A dos años del asesinato del ambientalista y comunicador Samir Flores Soberanes en el estado de Morelos, habitantes de las comunidades denuncian la impunidad con la que gozan los autores materiales e intelectuales, además de la imposición de la termoeléctrica pese a amparos en su contra.
Axomalli Villanueva @1quiahuitl
Sábado 20 de febrero de 2021
A dos años del asesinato del ambientalista y comunicador Samir Flores Soberanes, las investigaciones no han avanzado, así lo denunciaron hoy familiares y compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA), quienes se movilizaron este viernes en la capital del estado para exigir justicia por el activista.
“Estamos muy enojados porque la fiscalía estatal no da resultados”, sostuvo Liliana Vázquez Fuentes, esposa del activista, durante el mitin que realizaron frente a Palacio de Gobierno de Cuernavaca.
Hoy se colocó la placa en honor a nuestro compañero SAMIR FLORES la cual hace 1 año de su colocación fue borrada . Mañana se cumplen dos años de tu asesinato aquí Seguimos exigiendo justicia .
Publicado por Radio Comunitaria Amiltzinko 100.7Fm en Viernes, 19 de febrero de 2021
El abogado Juan Carlos Flores informó que en estos dos años no ha habido ningún imputado por el asesinato, pese a las continuas movilizaciones del FPDTA para exigir el esclarecimiento de los hechos del 20 de febrero del 2019, día en que sujetos armados dispararon al ambientalista a las afueras de su casa.
Esto pese a que se ha denunciado al entonces delegado de la 4T en Morelos, Hugo Erick Flores, como posible implicado tras un enfrentamiento que tuvo con el activista y días antes de su muerte y denuncias previas de amenazas por parte de la familia.
Te puede interesar: Si el fiscal tiene más información que hable, que no encubra a asesinos de Samir
Agregó que la inacción de las autoridades para esclarecer el asesinato del comunicador comunitario eleva el riesgo de los activistas que se han mantenido en la exigencia de que el PIM sea cancelado y menciono los nombres de otros activistas del estado que también están bajo amenaza por oponerse al Proyecto Integral Morelos.
Teresa Castellanos, en Huexca, Jaime Domínguez en Jantetelco, Jorge Velázquez en Amilcingo, Miguel López en Zacatepec y mucha gente de los ejidos de Ayala, fueron algunos de los nombres que se mencionaron, denunciaron la colusión del Estado con el crimen organizado para perseguir a las comunidades y activistas que defienden su territorio.
“Es una tendencia a nivel mundial que cuando los pueblos se levantan para defender sus tierras entra el crimen organizado como coadyuvante del Estado y las empresas, ya los vimos en el el caso de Berta Cáceres en Honduras“.
Relacionado: Claves para entender el asesinato de Samir Flores
Imponer la termoeléctrica a todo costo
La semana pasada pobladores de la comunidad de Huexca han denunciado que ya comenzaron las pruebas para comenzar el operaciones, pese al repudio de las comunidades aledañas y los amparos para cancelar el proyecto.
A través de redes sociales mostraron el envenenamiento de cuerpos de agua aledaños al megaproyecto que presuntamente causaron la muerte de peces y ganado en las barrancas aledañas a las comunidades.
Hacemos responsable de todo esto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al presidente de la República.
¡Alto al ecocidio!
¡No a la termoeléctrica!
#AguaSITermoNOPublicado por Plantón De Resistencia Huexca Morelos en Jueves, 11 de febrero de 2021
De la misma manera ejidatarios vienen denunciando la falta de agua luego de que los ríos que abastecen las plantaciones de maíz, calabaza y frijol fueran destinados a abastecer a la termoeléctrica, por lo que fueron suspendidas las siembras desde el 31 de diciembre pasado.
“No es viable, porque no hay agua para abastecerlo; está cerca del volcán Popocatépetl, va acabar con la salud y con la vida campesina en el estado, pese a que aún hay 19 amparos vigentes contra el PIM”. señaló Teresa Castellanos Ruiz, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Después de la muerte de Samir Flores, las comunidades opositoras al PIM han denunciado constantemente el hostigamiento por parte de las fuerzas policiacas y la Guardia Nacional que se han instalado permanentemente en la zona para amedrentar las protestas contra las obras de la termoeléctrica.
En noviembre pasado, se realizó un fuerte despliegue militar con la Guardia Nacionalen el oriente de Morelos, donde la corporación militar creada por AMLO desalojó varios plantones que mantenían vecinos y campesinos de la zona contra el Proyecto Integral Morelos, con más de 300 elementos federales, apoyados por otros cien policías estatales y municipales que se encargaron de cerrar los accesos a las comunidades.
La termoeléctrica es parte del Proyecto Integral Morelos, una de las obras prioritarias del sexenio de López Obrador que supuestamente fue avalada por una consulta popular, que se realizó días después del asesinato de Samir Flores, en medio del repudio de las comunidades vecinas.
Este proyecto resulta ser la punta de lanza de los planes de industrialización de la región oriente de Morelos y de diversas zonas de Puebla y Tlaxcala para la extracción de oro y otros minerales (plata, cobre, plomo, zinc, manganeso, fierro, etc.) en diversos puntos del centro de México.
Te puede interesar: El Proyecto Integral Morelos, mucho más que una termoeléctrica
Esto incluye además un gasoducto y un acueducto, del Proyecto Integral Morelos impulsado desde el 2009 por el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón y después por el de Enrique Peña Nieto.
La resistencia al proyecto surgió en 2011 y desde entonces los pobladores han acusado que implica graves daños ambientales, un golpe al suministro de agua local y perjuicios a la salud humana.
En 2014, López Obrador, manifestó en Yecapixtla su oposición al proyecto, que continuó con su campaña presidencial en 2018, sin embargo ya como presidente, además de imponer la consulta popular, mencionó que sería una de las obras prioritarias para su gobierno, junto con el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el corredor interoceánico, además de criminalizar a las comunidades opositoras denostándolas como "radicales de izquierda".
A dos años del asesinato de Samir Flores, el gobierno de la 4T, no solo ha continuado con el modelo extractivista de anteriores sexenios, sino que ha presentado como carta fuerte una serie de megaproyectos que, además de significar el despojo de pueblos originarios, también han sido fuertemente criticados por especialistas como devastadores para los ecosistemas.
Para frenar los megaproyectos, con los ecocidios y los despojos de comunidades que conllevan, es indispensable unir las luchas ambientales con las de los trabajadores que enfrentan despidos en la 4T. La unidad nos hará más fuertes para luchar contra las transnacionales, tanto en el terreno laboral como en el de los derechos ambientales.
