Política. A propósito de De Vido y la persecución política que denuncia el kirchnerismo

Julio De Vido comandó el poderoso Ministerio de Planificación, donde funcionó un eje de corrupción. Su detención se suma a la de varios funcionarios relacionados con él, como por ejemplo José López, atrapado in fraganti mientras entraba sus famosas valijas a un convento. El caso del exministro no puede aislarse de ese contexto y de ese entramado.

Hay que destacar, además, que no sólo estaba siendo reclamado por la justicia por esos negociados, sino también por los familiares de las víctimas de la masacre de Once. No es como para ser obviado, e invitamos a que nadie lo haga porque, como todos sabemos, fue ese entramado de corrupción e impunidad el que terminó provocando, sencillamente, muertes.

Es por estas razones que, en este caso puntual, la diputada del PTS en el Frente de Izquierda Nathalia González Seligra votó a favor del desafuero, cuando fue requerido por el Poder Judicial en un caso serio de corrupción. Distinta fue la votación de hace unos meses, cuando llegó al recinto el hábil montaje de Durán Barba para expulsar a Julio De Vido por “inhabilidad moral”, cuestión que desde el Frente de Izquierda rechazamos de plano, ya que hubiera sentado un peligroso precedente. No le otorgaríamos un certificado de moral a muchos de los demás diputados que quedaban en sus bancas ni tampoco avalaríamos un mecanismo mediante el cual se habilite a cualquier mayoría circunstancial del parlamento a perseguir a los opositores, como las que ya suceden en el día de hoy y afectan, aunque por causas muy diferentes, a nuestros legisladores, por apoyar luchas y reclamos de la clase trabajadora. Mientras que nos pronunciamos contra toda persecución política, tampoco podemos desconocer que los fueros han sido utilizados innumerables veces por la casta política para gozar de impunidad. Un caso emblemático es el del senador Carlos Menem. Es por eso que se debe analizar caso por caso.

Párrafo aparte amerita el hecho de que la bancada del FpV esperaba que el propio ministro renunciara a sus privilegios, y al no haber sucedido ni siquiera bajaron al recinto a defenderlo, dejándolo a su suerte.

Dicho esto, tampoco se nos escapa que el caso De Vido desnuda todo un “modus operandi” del Gobierno que tiene correlato a nivel continental. Nos referimos al uso de causas de corrupción (en muchos casos reales) y de otro tipo, para iniciar derivas autoritarias cuyo caso extremo fue el golpe institucional contra Dilma Rousseff. Una cosa es la condena a los hechos de corrupción, otra distinta la persecución política y el desconocimiento de la voluntad popular, como ha sucedido en Brasil y como se comienza a discutir ahora en Argentina con posibles nuevos casos de desafueros a legisladores sin que estén probados delitos de corrupción o de otro tipo. Graciela Ocaña y Ernesto Sanz, por ejemplo, ya han dicho que están pensando en impedir la asunción de Cristina Kirchner en base a la causa del memorándum con Irán, lo cual sería un claro proceder antidemocrático en el cual un juez que nadie votó se arrogaría el derecho de decidir por una decisión tomada por el Congreso Nacional.

Con esta política buscan transformar la corrupción en el eje de todos los problemas y tapar así con ello las políticas de ajuste, entrega, represión e incremento del control social.

Junto con eso, quienes están ahora en el Gobierno silencian con ayuda de un Poder Judicial, sus propios negociados, en muchos casos, efectuados en común con personas relacionadas al anterior Gobierno.

El Poder Judicial siempre se acomoda al signo de los tiempos. Es necesario acabar con esta casta privilegiada. Por eso el Frente de Izquierda propone juicios por jurados y que los jueces, que hoy son elegidos por acuerdos entre los partidos mayoritarios, sean elegidos por el voto popular y sean revocables. También, que dejen de tener privilegios, como sueldos de más de 200.000 pesos exentos del pago de ganancias.

El show mediático frente a la crisis Maldonado

En este marco, la detención del exministro se ha usado para montar un show mediático con el cual se intenta sacar de agenda el caso de Santiago Maldonado. Asistimos al último intento de salvaguardar al Gobierno del escándalo represivo que tiene a su ministra de Seguridad, a su lugarteniente Noceti y a la Gendarmería como principales responsables de la muerte del joven, mostrando a esa misma fuerza como la heroína que detiene a De Vido y “por eso la atacan”, como diría la inefable Elisa Carrió.

