El tribunal de segunda instancia validó en forma unánime la condena del expresidente de Brasil pese a que contraría su derecho de amplia defensa, reconocido por la Corte Suprema. El juez informante propuso además aumentar la pena de 12 a 17 años.
Isabel Infanta @isabel_infanta
Miércoles 27 de noviembre de 2019 17:25
La causa sobre la que se expidió el TRF-4 se refiere a un supuesto caso de corrupción cuyo objeto serían mejoras en un sitio en la localidad de Atibaia, en el interior de San Pablo. La reconsideración de la condena por el TRF-4 se debió a que la Corte Suprema hizo lugar al reclamo de la defensa del expresidente y decidió que el acusado tiene el derecho de presentar su alegato final después que los delatores presenten las acusaciones, cosa que no ocurrió en este caso.
La Corte Suprema reconoció de esta manera que el delatado tiene el derecho de realizar su alegato conociendo las acusaciones en su contra. Por eso se esperaba que el TRF-4 anulara la condena realizada bajo una condición violatoria del amplio derecho de defensa del expresidente y volviera al juzgado de primera instancia. Sin embargo eso no ocurrió.
El expresidente Lula había sido condenado en febrero a 12 años y 11 meses de prisión por la jueza Gabriela Hardt por haber aceptado las mejoras en el sitio a cambio de favorecer a las constructoras OAS y Odebrecht en contratos con Petrobras.
El juez relator del caso, João Pedro Gebran Neto, se declaró a favor de mantener la mayor parte de la sentencia pero defendió la absolución de otros tres condenados, el abogado Roberto Teixeira y el empresario ganadero José Carlos Bumlai, sospechado de articular parte de las mejoras a la propiedad rural.
El magistrado expresó que "hay fuertes indicativos" y "amplia documentación" de que Lula fue el beneficiario de varias reformas realizadas en una casa de campo a través de sobornos pagados por las constructoras Odebrecht y OAS. Además, propuso aumentar la pena a 17 años, 1 mes y 10 días. Los otros dos jueces acompañaron con su voto la propuesta de Gebran.
Ante la posibilidad de que el TRF-4 no anulase la condena, el juez de la Corte Suprema Ricardo Lewandowski declaró que “cada juez o cada tribunal decide como bien entiende. Después existe la cadena de apelaciones, que puede eventualmente rever”.
Esta decisión unánime muestra la voluntad del TRF-4 de resistir la seguidilla de golpes que venía recibiendo la operación Lava Jato en manos de la Corte Suprema, tanto la decisión sobre el derecho de la defensa a presentar el alegato con posterioridad al de los delatores, como la reversión de la prisión de condenados en segunda instancia, que permitió la salida de Lula de la prisión el 8 de noviembre pasado.
El giro de la Corte Suprema y el Poder Judicial golpista en contra de la Lava Jato ocurrió luego de las filtraciones publicadas por el medio The Intercept BR que pusieron de manifiesto las arbitrariedades de la operación judicial liderada por el ministro de Justicia Sérgio Moro y el fiscal Deltan Dalagnol en favor del golpe institucional. Este martes, Dallagnol fue sancionado por el Consejo Nacional del Ministerio Público, una muestra de la nueva correlación de fuerzas anti Lava Jato en el Poder Judicial.
El Tribunal Regional Federal 4, órgano de segunda instancia de la región sur de Brasil con sede en Porto Alegre, fue el tribunal que entendió en las causas de la operación Lava Jato que dirigía Sergio Moro cuando era juez en la sureña ciudad de Curitiba y jugó un papel clave para encarcelar a Lula y dejarlo afuera de la carrera presidencial que finalmente ganó el ultraderechista Jair Bolsonaro.
El juez Gebran es amigo de Moro, quien le prometió un nombramiento en el Supremo luego de haber sido nombrado ministro. Además, según las filtraciones publicadas por The Intercept BR, Gebran habría tenido una serie de "encuentros fortuitos" con sus colegas fiscales de la Lava Jato para discutir el caso de Lula.
El Movimiento Revolucionario de Trabajadores, grupo que impulsa Esquerda Diário de Brasil, viene exigiendo la anulación del juicio a Lula sin darle ningún apoyo político al PT, que sigue depositando su confianza en las instituciones del régimen y se rehúsa a movilizar sus enormes aparatos sindicales y estudiantiles, la CUT y la UNE, para revertir el conjunto del legado del golpe institucional en Brasil. Un régimen que no solo encerró arbitrariamente a Lula, sino puso en marcha las reformas laboral y previsional, la entrega de vastas riquezas nacionales y el desguace de Petrobras. "Solo un plan de lucha levantado desde la movilización de los trabajadores en asambleas en cada lugar de trabajo y estudio puede revertir este enorme legado de degradación social del golpismo y señalar una salida de los trabajadores a la crisis política y económica en el país".
