Opinión. A tres años de la Ley de aborto: a la clandestinidad no volvemos nunca más

A comienzos de diciembre, un informe presentado por el Proyecto Mirar, que impulsa el Centro de Estudios de Sociedad y Estado (CEDES), detalló que, desde que se sancionó la ley hasta octubre de 2023, es decir, casi tres años, 245.015 personas accedieron a interrupciones seguras y legales del embarazo en instituciones públicas de salud. También detalló que hasta junio de 2023, la línea de atención gratuita sobre salud sexual recibió 40.563 consultas, de las cuales el 92% fueron sobre aborto.

Aunque existen desigualdades para acceder a este derecho y la implementación de la ley es deficiente, el Informe también señala que en este período se duplicó la cantidad de servicios públicos que realizan interrupciones, que son 1982 en todo el país, y que el 90 por ciento de las interrupciones que ocurrieron en el primer trimestre, fueron domiciliarias y medicamentosas, con pastillas. Las interrupciones que se realizan en el segundo trimestre -muy pocas-, mayoritariamente se dan en adolescentes víctimas de abusos y, en menor medida, en personas que usaron de manera incorrecta métodos orales o inyectables.

Derecho al aborto y educación sexual integral

Según el Informe “Es mucho más que un aborto”, de CEDES, desde la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se registra un descenso notorio en la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes: de 2.350 embarazos en 2018 a 1.394 en 2021. En niñas de 10 a 14 años, se trata de una disminución del 43%.

Otro informe reciente, publicado por Socorristas en Red en 2022, dio a conocer también que ese año la organización brindó acompañamiento e información a 13.292 personas: “el 10% abortó en el sistema de salud, y el resto de manera autogestionada”. De esas 13.292 personas, 330 fueron niñas y adolescentes. El 86% (284) iba a la escuela y el 14% (46) no. En 2021, el total de niñas y adolescentes acompañadas por esta Red había sido mayor: 441.

Otro dato que surge de este informe: el 31,8% de las niñas y adolescentes acompañadas dijo recibir Educación Sexual Integral en la escuela, mientras que el 52,7% dijo recibir esta información en otro espacio y el 15,5% no pudo definir dónde recibió la mayor parte de la información.

Los ataques a la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo

- Dictámenes a la medida del ultraderechista Rodolfo Barra

Desde la sanción de la Ley de IVE, los grupos antiderechos presentaron 37 acciones judiciales buscando que se declare inconstitucional. Casi todas fueron rechazadas por carecer de legitimación para litigar. Sin embargo, recientemente se dictaminó que la Asociación Civil codobesa Portal de Belén y un grupo liderado por la ex senadora “celeste”, María Cristina Fiore Viñuales -actual ministra de Educación de Salta-, sí tendrían legitimación para cuestionar la constitucionalidad de la IVE en representación de fetos, es decir, aun cuando no haya ningún caso concreto por el que se demande ni alguien que denuncie o alegue haber sido afectado por una interrupción voluntaria de un embarazo. Una gran incoherencia, por donde se la mire.

Aunque estos dictámenes no tienen carácter vinculante para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo escandaloso de su caso es también su contexto, ya que aparecen a dos días del nombramiento del ultraderechista (y ultramenemista) Rodolfo Barra como Procurador General del Tesoro Nacional, incorporándose a la gestión de Milei a través de un DNU que modificó los requisitos para que pueda ser nombrado.

Barra, un personaje también ligado al Opus Dei, es el abogado que patrocina a los demandantes salteños, y ahora también el jefe de los abogados que defienden al Estado en causas como las que involucran al ministro de Economía Luis "Toto" Caputo y al ex presidente Mauricio Macri, u otras que serían claves para la ingeniería jurídica de decretos, leyes, resoluciones y decisiones del "plan motosierra" que podrían terminar judicializadas.

- Objeción de conciencia: el caldo que empieza a dar cultivo

Junto con este ataque, como señala un informe reciente de Ecofeminita, se profundiza otro, que es el de la Objeción de conciencia, impuesta con el voto del ex Frente de Todos (hoy Unión por la Patria) y Juntos por el Cambio al proyecto original, presentado por la Campaña.

