OPINIÓN. ¿A dónde va el referéndum catalán?

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El Tribunal Constitucional acaba de suspender cautelarmente la ley de desconexión catalana, admitiendo a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno. Al mismo tiempo, la Fiscalía de Catalunya ha ordenado al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, así como a la Guardia Civil y la Policía Nacional en Catalunya que “requisen urnas” y todo material destinado a preparar y celebrar el referéndum del 1 de octubre.

En estas condiciones, aunque desde la Generalitat y la mayoría del Parlament han abogado por la continuidad de la hoja de ruta trazada hacia el 1O y la aplicación de la Ley de Transitoriedad, la posibilidad de que el referéndum se realice se vuelve cada vez más incierta. No porque no se pueda imponer un referéndum al Estado español, sino porque las vías para lograrlo están descartadas desde el minuto cero del “procés” por la dirección burguesa del mismo.

¿Porqué se torna imposible el referéndum del “procés”?

La mayor parte de la burguesía catalana nunca ha abogado por el derecho a decidir y menos por la independencia. Sin embargo, sus representantes políticos históricos se pusieron al frente de esta demanda popular en los últimos años con dos motivaciones. Coyunturalmente, para salvarse de la crisis de representación que abrió el 15M y que golpeaba a toda la casta política del 78, incluidos los convergentes. Y más estratégicamente, evitar que ese movimiento democrático pudiera lograr sus objetivos de la única manera posible, derrotando mediante la movilización social al Régimen del ’78 y su entramado institucional.

Esta última razón ha sido el gran punto débil, la línea de falla, del “procés”. La Generalitat hoy es incapaz de llevar a cabo el referéndum que ella misma ha convocado. Y lo que es peor, la conversión del movimiento democrático en algo que, aunque masivo como se pudo ver el lunes en Barcelona, no tiene desarrolladas las fuerzas sociales necesarias para derrotar la ofensiva del Estado. Algo en lo que la responsabilidad es compartida por parte de todo el bloque soberanista, desde CDC hasta la CUP, pasando por la ANC, Omnium o ERC. Ninguno se ha dedicado en estos cinco años a desarrollar dichas fuerzas sociales. La movilización social ha sido una mera comparsa de la vía de negociación primero y desobediencia institucional después.

Un referéndum, independientemente de su legitimidad, sólo se puede llevar a cabo por tres vías: o bien lo organiza un estado; o lo organiza la sociedad civil con el apoyo o la “venia” del estado (o en su defecto con el apoyo de otro estado o coalición de estados más fuertes como aliados); o lo hace la "sociedad civil" contra el Estado, es decir por medio de la una vía revolucionaria.

¿Cuál es la situación del referéndum catalán? Pues que obviamente el estado central lo prohíbe y Catalunya todavía no es un estado. No lo es porque un estado no se sostiene en el Parlamento y el Ejecutivo en el aire (las dos instituciones dispuestas supuestamente a “enfrentarse” al estado central), sino fundamentalmente en la fuerza. Esto es jueces, cárceles y policía. Y en Catalunya los jueces, las cárceles y la policía responden al Estado español. Los Mossos no solo no van a enfrentar a la Guardia Civil, sino que cumplirán a rajatabla las órdenes judiciales para que no haya referéndum. Por lo tanto, no habrá referéndum organizado por un estado.

Pero en esta ocasión tampoco hay posibilidad siquiera de una consulta como el 9N. En aquella ocasión el estado central lo prohibió formalmente, pero no tomó medidas efectivas para evitarlo. El 9N fue pues una consulta organizada por la sociedad civil y el Govern, con la “venia” del Estado español, aunque después haya arremetido con las inhabilitaciones y la amenaza de sanciones económicas. Una posibilidad para la que hoy no hay márgen a que se repita. La otra variante de que las organizaciones de la "sociedad civil" junto al ejecutivo y legislativo catalanes (en el aire) puedan realizarlo gracias al apoyo de otro estado o coalición de estados está todavía más lejos. ¿Qué país o países están dispuestos a brindar apoyo político, económico y, en última instancia militar -efectivo o en amenaza- a Puigdemont? Por lo visto, ninguno.

