OPINIÓN. A retomar las calles: las personas LGTBI+ por derecho a vivienda y salud

Pasaron casi seis meses desde las medidas de aislamiento social. Mujeres, travestis y trans reclamando su derecho a la vivienda o familias pidiendo un plato de comida para sus hijas e hijos, se vuelven una postal cotidiana.

La entrada en escena de la pandemia abrió una crisis económica y sanitaria que puso al desnudo las desigualdades que vive la gran mayoría laburante y pobre. Una situación que se agrava aún más para las mujeres y personas LGBTI+ que sufren todo tipo de discriminaciones y vulnerabilidades.

Ni una menos sin vivienda

“Miles de mujeres trans en nuestro país se encuentran inmersas en una crisis económica-habitacional, producto de la pandemia. Según la Encuesta Nacional de Alquileres del Mes de Mayo, el 85 % de ellas no pudo pagar el alquiler”, sentencia el informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT.

Desde el Hotel Gondolín, un edificio que fue recuperado por trans y travestis para tener un techo donde vivir, Luz cuenta para Izquierda Diario que es una situación que sigue al día de hoy: “Muchas compañeras se han quedado con deudas que superan los 100 mil pesos, prácticamente es como una explotación todo eso, atravesar esa situación. Más los primeros meses, cuando el dueño por ahí te apuraba a que ‘pagues el alquiler’, que ‘salgas a trabajar’ y chicas se expusieron, salieron a trabajar para poder pagar sus alquileres, prácticamente fueron explotadas por los propios dueños”.

Las tomas de tierra que recorren el país tienen entre sus protagonistas a miles de mujeres laburantes y pobres que buscan un lugar donde vivir, mientras intentan sostener a sus familias y/o acaban de perder sus trabajo. Una situación a la que no escapa la población trans, ese sector social donde la gran mayoría es pobre producto de una larga cadena de discriminaciones e injusticias, desde ser echadas de sus casas hasta no poder conseguir un trabajo estable.

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A pesar del decreto que prohíbe los desalojos el informe citado también asegura que se reportaron cientos de casos en los que personas trans fueron arrojadas a la calle por no poder abonar. Un problema ante que el Estado no implementa medidas concretas para dar solución, más bien la contrario. Las últimas semanas las mismas fuerzas represivas que hostigan cotidianamente a las trans, llevaron adelante desalojos de terrenos tomados en todo el país con el aval del Poder Judicial y los propios dichos de funcionarios del Gobierno como Sergio Berni, Axel Kicifillof y Alberto Fernández señalando las tomas como delitos.

Cuestión de prioridades

Recientemente el Gobierno emitió por decreto la creación de un cupo laboral trans en el ámbito administrativo a nivel nacional, una demanda por la cual hace años reclama y sale a las calles el activismo LGBTI+. El decreto por sí mismo no garantiza su aplicación efectiva, tiene como antecedente que en las cinco provincias y los municipios donde hay sancionadas normativas que establecen un cupo, las organizaciones y activistas locales recurrentemente denuncian que no se implementa en los hechos. Hasta el momento el mismo venía debatiéndose en el Congreso, donde el oficialismo preside la Comisión de Mujeres y Diversidad de esa cámara y en teoría se predisponía a dictaminar un proyecto de ley. Finalmente sin poner a consideración las más de 11 iniciativas presentadas, se estableció la medida por decreto.

El cupo es una demanda elemental exigida para dar respuesta a la discriminación laboral, esa misma que lleva a que la mayoría de las personas trans se prostituyan para poder sobrevivir. La Encuesta Nacional de Alquileres del mes de mayo también da cuenta de ello, un 57% de mujeres trans se quedó directamente sin ingresos económicos. Según el relevo de septiembre realizado por el Observatorio de Despidos durante la Pandemia de La Izquierda Diario son 5.509.156 las y los trabajadores afectados por despidos, suspensiones y ataques al salario.

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La precarización laboral tiene como consecuencia el constante y progresivo deterioro de las condiciones de vida, una realidad cotidiana de miles de jóvenes LGBTI+. A su vez, decenas de sindicatos se mantienen inmovilizados con salarios que cada vez alcanzan menos y múltiples paritarias congeladas.

Posterior al aislamiento social obligatorio el gobierno tomó medidas para las personas trans como otorgar 2.800 módulos alimentarios e implementar el programa Potenciar Trabajo para 3.500 trans, que consiste en una asignación mensual de $8.437,50. Un monto inferior a la IFE que comenzó a cobrarse recién en julio y no alcanza siquiera para alquilar una vivienda en condiciones dignas.

Mientras la crisis se abre paso los grupos de empresarios como los bancos que tuvieron ganancias récords los últimos años, siguen sin poner un solo peso. A la par el Gobierno hizo de su prioridad llegar a un acuerdo con los buitres para el pago de la deuda. A los trabajadores de la salud, estatales y docentes el oficialismo les niega las paritarias, pero al mismo tiempo cedió al chantaje de la Policía Bonaerense, que a punta de pistola consiguió un aumento de sus ingresos en tiempo récord. Cabe destacar que esta fuerza comandada por Berni es señalada como la principal responsable en el caso de desaparición y muerte de Facundo Castro.

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A retomar las calles

El cuadro de conjunto pone en evidencia que son necesarias medidas concretas que den respuesta a las problemáticas que atraviesan las personas LGBTI+. Durante los últimos meses los sectores más reaccionarios de la sociedad realizaron múltiples movilizaciones levantando desde discursos contra las medidas de cuarentena, hasta contra la “ideología de género”.

Es por todas estas razones que este 17 de septiembre, desde el PTS y la agrupación de mujeres Pan y Rosas, convocamos a la jornada de lucha impulsada por la izquierda y el sindicalismo combativo. Nos movilizaremos en las calles de distintos puntos del país, tomando las medidas de seguridad sanitaria necesarias para cuidarnos, levantando las demandas de la diversidad sexual: por el derecho a una vivienda digna, contra la represión policial, la implementación efectiva y urgente del cupo laboral trans, la absolución para Luz acusada por el Poder Judicial por un crimen que no cometió, y contra la violencia y los travesticidios, como el caso de Melody en Mendoza.

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