Actualidad. A llorar a la iglesia: el 63 % del país cree que la institución no debe opinar sobre el aborto

Un reciente estudio -publicado por diario Perfil- demuestra que la sociedad argentina está mayormente a favor de la legalización del aborto. El número más conservador de la encuesta promedia en unos 60% a 40%. Cuando se pregunta por casos específicos, como aborto en caso de violación, el número se eleva a 80% a 20%. No se trata de un convencimiento “ideológico” en general sino basado en la experiencia: una de cada dos personas conoce a alguien que interrumpió voluntariamente su embarazo. Es decir, una de cada dos personas sabe lo que implica hacerse un aborto clandestino en Argentina, los riesgos para la vida, la situación a la que se expone cualquier mujer que decida hacer eso. El número proyectado es fenomenal -20 millones de personas- y permite tener una idea de la magnitud de abortos que se practican en el país.

La pregunta es: si la mayoría de las personas están a favor y la magnitud de abortos clandestinos es tan grande, ¿por qué sigue siendo ilegal? La encuesta también responde: el 63% de la sociedad argentina está en contra de que la Iglesia opine al respecto del tema. La Iglesia es percibida como una institución minoritaria que mediante la campaña y el lobby parlamentario logra imponer la ilegalidad y con ello, un gran negocio para la medicina privada (aún para el laboratorio que hace el Misoprostol).

La relación obscena que existe entre la Iglesia y el Estado salió a la luz también por estos días: Marcos Peña confesó -en un número que se sabe que es conservador- que el Estado le paga a un obispo 46.800 por mes, casi el triple de lo que necesita una familia para vivir. El obispo gana eso y le pide a la familia que no gana ni la mitad de su sueldo que tenga más hijos y los alimente. Lo mismo hacen el senador (que gana -como Pichetto por ejemplo- 1.2 millones al año) y Macri (que ya es millonario porque se viene enriqueciendo a lo loco de la dictadura a esta parte).

El debate sobre el aborto toca las fibras sensibles de un régimen político en donde la minoría enriquecida gobierna y la mayoría acata, so pena de represión a la vera del congreso. No es posible lograr que esta minoría social deje de imponer sus reglas de juego sobre la mayoría -no solo en temas como el aborto, sino en las jubilaciones, en la plata que se destina para salud, para educación, etc.- más que con la fuerza de la movilización y las huelgas.

La movilización el 24 de marzo aparece, así, como una importante pulseada en el horizonte del movimiento de mujeres: porque en última instancia, aún para lograr un derecho tan elemental como el aborto, tenemos que enfrentar a los mismos poderes que organizaron el golpe militar: la Iglesia, los grupos económicos como el de Macri o la casta peronista que garantiza la gobernabilidad a través del Senado, las intendencias del conurbano, las gobernaciones de las provincias y la conducción de los sindicatos (muchos de los cuales siguen en manos de personal de la dictadura, como Martínez de la UOCRA que fue buchón del batallón 601).

La convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia es una buena oportunidad para continuar esta pelea y hacer valer la fuerza de la movilización y de las mayorías, contra esa minoría social que gobierna o dice, como los peronistas, que hay que quedarse cruzados de brazos a esperar el 2019.

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Quizá en las movilizaciones habría que agregar a la consigna por el derecho al aborto, la de la separación de la Iglesia y del Estado: basta de pagarle esos abultados sueldos a los obispos, que la Iglesia se financie sola, que plata no le falta, y si les falta que laburen, como el resto de los corderos del señor. Que ese dinero que hoy se lleva la Iglesia se destine a jubilaciones, salud y educación. La Iglesia está a la defensiva: hay que pegarle en el bolsillo, a donde les duele. El movimiento de mujeres tiene la fuerza suficiente para hacerlo, solo hay que desarrollarlo.