La única posibilidad por ende sería por medio de una imposición mediante una fuerte movilización social, no como una manifestación ciudadana y pacífica, si no en clave de enfrentamiento directo y abierto con el estado que lo prohíbe: con sus jueces, cárceles y policías. Una movilización sostenida en organismos de autoorganización de las masas, con paros, comités que defiendan físicamente las urnas.

Pero esta posibilidad es justamente la que ha estado conjurando el “procés” durante los últimos cinco años. Los herederos de Cambó y Pujol, o hasta de Macià y Companys, no son amigos de las insurrecciones populares. Porque éstas, cuando irrumpen, no se suelen conformar con la conquista de derechos democráticos, como acabar con la Corona o la autodeterminación, sino que “abren el melón” para intentar resolver sus grandes problemas sociales (el paro, el hambre, la falta de vivienda) y rápidamente identifican que para hacerlo es necesario afectar directamente a los intereses capitalistas.

Esta sencilla verdad histórica explica por qué el “procesisme” -y quienes le han seguido como consejeros y aliados- es una de las grandes trabas para que se pueda ejercer el derecho a decidir.

Esta imposibilidad procesista es señalada por Ada Colau, cuando dice que no acepta lecciones "de quienes hasta hace días no tenían ni idea de lo que era la desobediencia civil". Pero su crítica, aunque justa, no es para proponer una vía revolucionaria, sino para justificar su respeto por la institucionalidad y su defensa de un referéndum organizado por el estado... es decir el también imposible referéndum pactado con el régimen político heredero de la Dictadura.

Rajoy y su "guerra de desgaste" contra el referéndum

La Generalitat y el bloque soberanista catalán han jugado todas sus bazas a provocar una reacción desmedida del Estado que deje al desnudo la opresión gran-española y vuelque la balanza a favor de la realización unilateral del referéndum. Siguiendo esta lógica, en un artículo que publicamos en ID, nuestro amigo Antonio Liz plantea que el PP va a intensificar la represión y esto será su tumba.

Lo cierto es que a Mariano Rajoy y su entorno le llegan todo tipo de peticiones de inspiración hobbesiana, que van desde la aplicación del artículo 155 hasta sacar los tanques a la calle para frenar al independentismo catalán. Pero Rajoy viene dando -y presumiblemente seguirá haciéndolo- una respuesta ecualizada de acuerdo al nivel de ofensiva del bloque soberanista catalán. Es lo que ha resumido en la palabra “proporcionalidad”. Una combinación de ofensiva jurídica mediante el Tribunal Constitucional, la justicia ordinaria y los fiscales, mientras siembra el pánico entre los funcionarios públicos por la posibilidad de colaborar en la comisión de un delito y moviliza las fuerzas de seguridad para impedir el referéndum bloqueando su infraestructura (requisando urnas y papeletas). No es una ofensiva menor. Sin ir más lejos, a instancias del PP, un juez acaba de prohibir un acto a favor del derecho a decidir... ¡en Madrid! Pero de este modo el Gobierno lo que busca es evitar el enfrentamiento directo con los potenciales votantes el mismo 1O, haciendo todo el trabajo sucio antes.

Es una suerte de “estrategia de desgaste” para derrotar al bloque soberanista, aprovechando sus debilidades estratégicas: su indecisión política, la existencia de una porción considerable de la sociedad catalana que se opone a la independencia y, especialmente, su carencia de fuerzas materiales para resistir la ofensiva del estado. En este sentido, la estrategia de Rajoy, contra todo pronóstico, ha sido inteligente. Lo trágico es que, ante esta politica, nadie en el bloque soberanista ha sabido oponer una respuesta, empezando por la propia Generalitat, el PdCat y ERC. Y esto es así porque la lucha de clases, la única vía para que el pueblo catalán pueda enfrentar la ofensiva españolista y decidir sobre su destino, no está en la naturaleza de la burguesía y la pequeñoburguesía.

Esto no quita, sin embargo, que a Rajoy pueda pasarle como a Quinto Fabio Máximo, el “Cunctactor” (el “demorador”), a quien la estrategia del desgaste le llevó al triunfo militar contra Aníbal, pero a la derrota política. Podría prestar este último gran servicio al Régimen del ‘78 y, resuelta por la vía reaccionaria esta importante grieta, dejar paso a un gobierno del “cambio”, como el que propone Pablo Iglesias junto al PSOE -previa moción de censura-, que venga a “reparar” en clave de restauración del régimen.

