Actualidad. A pesar del caso Espinoza, Manzur da más poder a la Policía con una ley antimoto

El proyecto que llegó al recinto fue consensuado entre el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público Fiscal y la Comisión de Seguridad de la Legislatura presidida por Gerónimo Vargas Aignasse. Consiste en una batería de prohibiciones para las personas que circulan en moto en el territorio de la provincia de Tucumán.

El proyecto aprobado tuvo modificaciones con respecto de la redacción original. Finalmente, se eliminó el artículo según el cual las estaciones de servicio debían negarse a cargar combustible a motociclistas que circularan sin casco. Debido que los empresarios de la cámara de estaciones de servicios manifestaron su descontento con este punto.

A partir de la misma será exigible un permiso de circulación que otorgará la policía, y que las personas deberán renovar cada 6 meses. Se prohibirá la circulación en horario nocturno, entre las 21 y las 6 y la circulación de dos varones durante las 24 horas. Estas medidas afectarán a una gran cantidad de trabajadores de fábricas, de la construcción y de los servicios que utilizan este medio para ir y volver de sus trabajos.

Respecto a las sanciones el proyecto, autoriza a la policía a secuestrar las motos, y a imponer multas de rescate que ascienden a los $15000, y la posibilidad de imponer penas de inhabilitación para circular por 2 años. Lo que le da rienda suelta a la ya conocida (por todo conductor) extersión policial.

Sancionar una ley que equipare una infracción de tránsito a un delito no es otra cosa que otorgar a la policía y al Ministerio Público una libertad de persecución que no le corresponde y que además abre vía a un sin fin de arbitrariedades como sucede cada vez que se amplía la potestad policial. Para comprobarlo solo basta ver cómo usaron el decreto 297/20 de Alberto Fernández que establece la cuarentena, para desaparecer a Espinosa.

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En medio de la pandemia, y con una crisis económica que ha dejado a cientos de miles de trabajadores en las calles, la Legislatura tucumana va retomando sus sesiones sólo para imponernos más cargas, más persecución y más restricciones a nuestras libertades individuales.