociedad chilena quedó duramente golpeada por el terremoto y posterior tsunami que afectó a variadas localidades del país, especialmente en el sur. Cuatro años después, otro gran movimiento telúrico sacudió a las zonas más precarias del Norte Grande, dejando en evidencia que las ‘catástrofes naturales’ tienen carácter de clase y se transforman más bien en una catástrofe social que aún sigue perjudicando a familias obreras y precarizadas.
Sábado 28 de febrero de 2015
Viviendas destruidas, cientos de familias sin hogar, estrés post traumático, impacto al medio ambiente, colegios en el suelo, calles intransitables, puentes caídos, más de 500 víctimas fatales, decenas de desaparecidos; y un Estado que no se ha hecho responsable de la tragedia, son algunos de los saldos que nos dejó el terremoto y posterior tsunami que azotó al 80% de la población, causando un desastre en las zonas más precarias. Hoy, a cinco años de la tragedia, las familias trabajadoras y más empobrecidas de la sociedad siguen lamentando una catástrofe natural inevitable, pero de consecuencias sociales y materiales que perfectamente se podrían apalear.
A las 03:34 am comenzó uno de los movimientos telúricos más fuertes de la historia del país y del mundo. Los 8,8º Richter y los casi 3 minutos que difícilmente olvidarán quienes aún viven sus consecuencias hasta el día de hoy. Su hipocentro se ubicó a 47,4 km., de profundidad bajo el Océano Pacífico, ubicado a 12,5 km., de la costa chilena y a 17 km., de la localidad de Cobquecura, en la provincia de Ñuble, Región del Biobío. El terremoto del 27F afectó a cerca del 80% de la población, y se extendió entre las regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, O’Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía, que abarcan más de 13 millones de habitantes, dejando alrededor de 500 mil viviendas con daños severos y un total de 2 millones de damnificados.
Sin embargo, la catástrofe natural no terminó ahí. Casi media hora después del terremoto le tocó el turno al tsunami que terminó por echar al suelo miles de viviendas, quitándole la vida a cientos de individuos. Lo más terrible e indignante para miles de personas fue que el gobierno del primer mandato de Bachelet, el Shoa (Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada) y la Onemi (Oficina Nacional de Emergencias), tuvieron total responsabilidad en el nulo aviso de peligro y alerta de tsunami que existió tras el terremoto, y por ende, fueron culpables de que miles de personas no buscaran refugio lejos del mar, confiando en la información oficial del gobierno.
“En Valparaíso, los marinos del SHOA mantuvieron la cancelación de la alarma de tsunami pese a que la oceanógrafa de turno les advirtió del peligro de “olas destructivas”. En Santiago, funcionarios de la Onemi supieron que una ola había devastado Juan Fernández y no dieron aviso. En las siguientes horas dos enormes olas mataron a 36 personas. Estas son sólo dos de la decena de graves errores cometidos por autoridades civiles y navales que debían velar por la seguridad de los chilenos en la madrugada del 27 de febrero de 2010” (Ciper Chile, 18 de enero de 2012).
Si bien, el gobierno de Bachelet entregó una cifra oficial de 506 muertos y 167 personas desaparecidas, los datos nunca fueron confirmados en su totalidad, lo que en su momento generó graves polémicas, debido a la falta de claridad de las víctimas fatales y la cantidad de desaparecidos que dejó principalmente el tsunami. Una vez hecho el cambio de gobierno, pasando el mandato a Sebastián Piñera, su entonces Ministro del Interior, Rodrigo Ubilla, aseguró que los fallecidos podrían llegar perfectamente a los 700.
El terremoto de 8,2º Richter que azotó el Norte Grande del país
A las 20:48 hrs., del 1 de abril de 2014 se produjo un fuerte terremoto que fue registrado a 95 km., al noroeste de Iquique y a 127 km., al suroeste de Arica, convirtiéndose en el sismo de mayor intensidad en la zona desde 1877. Tuvo una duración de dos minutos, siendo el terremoto más fuerte registrado en el 2014 en el mundo, y el más fuerte del país luego del terremoto 27F, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos.
Algunas consecuencias inmediatas del sismo fueron que dejó a menos del 30% de los habitantes de Alto Hospicio sin luz, el Ministerio de Salud tuvo que decretar estado de alerta sanitaria en Iquique, el Shoa declaró alerta de tsunami para toda la costa chilena, y seis personas fallecieron, lo que mantuvo a las regiones de Arica y Tarapacá bajo estado de catástrofe.
Las réplicas sociales que siguen remeciendo
Desde que fue el 27F, en cada ‘aniversario’, se pueden leer noticias en medios de comunicación que dan cuenta del retraso en la reconstrucción; la falta de avance, la realidad de que cientos de personas aún no tienen hogar, los desplazamientos de habitantes hacia zonas periféricas de las ciudades; entre otros hechos que dan cuenta de que el Estado y los gobiernos de turno no se han hecho cargo de la precaria realidad que viven familias obreras y humildes.
Una de las localidades más golpeadas fue Constitución, una zona que hasta el día de hoy, a cinco años de la tragedia aún no está totalmente normalizada. En el año 2013, la asistente social de Constitución, Carolina Manríquez, denunció que “la reconstrucción ha sido lenta, burocrática y desigual, ya que comparando con los avances en otros sectores de la comuna a tres años de ocurrido el terremoto y tsunami, aún no se inician los trabajos de construcción de viviendas para estos damnificados”. Las familias aún viven en casas ‘pre fabricadas’, a la espera de la reconstrucción real de sus hogares.
En el 2014 nuevamente se puso en la palestra la ‘no reconstrucción’. A esa fecha, miles de familias seguían (y siguen) viviendo en mediaguas, sobreponiéndose a los crudos inviernos del sur. 778 familias son las que habitan en el campamento El Molino, las que acusaron al Gobierno de no estar acelerando los trabajados que se necesitan para reconstruir. Sin embargo, ese no es el único lugar con nula reconstrucción, ocurre algo parecido en Talca, Constitución, Talcahuano, Barrio Yungay y Villa Olímpica.
Por su parte, el alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela afirmó que aún queda mucho por hacer, “falta el teatro, la biblioteca, el centro cívico, tampoco están los miradores turísticos, lo más atrasados son las vías de evacuación modernas y el hospital está para el 2017-2018”. Esta situación generó protestas sociales en los sectores más afectados, con duros enfrentamientos de trabajadores junto a pobladores contra la policía, a lo que el gobierno tuvo que responder con la figura de un “delegado presidencial de campamentos y aldeas”, a cargo del ex Ministro de MIDEPLAN, Felipe Kast.
Hoy, a cinco años, la reconstrucción todavía tiene deficiencias en cuanto a calidad y capacidad para entregar una reparación completa para la vida cotidiana de los afectados. Pero, eso no es todo. Muchas personas al momento del terremoto no tenían los ‘títulos de propiedad’ de sus viviendas, lo que ha generado movimiento migratorios considerables, donde 45 mil familias se han desplazado, a nivel nacional, y unas 12 mil en la región del Maule.
En cuanto al norte grande del país, el delgado presidencial para la reconstrucción de Tarapacá, Julio Ruiz, aseguró que el proceso presenta un 30% de avance, algo totalmente insuficiente, y donde las personas más afectadas son trabajadoras y pobladoras, especialmente en el sector de Alto Hospicio. En total, unos 12 mil habitantes resultaron damnificados y unas 9 mil viviendas destruidas o con daños severos. Según el cronograma del gobierno, la reconstrucción en Tarapacá debería estar completa al finalizar el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, es decir, recién en el año 2018.