El fracaso estratégico de la “mano extendida de la CUP”

Pero sería injusto responsabilizar a PDCat y ERC de la renuncia a la “vía revolucionaria” para doblegar al Estado español. Sería como pedirle peras al olmo. Pero no es lo mismo con quienes han ocupado el flanco “izquierdo” y “anticapitalista” del bloque soberanista, la CUP. La izquierda independentista se ha negado también preparar esta vía, haciendo una defensa estratégica de una supuesta “primera etapa” en la que había que caminar juntos con los defensores de las grandes empresas y familias para conquistar la República catalana.

El video recientemente publicado por la izquierda independentista, que lleva por título “Mambo”, es toda una metáfora de esta no preparación, o mejor dicho de un pensamiento anti estratégico, una constante no solo de la CUP sino en general de toda la nueva izquierda. Cuando decimos anti estratégico nos referimos a la ausencia de un plan trazado para lograr imponer tu voluntad al enemigo, un plan para vencer, en este caso al Estado español y quienes han sido sus lugartenientes en Catalunya por más de tres décadas.

Se pasa completamente por alto algo elemental y que quedará patente el 1O: un estado son clases y fuerzas materiales. El aliado circunstancial definido por la CUP es un sector de la burguesía catalana (y la pequeñoburguesía), supuestamente la no-monopolista o “productiva” como señalan en muchos documentos. Pero justamente por sus propios intereses de clase son un peso muerto para toda lucha consecuente por un derecho democrático que solo puede arrancarse con una gran movilización social. Estos sectores burgueses están tan unidos por mil lazos a la burguesía financiera e imperialista (tanto catalana como española), y por lo tanto son tan explotadores y enemigos a un enfrentamiento con el Estado capitalista español como Foment del Treball o el Cercle de Economía. Pueden adherir a declaraciones o hasta actos de desobediencia institucional, pero si para efectivizar esto se deben poner en marcha grandes “desórdenes públicos”, no hay duda de que su posición estará del lado del “orden” y la “seguridad jurídica”.

Pero, si son un peso muerto para conquistar el derecho a decidir, ¿qué son para la pelea por lograr abrir un proceso constituyente libre y soberano? Y ya ni digamos para luchar por el socialismo. Por eso su alianza solo es sostenible desde la renuncia a una lucha anticapitalista, un “olvido” del “puño cerrado” contra los recortes como el que vimos esta primavera cuando los “anticapitalistas” de la CUP votaban los presupuestos neoliberales de Junts pel Sí. Pero esta subordinación ha llegado al extremo de aceptar la constitución de una república hecha a la medida del PDCat y ERC con su Ley de Transitoriedad. Un proyecto de república que supone una continuidad total con la autonomía catalana made in Régimen del 78 y la legalidad capitalista del Estado español y la UE.

Cuando el “procesisme” se cae por el barranco, como en el video de la CUP, la derrota que quiere imponer el Estado español pilla bailando el mambo a quienes podrían haber dedicado estos cinco años a construir una alternativa de clase a la hoja de ruta de los convergentes, basada en la movilización social y la independencia política.

¿Hacia una negociación que aparque la cuestión catalana otros 40 años?

El día después de lo que sea que suceda el 1O adquiere ya más relevancia que la fecha misma del referéndum, porque después del “enfrentamiento” se impone ineluctablemente la negociación. Eso sí, el Estado español, y el PP en particular, quieren que ésta se produzca en la mejor correlación de fuerzas para ellos. Por eso, y aprovechando el callejón sin salida al que el “procesisme” ha llevado al movimiento democrático, quieren imponer una derrota flagrante: que el referéndum no se pueda realizar y que baste con algunas resoluciones judiciales y un puñado de operaciones policiales contra imprentas, almacenes de urnas y poco más para lograrlo.

Un Editorial de El País publicado el mismo día de la Diada llamaba a “atender al clamor por nuevos encajes, siempre mejores que el desencaje”, marcando la línea de lo que se viene, como suelen hacer los grandes medios del establishment.

