Política. A pedido del PRO, Cornejo acelera la Emergencia en Seguridad en Mendoza

Nadie puede olvidar que la propuesta de “combatir la inseguridad” fue uno de los ejes de campaña del gobernador Alfredo Cornejo. Durante varios meses su principal caballito de batalla era la supuesta inseguridad reinante y la necesidad de medidas más punitivas para terminar con ella. Así lo anunció también en el momento de su asunción, adelantando su interés por “empoderar” aún más a las fuerzas de seguridad y la creación de la polémica figura del “defensor del policía”. De la mano de esta política, vinieron también sus anuncios de que van a “terminar con los piquetes”, confesando a futuro represiones a la protesta social.

Fue así que luego de la visita de la ministra Patricia Bullrich, la cual se acercó a la provincia entre otras cuestiones a solicitar la adhesión a la Emergencia nacional que necesitaba legitimación luego de ser muy cuestionada por haberse hecho por decreto y por las medidas inconstitucionales que plantea, el gobernador aceleró sus intenciones y envió el proyecto a la legislatura provincial.

En los próximos días, los bloques políticos de la legislatura deberán dar su voto. Cambia Mendoza (UCR, PRO, PD, Libres del Sur y Frente Renovador) lógicamente acompañarán, el FpV que transita el camino hacia su ruptura local ha dado indicios de que votará afirmativamente y puso la duda sobre la autorización de la deuda, y la izquierda ha marcado su rechazo.

Un respaldo político al decreto nacional

El solo hecho de adherir al decreto por el cual se declara la Emergencia en Seguridad Pública nacional es un apoyo a medidas que no respetan los principios democráticos.

Los términos de la adhesión son claramente un respaldo político a la decisión del presidente Macri, ya que en términos concretos no era necesario para declarar la Emergencia provincial y solamente ratifica la colaboración que prestará la provincia con sus fuerzas de seguridad locales a las fuerzas federales o fuerzas armadas que intervengan, siendo que todas las disposiciones del decreto nacional son competencia de la Nación en su regulación y en su aplicación.

Señalando algunos conceptos importantes que allí se vierten podemos encontrar la utilización de de las fuerzas armadas en seguridad interior, en un claro retroceso a la prohibición establecida en la Ley de Defensa. Si bien este hecho no es nuevo, ya que había sido autorizado en el operativo “Escudo Norte” bajo el gobierno de CFK, ahora se suma la facultad de derribar aviones ante la mera sospecha de que puedan cometer delitos, lo que constituye una verdadera pena de muerte sin juicio previo.

En el mismo sentido, numerosas organizaciones y personalidades han cuestionado que se la doctrina de seguridad que se quiere instaurar utilizando la justificación del narcotráfico. El periodista Ricardo Ragendorfer, en una entrevista a este diario, explica como “el narcotráfico es una excusa para engordar la ley antiterrorista” y la sobredimensión que se hace adrede en comparación con los carteles colombianos o mexicanos es una estrategia para saturar el espacio público con las fuerzas de seguridad.

Cabe destacar la ejemplificación que realizará la diputada nacional del FIT Myriam Bregman, al referirse a que la política de “estados de excepción” y utilización de las fuerzas armadas ya ha sido aplicado en México y según las propias estadísticas oficiales hubo 70.000 muertos en los últimos seis años. Es decir que no solo son políticas que una y otra vez son ineficaces, sino que aumentan la violencia estatal sobre la población.

Por último, es menester señalar que esta política nacional se basa en fortalecer varios artículos de la ley antiterrorista para criminalizar la protesta social.

La vieja receta de la demagogia punitiva

Desde el punto de vista argumentativo, la Emergencia provincial en seguridad enviada por el poder ejecutivo, se refiere a la necesidad de que “combatir la inseguridad requiere respuestas de corto plazo que repriman el delito emergente e impidan la altísima impunidad que actualmente existe”.

Es decir, que lo que se busca es mayor aplicación del poder punitivo del estado de forma inmediata para de esa forma supuestamente terminar con la impunidad. Si bien el proyecto continúa diciendo que a mediano y largo plazo es necesario políticas inclusivas, parte peligrosamente de querer aplicar un “shock” represivo. Aunque debemos remarcar también, que en ninguno de sus fundamentos señala como “causa estructural” del gran delito organizado a la convivencia y complicidad del poder estatal. Trabajo, educación, vivienda son necesarias para que los jóvenes no sean presas de quienes los hacen cometer delitos para ellos; pero es necesario desmantelar las redes de complicidad de entre el Estado y los delincuentes que manejan el “delito organizado” y que lejos estuvieron de faltarle recursos, sino que pusieron a ellos en función de empresas ilegales de narcotráfico, desarmaderos de autos, redes de trata, entre otros.

