Esta mañana el ministro de Desarrollo Económico y Producción se presentó junto al Fiscal de Estado en la Legislatura de Jujuy a explicar el convenio de venta del Ingenio La Esperanza. La reunión concluyó abruptamente ante los gritos del presidente del bloque oficialista Alberto Bernis.
Miércoles 5 de septiembre de 2018 16:07
La venta del Ingenio La Esperanza sigue dando que hablar en la provincia de Jujuy. Desde los 338 despidos de obreros en diciembre hasta la fecha pasó mucha agua bajo el puente, incluyendo represiones, detenciones, varios anuncios de venta del Ingenio y varias desmentidas posteriores. La semana pasada el gobernador Gerardo Morales intentó poner un cierre al asunto, anunciando en conferencia la venta “definitiva” de La Esperanza a la empresa Alesa, del grupo inversor Omega Energy.
Esta mañana el ministro de Desarrollo Económico y Producción de la provincia, Juan Carlos Abud Robles, debía dar en la Legislatura detalles sobre el convenio firmado, pero la reunión no pudo terminarse porque el presidente de bancada del bloque oficialista, Alberto “Piky” Bernis, comenzó a los gritos interrumpiendo a la diputada del PJ Alejandra Cejas y debió levantarse la reunión. Previamente el diputado había ordenado no responder a las preguntas de la diputada del PTS-Frente de Izquierda Natalia Morales porque “eran posiciones políticas”.
A los gritos el oficialismo levantó la reunión con el ministro Abud Robles en la @LegisJujuy. Un ministro flojo de papeles pic.twitter.com/0qzsDBsAn5
— Alejandro Vilca (@vilcalejandro) 5 de septiembre de 2018
La reunión comenzó pasadas las 11:30 con dos breves exposiciones del ministro Abud Robles y del Fiscal de Estado Mariano Miranda, y fue extendiéndose hasta pasadas las 14 horas ante las preguntas y planteos de diputados opositores, hasta que se levantó abruptamente. En casi tres horas de exposición, el Ministro no brindó mayor información a la ya poca conocida sobre una venta llena de claroscuros, y el Fiscal de Estado aseguró que hasta que el juez no homologara la misma no darían ninguna información, ni a los diputados ni a los trabajadores.
En el medio, quedaron pendientes muchas preguntas de los diputados sin respuestas, pero sobre todo de los trabajadores, tanto quienes seguirían trabajando bajo el nuevo empresario pero sin sus viejas conquistas laborales, como de quienes aún siguen reclamando por sus puestos de trabajo, unos 30 trabajadores de los 338 despedidos en diciembre.
Algunas definiciones del Ministro sobre la venta
Si bien no presentaron ninguna documentación respaldatoria de la venta, lo poco que se pudo conocer en la reunión en palabras del Ministro fue:
* La venta es por 86 millones de dólares, pagaderos en 18 millones como entrega inicial, 25 millones al año y la diferencia a cancelar durante los siguientes 5 años, sin precisiones sobre los mismos.
* La empresa deberá hacer un depósito extra en concepto de carta de garantía por 6,8 millones de dólares, hasta tanto cancele el importe total.
* La tenencia de la unidad productiva más 4.100 hectáreas productivas de cañaverales se entregaría una vez depositados los primeros 18 millones de dólares y homologado el convenio por el juez. El resto de los activos se irían transfiriendo a medida que se efectivicen los otros pagos.
* Ante la pregunta del diputado Alejandro Vilca sobre la falta de tasación para la venta, textualmente el Ministro aseguró que la misma fue una decisión “subjetiva” y supeditada a la voluntad de los oferentes, en este caso, el Grupo Omega.
* Los 600 trabajadores que serían contratados por el nuevo empresario, de manera permanente o transitoria, serían previamente despedidos, perdiendo su antigüedad y demás derechos laborales. A su vez, la empresa estaría facultada por el propio acuerdo a despedir transcurrido el primer año de relación laboral. Transcurrido el primer año los trabajadores podrán ser despedidos sin causa, abonando la empresa la indemnización sin la antigüedad, más un 100% de bono compensatorio, un 75% al año siguiente, luego un 50% y un 25%, y a partir del quinto año la empresa podrá despedir sin abonar ningún “plus”.
* La pregunta de la diputada Natalia Morales sobre el estudio económico, productivo y financiero que justifique la continuidad laboral de sólo 600 trabajadores, cuando el Ingenio siempre funcionó con más empleados, no fue respondida. Tampoco se precisó cuál será el futuro de los 30 despedidos que no arreglaron, aunque aseguró que sigue abierta la posibilidad de pasar a ser trabajadores del Estado.
