En la Legislatura se aprobó días atrás la Ley de Aplicación de la Educación Sexual Integral - ESI para que sea obligatoria en las instituciones educativas de la provincia. Una deuda con la juventud y las infancias negada por el Estado y sus fuertes lazos con las Iglesias y sectores conservadores.
La lucha continúa para que sea laica, científica y con perspectiva de género, para que no haya niñas que sean madres, por el aborto legal y todos nuestros derechos.
Jueves 10 de diciembre de 2020 15:19
Pasaron muchos años desde que se aprobó la Ley 26.150 “Programa Nacional de Educación Sexual Integral” ESI, y sin embargo, es reciente la adhesión en varias provincias, entre ellas Jujuy. Actualmente son 18 provincias las que adhirieron, y no casualmente, provincias que se encuentran en el NOA, siguen sin hacerlo, por los vínculos de las Iglesias y sectores conservadores con el Estado.
La aplicación de ESI es una de las principales demandas del movimiento de mujeres en el país y es una deuda pendiente del Estado a las infancias y la juventud. A pesar de la Ley nacional del año 2006, según un informe del año 2018 dio cuenta que sólo 2 de 10 alumnos en el país recibieron educación sexual integral de manera habitual, y que solo el 20% de los docentes fueron capacitados.
En Jujuy, provincia que encabeza los índices de femicidios pero también de embarazo adolescente, el Ministerio de Salud local reconoció que hasta septiembre de este año hubo 600 embarazos adolescentes y 20 de niñas entre 10 y 14 años producto de abusos y violaciones. Además, es el mismo Estado el que, sin adherir ni garantizar ESI en todos los niveles educativos, obliga a las niñas a transitar embarazos no deseados y parir, como se conoció recientemente con el caso de la niña de 12 años de Monterrico.
ESI opcional y con injerencia religiosa
Jujuy fue una de las provincias que sin adherir a la Ley nacional 26.150 contaba con una resolución ministerial que permitía que instituciones educativas dicten Educación Sexual Integral sin ser obligatoria. Uno de los motivos que esgrimieron funcionarias como Patricia Morales, ex responsable del Programa ESI en Jujuy, y legisladores del oficialismo, es que la provincia no adhería a la ley nacional, por el controversial artículo 5 que reconocía a las iglesias como “agentes educadores”.
Sin embargo, fue una decisión política que en todos estos años, ni Cambia Jujuy, tampoco el PJ, no adhieran o usen su mayoría para legislar una Ley más integral para que ESI sea laica, lo aborde desde la diversidad de género, la multiculturalidad y que sea científica. Incluso reafirmando lo que está establecido en la misma Ley 5.807 de educación de la provincia que en su artículo 8, inciso 3 establece la laicidad. Eso implicó que no sólo no se dicte en las escuelas, y de hacerlo, en muchos casos sea una clase de biología, sino también que se multipliquen los casos de persecución y sanciones a jóvenes de los pañuelos verdes, que luchan por sus derechos.
La crítica, que compartimos, sobre los límites de la Ley ESI a nivel nacional, no justifica al oficialismo jujeño, que en el 2018, y con la ex diputada nacional Alejandra Martinez, actual presidenta del Consejo de la Mujer y Diversidad de Jujuy, fue una de las impulsoras del proyecto de modificación de la Ley 26.150 para garantizar la laicidad y la universalidad de la misma. Con dos dictámenes de comisiones a favor, definieron como bloque archivar el proyecto junto al PJ y del kirchnerismo, luego de haber votado en contra en el Senado por el aborto legal, quedando el FIT como único frente político que propuso el tratamiento urgente, y que además había presentado un proyecto de ley de educación pública sin injerencia religiosa.
Ganar las calles también por la separación de las Iglesias del Estado
El proyecto de Ley propuesto por el oficialismo en Jujuy y que fue aprobado por unanimidad en la Legislatura de Jujuy el jueves 3/12, plantea garantizar la Ley 26.150 (y la Ley 27.234 de Educar en Igualdad contra la violencia de género) y su obligatoriedad en todos los servicios educativos de gestión estatal, provincial, municipal, privada, social y cooperativa, y en todas las modalidades y niveles educacionales.
La ley no incorpora ningún artículo que establezca el carácter laico de la ESI, lo cual refuerza los lazos del Estado con las Iglesias y sectores conservadores en los contenidos que serán transversales. Establece que el seguimiento, la supervisión y evaluación de las actividades obligatorias de cada establecimiento será realizado por el Ministerio de Educación, por sus equipos de Dirección y Supervisión, lo cual es un límite si hablamos del rol central que tendría que tener la comunidad educativa y los sindicatos docentes en la elaboración de contenidos y control. Tampoco especifica el presupuesto para su implementación, y no tiene partidas específicas en el presupuesto 2021 que se votará próximamente.
Desde las bancas del PTS FIT apoyamos el proyecto de ley porque es un paso adelante la obligatoriedad de la ESI pero fuimos muy críticos en los puntos desarrollados en esta nota. Seguimos exigiendo que se trate con urgencia el proyecto de Ley presentado desde nuestro bloque para que se garantice la obligatoriedad de la Educación Pública laica y por ESI integral, sin intromisión de las iglesias y con perspectiva de género, que incorpore la Interrupción legal del embarazo (IVE).
A horas de que el movimiento de mujeres, con esas decididas jóvenes estudiantes secundarias que se pusieron a la cabeza de esta pelea, conquiste con sus fuerzas la legalización del aborto, es más que necesario levantar las banderas de la separación de la Iglesia del Estado, para que no haya ningún tipo de objeción a la hora de hacer valer nuestras decisiones y derechos. Porque se vota en las legislaturas y en el congreso, pero los conquistamos en las calles.
