A través del decreto es el 465/18, que aún no se publicó en el boletín oficial, Vidal lanza un régimen de retiros voluntarios para todos los trabajadores de la administración pública provincial, exceptuando a policías y agentes del servicio penitenciario.
Jueves 24 de mayo de 2018
El decreto establece la posibilidad de adherir al régimen de retiros voluntarios a todos los trabajadores de la administración pública provincial que tengan más de 2 años de antigüedad y menos de 24, que a la vez le falten más de 5 años para jubilarse. Quedan expresamente excluidos los agentes de la policía bonaerense y del servicio penitenciario.
Detalla una escala de indemnización según la antigüedad. Las cuotas que se paguen al momento del cese se calcularan en base al salario bruto de cada trabajador y el resto de las cuotas en base al salario neto (con descuentos), tomando el mejor salario de los últimos 6 meses y sin contar las horas extras, viáticos, aguinaldo y cualquier compensación salarial que no sea habitual y mensual.
Según la antigüedad y el sector de que se trate, cada trabajador cobrara una suma inicial, que en el caso de mayor antigüedad y más categoría podría llegar a superar los 200 mil pesos y otras 18 cuotas mensuales iguales al último sueldo cobrado.
A cambio del retiro, desde el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) se realizaran cursos de capacitación para la reinserción laboral en el sector privado y durante 5 años el trabajador que se acoja al retiro no podrá obtener un nuevo puesto de trabajo en el Estado o entidad con participación estatal.
Los retiros voluntarios son despidos encubiertos
A pocos días del acuerdo con el FMI y cuando aún no se conoce la letra chica, la gobernadora María Eugenia Vidal pica en punta y sale rápido a hacer los deberes, decretando los retiros voluntarios en el Estado provincial, como forma de ajustar el gasto y reducir el déficit fiscal.
A los despidos directos sobre el personal precarizado, con contratos basura que han proliferado en todas las dependencias públicas, como la línea 144 de atención a las mujeres en situación de violencia, donde Vidal acaba de cesantear trabajadoras, se suma ahora una política de achique del personal estatal de planta permanente.
Los retiros voluntarios no son más que despidos encubiertos y una pérdida total de derechos, como se vio durante la década del 90, cuando miles de trabajadores de las empresas de servicios públicos, de YPF y del Astillero Rio Santiago se acogieron a este régimen, que lo invertían en todo tipo de pequeño emprendimiento que en medio de una situación de crisis y recesión, terminaron en quiebres, cierres y en aumento de la desocupación.
Pero junto con esto la aplicación de estos retiros por 6 meses como anuncia el decreto, abren la puerta al desfinanciamiento del Instituto de Previsión Social (IPS), que hoy tiene superávit y se financia íntegramente con el aporte de los trabajadores del Estado en actividad.
El régimen previsional de la provincia de Buenos Aires mantiene conquistas históricas respecto del de Anses y otros regímenes, son esas conquistas las que ha intentado liquidar el gobierno de Vidal, buscando armonizar el régimen del IPS con el de Anses, lo que implicaría elevar la edad jubilatoria, bajar el cálculo previsional y eliminar la movilidad jubilatoria que hoy existe en la provincia, entre otros perjuicios. El desfinanciamiento que significan miles de retiros voluntarios, que en forma abrupta dejarían de aportar al IPS, abre las puertas a la armonización (reforma jubilatoria) que es otra de las exigencias del FMI.
Es necesario que las centrales sindicales convoquen a un paro nacional activo y un plan de lucha, que prepare a los trabajadores para enfrentar el ajuste, los despidos y las trampas de los retiros voluntarios del gobierno nacional y provincial, para evitar que sean nuevamente los trabajadores los que paguen las consecuencias del ajuste.
