Hace unos días atrás salieron los resultados de la la encuesta del VAR Constitucional, de la Universidad Diego Portales y Feedback (agosto 2023, 2.720 casos), aumentó en forma considerable, la cual señala que un 60% se inclina por la opción “en contra” para el plebiscito de diciembre, del cual son 16 puntos más de lo que se inclinaba el mes pasado.
Lunes 21 de agosto de 2023
Sigue el debate en el fraude constitucional donde hace unos días atrás según la encuesta del VAR Constitucional, de la Universidad Diego Portales y Feedback (agosto 2023, 2.720 casos), aumentó en forma considerable el voto “en contra” con un 60%, donde también se manifiesta que un 58% de los encuestado señala querer cambiar la constitución actual, aun se percibe la insatisfacción, dado que esto no es casual, donde la insatisfacción existente en la población de este proceso constituyente está mucho más alejado de los intereses populares que el anterior y es mucho más evidente que desde las alturas del régimen solo se está llevando adelante una cocina a la medida de la derecha y los grandes empresarios, donde lleve a una propuesta que no toque los intereses de los grandes empresarios, y donde incluso busque empeorar las mínimas conquistas que hoy existen.
En la encuesta se enmarca con un gran porcentaje en lo que es la agenda de género, donde un 80% de los consultados apoya las tres causales , del cual es un debate que el propio Partido Republicano lo ha manifestado en su discurso valórico, donde recordemos que se han realizado enmiendas para instalar la prohibición del derecho a la interrupción del embarazo en todas sus instancias y causales.
Te puede interesar: Constitución y aborto: la derecha mantiene su ofensiva anti-derechos.
En estas semanas han sido distintos los debates que se han marcado, donde el centro es poder negociar un borrador que logre quedar a los interese de los empresarios y no de los sectores populares, donde las demandas siguen intactas, donde nada bueno saldrá de este proceso constitucional. Sólo reeditará el Chile neoliberal de los 30 años de saqueo al medioambiente y explotación a las grandes mayorías. Es el proceso controlado por la derecha y al servicio de las AFP, ISAPRES y los dueños del país, incluso donde hoy se vive la crisis más grande en la educación pública. Este fraude constitucional es un proceso ajeno a las necesidades populares, donde los Consejeros ganan 60 UTM mensuales, más de 3 millones de pesos reajustables mensualmente, mientras los salarios de las grandes mayorías no alcanzan para llegar a fin de mes.