Sin embargo, estas medidas que se proponen es la política que se viene implementando. La población carcelaria ha aumentado un 40 % durante los últimos siete años, principalmente por la utilización de los juzgados de flagrancia y de las detenciones preventivas. De esto desprendemos dos conclusiones: uno que es falso el argumento de que “entran por una puerta y salen por la otra”; y además que no hay llevado a ninguna solución.

Siguiendo con las estadísticas, recordemos que las muertes por el accionar policial han ubicado a nuestra provincia en el puesto número tres de casos de gatillo fácil.

Se afirma también que durante 2014 hubo 63.000 denuncias por hurtos, robos y sus agravantes. Pero si tomamos el informe de gestión de Paco Pérez, allí se dice que entre el 1ero de mayo de 2014 y el 1ero de mayo de 2015 se realizaron alrededor de 250.000 detenciones, gran parte bajo la figura de “averiguación de antecedentes”. Es decir, que hoy día un ciudadano mendocino tiene más posibilidades de ser detenido por la policía que de sufrir un delito callejero.

También ha sido una política constante la de destinar sendos recursos al Ministerio de Seguridad. En el proyecto de presupuesto 2015 se establecía un aumento del 61 % en relación al año anterior, siendo así que por cada dos pesos nuevos que se destinaban a Seguridad, se destinaba tan solo un peso a educación. En el presupuesto 2016, se aprobó un aumento del 27 %, 5 puntos arriba de la inflación calculada por el oficialismo y sin contar el nuevo endeudamiento que ahora se propone, llevando el aumento a casi un 100 % en dos años.

Entonces estamos ante un proyecto que si bien busca “empoderar” aún más a las fuerzas de seguridad, es en los hechos la aplicación de una política de demagogia punitiva que en la provincia, en el país, y en cuanto ejemplo internacional se refiera ha fracasado y no ha producido más que criminalización de la pobreza, la protesta y persecución social.

Una Emergencia que abre las puertas a nuevos negociados

En su segundo artículo, luego de adherir a la Emergencia nacional, se declara la Emergencia provincial por dos años, el doble que lo estipulado a nivel nacional. Por lo tanto, se pretende gobernar al menos medio mandato en estado de emergencia. Tenía razón la senadora Barbeito cuando cruzó a Cornejo y lo acusó de mas que para gobernador su discurso parecía de un postulante a jefe de la Policía.

En los sucesivos artículos se faculta al Ministerio de Seguridad a modificar todo lo que considere pertinente en relación al personal policial, partidas presupuestarias y en el 5to se autoriza a la adquisición de bienes sin recurrir al proceso de licitación. Esto abre las puertas a posibles negociados ya que el poder ejecutivo podrá hacer compra directa, algo también previsto en la emergencia nacional.

En el artículo sexto, se pide un nuevo endeudamiento por 1.200.000 pesos, equivalente a un 30 % del presupuesto de la cartera para la remodelación o ampliación de unidades carcelarias. El solo hecho de pedir más crédito es provocativo, teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo ya consiguió autorización por más de diez mil millones. Tampoco esto indica una mejora en las pésimas condiciones en la que están los presos, lo cual le ha valido a nuestra provincia la condena del a Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que la política que quieren implementar aumentará la ya sobrepasada población carcelaria.

Por último, se permite la convocatoria a personal retirado, lo que no es más que una intención de saturar los barrios con presencia policial, incluso de uniformados que hayan sido exonerados de la fuerza.

La propuesta del Frente de Izquierda

El FIT señaló que por todos estos motivos no acompañará la emergencia en seguridad. Por el contrario, las legisladoras Soria, Escudero y Barbeito del PTS-FIT anticiparon que reclamarán que la primer medida que se debe tomar la es la creación de una comisión investigadora independiente para analizar la relación entre el gran delito organizado, los poderes del estado, y los grupos económicos. En relación al narcotráfico, una medida elemental sería la legalización de las sustancias socioactivas.

Las cárceles hoy están pobladas por los sectores populares, no por los organizadores del gran delito que se llenan los bolsillos con el crimen organizado. A ellos hay que ir a buscar.

En cambio, a los jóvenes que quedan expuestos y vulnerables a las mafias, hay que darles trabajo, salud, educación y vivienda digna. Una emergencia en seguridad que no contemple esto, es pura demagogia punitiva.

La referente de la izquierda mendocina, Barbeito, señaló que “Cornejo es un demagogo y un hipócrita que quiere hacer de Mendoza una cárcel a cielo abierto. Con esta emergencia lo que quieren hacer pedir nueva deuda, comprar sin el debido proceso de licitación y darle mas poder a las fuerzas de seguridad en el marco de una creciente conflictividad social por la situación económica, los tarifazos y despidos que está impulsando la UCR y el PRO”.

Por último, plantearon que la “seguridad” de la que habla el oficialismo no es la seguridad de los jóvenes, trabajadores y mujeres que día a día sufren la violencia laboral, los acosos, la persecución policial, violencia de género.