Se cumplen 8 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Sus familias luchan por justicia y el reconocimiento de que "fue el Estado", mientras la impunidad sigue presente.
La Izquierda Diario @izquierdadiario
Lunes 26 de septiembre de 2022 20:45
Se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El 26 de septiembre de 2014, las 16 escuelas Normales que existían en el país se concentrarían en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero al sudoeste del país, para moverse en caravana a la Ciudad de México. Para ello los estudiantes irían a Iguala, en el mismo estado, a conseguir el transporte para realizar la caravana, como lo hacían durante décadas y movilizarse el 2 de octubre en conmemoración por la Matanza de Tlatelolco, una masacre perpetrada por militares y el grupo paramilitar “Batallón Olimpia” en 1968 en el marco de movilizaciones estudiantiles en México.
En una operación conjunta entre varias unidades de policía y fuerzas militares, los autobuses en los que iban los estudiantes fueron baleados, así como los estudiantes mismos. Además los hicieron bajarse del trasnporte, los subieron a patrullas policiales y atacaron a un bus de futbolistas pensando que también eran parte de los estudiantes que iban a movilizarse, dejando al chofer y a un futbolista de 14 años muertos.
A la luz de los hechos se ha conocido que miembros de Ejército y la policía estuvieron en conocimiento de la movilización de los estudiantes en todo momento, mostrando la responsabilidad de las fuerzas represivas.
Esa responsabilidad es marcada por la consigna de que "fue el Estado" el responsable de las desapariciones de los estudiantes, algo que es admitido incluso por el gobierno de López Obrador recién 8 años después de ocurridos los hechos, quien en un informe de 16 puntos reconoció el hecho como un Crimen de Estado, una de las demandas que venían reclamando las familias de los desaparecidos.
En este contexto los familiares protestaron por sexta vez en la capital mexicana y después de varias semanas de "jornadas de lucha" que iniciaron en Guerrero, estado donde desaparecieron los estudiantes en 2014.
El miércoles pasado, cientos de personas protestaron frente a la Embajada de Israel en México, a cuyo Gobierno exigen la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal y acusado de irregularidades en el caso.
El sábado un medio local publicó fragmentos del informe de la Comisión para la Verdad presentado el pasado 18 de agosto por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Esos fragmentos revelan detalles de cómo habrían muerto los estudiantes mediante conversaciones de personas presuntamente implicadas.
La publicación se conoce después de que el jueves un juez concedió un amparo provisional a Jesús Murillo Karam, exprocurador de Justicia para protegerlo de su procesamiento por el caso. Nunca fue un secreto que la Procuraduría General de la República, en ese entonces a cargo de Murillo Karam, había obtenido declaraciones sobre la base de la tortura, además, hubo una serie de "fallas" en las acusaciones, pues estas deberían haberse hecho por desaparición forzada y no por secuestro.
El arresto de Murillo Karam es el de mayor perfil hasta ahora del caso Ayotzinapa y ocurrió tras el informe de la Comisión para la Verdad, que concluyó el 18 de agosto que la desaparición de los 43 estudiantes fue un "crimen de Estado" con autoridades involucradas de todos los niveles y que no hay indicios de que estén vivos.
El exprocurador Karam está acusado de ser uno de los fabricantes de la "verdad histórica", una versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el sureño estado de Guerrero.
El reconocimiento durante el gobierno de López Obrador de que en la desaparición de los estudiantes se cometió un crimen de Estado se puede percibir como un logro. La consigna "fue el Estado" parece ser reconocida también con el resultado del informe preliminar dado a conocer por el subsecretario de Derechos Humanos.
Sin embargo, ese reconocimiento formal es completamente insuficiente y no constituye verdad y justicia para las familias de los desaparecidos, quienes, demandan la “plena disposición para que se abran todos los archivos” y así realizar una investigación exhaustiva, mientras el gobierno de López Obrador busca convencer a la población de que los militares estarían cooperando con la investigación.
Hay un largo listado de altos funcionarios del Estado que siguen impunes, incluido el expresidente Enrique Peña Nieto, uno de los autores de la llamada “verdad histórica” impuesta para falsear los hechos que comprometían al Estado en estos crímenes. Y la impunidad presente en estos hechos, así como la de la masacre de Tlatelolco por la que se movilizaban los normalistas de Ayotzinapa, está aún vigente.