Pablo Iglesias es, aunque se manifieste en contra de las medidas más punitivas contra el 1O con la boca cada vez más pequeña, el más hábil portavoz de una propuesta de negociación para el “día después”. En su acto en Santa Coloma de Gramanet durante la misma Diada volvió a insistir en descabalgar al PP con una moción de censura acordada con el PSOE y ERC. Iglesias quiere contar con Junqueras para que, en el marco de una derrota que puede tener efectos desmoralizantes por la ausencia de una alternativa a la izquierda de la hoja de ruta del “procés”, se pueda lograr un nuevo marco territorial.

Esperar que en él cupiese un referéndum pactado es perder de vista que el PSOE, y cada vez más Podemos, son partidos de Estado. Y el estado capitalista español no negocia su dominio territorial sobre un territorio que representa el 20% de su PIB en ninguna mesa de negociación. Que Pedro Sánchez haya anunciado que no rompería el pacto de gobierno con Colau en Barcelona si la alcaldesa apoyara el referéndum, no es un cambio de posición en esta cuestión fundamental, sino más bien un síntoma de lo lejos que se ve su propia realización.

Pero lo más sintomático es que este discurso negociador también ha replicado entre las filas soberanistas. Referentes de peso comienzan a recular. Como el presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, quien ha dicho este martes que estaría dispuesto a parar el referéndum si Rajoy se compromete a celebrar uno, acordado, en 2019. Esto no “no sería un retroceso ni por miedo”, dice Sànchez. El mismo discurso ha tenido el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Joan Tardà, en el programa Al rojo vivo. Todo un reconocimiento de la relación de fuerzas.

La pregunta más importante: ¿Cómo terminar con el Régimen del ’78?

A quienes sostenemos la defensa a ultranza el derecho de autodeterminación de las naciones, pero no somos independentistas -es decir, a los marxistas internacionalistas-, nos han atacado desde todos los flancos. Los nacionalistas españoles por ser presuntos defensores del separatismo, los independentistas catalanes por serlo supuestamente del centralismo español.

Pero nuestra posición es coherente. Así como defendemos con ahínco el derecho del pueblo catalán (como del vasco o el gallego) a autodeterminarse y a separarse si así lo desean, decimos con no menos firmeza que la separación y formación de un nuevo estado capitalista catalán no será un paso en la liberación de la clase trabajadora catalana ni del resto del Estado.

En nuestra época, la imperialista, las grandes cuestiones democráticas (como la opresión nacional) son imposibles de ser resueltas en forma íntegra y efectiva en los marcos del capitalismo. De allí que para Lenin, Trotsky y los marxistas de la Tercera Internacional, la cuestión de la autodeterminación estuviera indisolublemente ligada a la dinámica de la época y la revolución social.

Nuestro apoyo irrestricto a que la clase trabajadora y el pueblo de Catalunya luche por todos los medios por conquistar su autodeterminación, no sólo contra la violencia del Estado español, sino también contra los titubeos y engaños de la propia burguesía catalana, tiene el objetivo de que esa lucha desate la potencia social de la clase trabajadora, debilite al Régimen centralista español y suelde la alianza entre la clase obrera y los sectores populares del conjunto del Estado contra su enemigo común. Una alianza que presupone que la clase trabajadora del conjunto del Estado vuelva a tomar en sus manos la bandera del derecho de auodeterminación.

En esta perspectiva defendemos la necesidad de asambleas constituyentes verdaderamente libres y soberanas -y no la versión amañada de la Ley de Transitoriedad- no sólo en Catalunya, sino en el conjunto del Estado. Para conquistar el derecho a decidir de los pueblos, terminando con el Régimen del ‘78, la monarquía y el capitalismo español; en definitiva, para avanzar hacia el autogobierno de los trabajadores y una Federación libre de repúblicas socialistas ibéricas.

Podemos, Izquierda Unida y los “comunes”, que cubren su subordinación al constitucionalismo español con retórica de izquierda, son los primeros en negar esta perspectiva. Respetan en Catalunya y el Parlament, la misma institucionalidad del 78 que respetan en España y el Congreso de los Diputados.

En la historia del siglo XX, la clase trabajadora catalana escribió paginas gloriosas de la lucha de clases. Pero a pesar de todas las trabas y de todos los que dicen que no hay más horizonte que la democracia liberal, la clase obrera catalana volverá a levantarse. De eso estamos seguros.