El incremento del poder punitivo del Estado

Un aspecto asombroso es que con el encarcelamiento de De Vido los mismos que durante años hicieron oídos sordos a nuestras denuncias sobre el incremento del poder punitivo del Estado, se anotician de que una persona pueda ir presa sin sentencia firme. Desde la reforma “Blumberg” a esta parte, el Congreso Nacional -donde el kirchnerismo tuvo mayoría- votó innumerables leyes como parte de un fenómeno de “inflación penal” y que encuentra su máximo exponente en las leyes antiterroristas. Miles de personas, pobres, jóvenes en su mayoría, sin prácticamente defensa y sin pruebas ni condena, alimentan cada día ese sistema infernal de cárceles con hacinamiento, torturas y comida nauseabunda.

Siempre hemos peleado por defender los derechos democráticos en general y del pueblo trabajador y los sectores más pobres en particular y por eso venimos denunciando que la justicia capitalista, en alianza con un Poder Ejecutivo con rasgos cada vez más autoritarios, apoyado por las corporaciones mediáticas, marchan hacia una "democracia carcelaria". Como este sistema no puede siquiera alimentar a millones de personas, quieren poner presas a una buena porción de ellas para disciplinar al resto. Por ese camino pugnan desde hace años los sectores más reaccionarios de la sociedad y mucho han avanzado. Lo que se busca es marchar hacia modelos represivos/carcelarios como los de Estados Unidos o Brasil, que tienen millones de presos en sus cárceles (incluso han hecho un negocio de ello), como forma de disciplinar al resto de los sectores populares e incluso regular el mercado de trabajo.

Ahora, la corrupción

La corrupción está en el ADN de estas democracias degradadas y prebendarias. La gestión de los negocios (licitaciones, obras, etc.) en el Estado capitalista, termina manchada por las denuncias de corrupción.

Pero no se nos escapa que mientras hay una campaña de denuncias y juicios contra ex funcionarios hoy opositores, no hay un solo integrante o familiar de la fuerza del gobierno preso o a la espera de un desafuero. Estamos ante un evidente pacto de impunidad para algunos. Basta sólo señalar que IECSA, empresa de Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, está tercera en el listado de empresas que consiguieron la mayor cantidad de contratos de obra pública bajo gobiernos kirchneristas. Esta misma empresa se presentó también a licitaciones en común con Austral Construcciones, de Lázaro Báez.

Por esa realidad, no vamos a sostener la farsa gubernamental: adelantamos que, salvo excepciones debidamente fundamentadas que en cada caso estudiaremos puntualmente, no acompañaremos pedidos de desafuero que no cuenten como mínimo con una sentencia firme. La izquierda no va ser cómplice de ninguna campaña gubernamental y mediática que acuse solo a opositores mientras no se cumple con la elemental medida de investigar quiénes fueron los "corruptores", los empresarios que pagaron y pagan fabulosas sumas para obtener ventajas en las licitaciones públicas.

Una reflexión más profunda

Con años de lucha hemos logrado encarcelar a unos cientos de genocidas de la dictadura. Pero no se ha avanzado prácticamente contra los civiles, contra los empresarios que promovieron el golpe genocida y se beneficiaron con él. Ellos hasta fueron capaces de tener sus propios centros clandestinos de detención en sus mismas empresas o a la vera de ellas. Una monstruosidad que cuesta hasta racionalizarla, pero se impone hacer el ejercicio: un típico señor burgués se arma su propio Auschwitz contra los activistas de su fábrica. Todos los años posteriores a la caída de la dictadura nuestra pelea central contra la impunidad fue la de romper ese sentido común que se impuso desde el año 1983 y que indica que eso no se cuestiona, que sólo se puede encarcelar al brazo armado ejecutor.

Ese sentido común está más vigente que nunca. A pesar de que formalmente el Código Penal indica que los delitos más graves son los que afectan el derecho a la vida, no es eso lo que se propagandiza como excusa para pasar sus planes de hambre y entrega.

Un sector de las clases dominantes intenta convencer a las mayorías populares de que los delitos relacionados a la corrupción son infinitamente más graves que la persecución y los asesinatos de características políticas. Durante el Gobierno de Carlos Menem se asesinaron a varios luchadores, pero en ningún caso se avanzó en las responsabilidades políticas. Ni un día presos estuvieron quienes ordenaron las represiones en las que murieron Teresa Rodríguez y Aníbal Verón, entre otros. Ni Eduardo Duhalde por el asesinato de Kosteki y Santillán en el Puente Pueyrredón, ni hablar de Fernando De la Rúa, que huyó en helicóptero dejando un tendal de muertos y su Gobierno comenzó con la matanza de Mauro Ojeda y Francisco Escobar en Corrientes.

Porque no se puede escindir esta supuesta lucha contra la corrupción del contexto más general, manifestamos una vez más, por si es necesario, que no seremos parte de su circo.