También el monitoreo de Cedes verificó numerosos hospitales y centros de salud públicos donde la totalidad del personal invoca “objeción de conciencia” y se incumple la garantía del servicio que determina la ley. En provincias como Córdoba, esto lleva por ejemplo a que cerca del 75% de los hospitales y centros de salud no realicen abortos legales ni garanticen las condiciones para derivar.

- Motosierra contra el derecho a decidir

El Mega DNU y la Ley Ómnibus que envió Milei al Congreso Nacional atacan "derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos que están contemplados en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, en la ley 25.673 y en la ley 27.610, entre otras normativas". Así lo denunciaron a tres años de la conquista de la ley, con un Pañuelazo frente al Congreso, desde la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

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La derogación de la ley 27.113 que promueve la actividad de los laboratorios de producción pública también afectaría la producción de drogas como la mifepristona y el misoprostol, cuyo uso combinado es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la forma más eficaz y segura de interrumpir un embarazo por vía medicamentosa. El aumento de los medicamentos producto de la inflación ha llevado a estas drogas a precios irrisorios, cuestión que sólo puede empeorar la situación de quienes quieran acceder a la interrupción por esta vía, que además para muches es la única posible en un contexto donde la ley no está plenamente garantizada en todo el territorio.

Otro ataque del Ejecutivo a esta ley es la modificación de la ley 27.611 de los Mil Días Días, que como denuncian desde la Campaña, “pondría en cuestión al derecho al aborto al consagrar legislativamente el derecho del niño ‘desde la concepción’ y del ‘hijo por nacer’. Excluiría además a las disidencias sexogenéricas al hablar de ‘madre’ y no, de persona gestante, e instauraría un estado de vigilancia policial sobre las personas gestantes de bajos recursos”.

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La motocierra de Milei afectará las condiciones para acceder a este derecho. En este sentido, sirve recordar también el informe de Socorristas en Red, que advertía -ya bajo la gestión anterior-, que de las personas a las que acompañaron “el 68,4% refirió tener un trabajo remunerado, sin embargo, solo el 27,6% tenía trabajo formalmente registrado al momento del aborto. El 40,8% aseguró realizar tareas remuneradas de manera informal. Este dato refleja cómo el impacto de la crisis económica que atraviesa la Argentina es aún mayor en mujeres y diversidades”.

Poner en movimiento la fuerza del Ni Una Menos y la Marea Verde

“Tenemos que organizarnos en cada dependencia estatal para imponer el rechazo a los despidos y el pase a planta permanente y para pelear por nuestra unidad en las calles”, dice Lorena Itabel, delegada del Ministerio de Economia e integrante de la Agrupación Marrón Clasista. Ella, como miles de trabajadoras estatales, también fue parte de las masivas movilizaciones que dieron origen al grito del Ni Una Menos y a los paros en los lugares de trabajo para reclamar en las calles por el aborto legal.

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Hoy se vuelve urgente poner en juego toda esa fuerza, experiencia y energía de lucha al servicio de unificar los reclamos contra los despidos a las trabajadoras estatales, muchas de las cuales sostienen los programas de atención a víctimas de violencia de género, de acceso a la educación sexual integral y a la salud sexual y reproductiva, entre mchos otros.

Impulsar comisiones de mujeres, organizarnos en los barrios, en los lugares de trabajo, en las escuelas y universidades y en cada lucha. Como señala Andrea D’Atri en esta nota, contra quienes quieren dividirnos desde arriba, no podemos hacer la diferencia desde abajo. Para preparar la defensa de todos nuestros derechos, ante un gobierno que se propone pisotear nuestras conquistas y empeorar nuestras condiciones de vida, no hay segundo que perder.

El llamado al paro y la movilización del próximo 24 de enero, para que podamos participar todas, sindicalizadas y precarias, trabajadoras informales, desocupadas, estudiantes, es un gran desafio para el movimiento de mujeres, que tiene planteada la tarea de aportar a quienes se ponen de pie contra los despidos, los tarifazos, el ataque a los salarios y a nuestras condiciones de vida: nuestros principales aliados en la lucha por nuestros derechos más elementales.