“ES SANTIAGO”. A un año de la aparición sin vida de Maldonado, las preguntas abiertas siguen sin respuesta

El espanto recorrió los celulares de millones de personas, a muchas nos cortó el aliento. Fue hace un año y eran las imágenes del cadáver de Santiago Maldonado, que tomó y filtró un médico policial que trabaja en el Ministerio de Seguridad.

La quintaesencia del mal se había ensañado con la familia. Alguien había decidido retorcer un puñal en sus heridas abiertas por la desaparición de “Ardilla”, como le decía su cuñada Carolina.

Fue un aviso para ellos y la sociedad de que el calvario continuaba. Una señal de la continuidad de los métodos del terrorismo de Estado en la era digital y en democracia.

El juez federal Gustavo Lleral casi estrenaba cargo y había redactado la orden cuatro días antes (con un fin de semana largo de por medio), que incluía el allanamiento de la estancia Leleque, propiedad de Benetton, que nunca concretó.

Mientras iban llegando a Esquel los perros adiestrados y se movilizaban los demás recursos para una búsqueda que surgía a partir del pedido de un jefe de la Prefectura Naval que había comandado los cinco rastrillajes anteriores, el magistrado pedía a las partes “extrema discreción”. Así, pudo manejar él los tiempos y el discurso.

El hallazgo del cuerpo, pasado el mediodía del 17 de octubre, paralizó a todos y todas. Desde una barranca era tan evidente ese bulto flotando en el agua a pocos metros de la orilla que Sergio no pudo contenerse. “¡Qué hijos de puta, lo plantaron!”

En ese mismo sitio, 300 metros río arriba del lugar donde Santiago había intentado cruzar para escapar de las balas de los gendarmes, los mapuches buscaban agua cada día; una semana antes había pasado por allí la abogada de la familia, Verónica Heredia con el perito Alejandro Incháurregui, y también los buzos en los operativos anteriores.

Hubo desgarradores gritos de dolor. Los mapuches desencajados no podían creer la infinita perversión que implicaba haberlo dejado frente a sus narices, como dijeron.

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Un hecho trascendente… sin registros

Al momento de reconstruir lo sucedido se enteraron que el momento del hallazgo, inexplicablemente, no había sido filmado. Es decir que un buzo lo encontró, avisó a otro, éste al juez y recién entonces acudieron los demás.

Otro episodio extraño había ocurrido un rato antes cuando el bote donde iba el testigo (y miembro de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen) Matías Santana se dio vuelta y cayó al agua, justo mientras sacaba fotos. Fueron momentos de zozobra porque el “Conejo” no aparecía, luego contó que tuvo que socorrer él a un buzo que decía que se ahogaba.

Siete horas permanecieron Sergio Maldonado y su compañera Andrea Antico, acompañados por la comunidad y por Julio Saquero, Mabel Sánchez y unos pocos muy íntimos allegados, sin moverse de al lado del cuerpo porque no confiaban en nadie, según dirían más tarde.

El juez Lleral no dejó pasar a la fiscal Silvina Ávila y los mapuches tampoco recibieron bien la llegada de Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación. Algunas piedras volaron contra los autos de la comitiva, y fue la excusa perfecta para que en uno de esos vehículos se demorara el fotógrafo policial. Por eso cuando llegaron a la Morgue de Esquel tomaron fotos con sus celulares el juez y tres personas más.

La fiscalía terminó imputando de la filtración de la foto a Werther Aguiar, un funcionario del ministerio que comanda Patricia Bullrich, donde se desempeña como médico policial. Pero no sería su única ocupación: también trabaja en una empresa minera que le había asignado un programa en Radio Nacional de Esquel (que fue levantado cuando la fiscalía anunció que estaba imputado por filtrar las imágenes del cadáver de Maldonado).

“Es la persona que estuvo al lado mío, alguien que, cuando yo estaba sentado en una piedra mirando el cuerpo, venía a hacerse el amigo”, afirmó indignado Sergio Maldonado al recordar esa jornada en la entrevista que La Izquierda Diario le realizó el último 1° de agosto.

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Al servicio del capital

El movimiento No a la Mina denunció que Aguiar fue empleado por la minera Minas Argentinas S.A. (subsidiaria de la canadiense Yamana Gold) para ocupar un espacio en Radio Nacional de Esquel junto a Ricardo Bustos, el gerente de Comunicaciones de esa minera.

Sí, nada menos que Bustos, quien el 2 de agosto posteó en su cuenta de Facebook que Santiago Maldonado estaba detenido. “En realidad lo que sucedió con este sujeto, es que fue persuadido gentilmente mediante la firme acción de Gendarmería Nacional para que se retire del predio que ocupaba en Vuelta del Río junto al resto de los que lo acompañaban en el lugar (…) Como se negó a retirarse, Gendarmería Nacional procedió a detenerlo e identificarlo. Ahora está a disposición de la justicia de Chubut que deberá decidir si se declara competente en el caso o se saca de encima la papa caliente”.

En el remate de su mensaje, Bustos se permitió aclarar que “Maldonado aseguraba pertenecer al Lof de Resistencia mapuche, sin embargo sus amigos afirman que el sujeto era de La Plata pero residía en la vecina y marihuanera ciudad de El Bolsón, un hippie con OSDE 510 (sic)”.

¿De dónde tenía tanta información Bustos a pocas horas de la desaparición del “Lechu”, como le decían sus amigos anarquistas?

En su cuenta, Bustos no escatima elogios a la “derecha” y se proclaman “amigo de la Gendarmería”. Como “periodista” encabeza una furibunda campaña antimapuche y gozaría de la confianza de fuentes en las fuerzas de seguridad. Sin embargo, cuando tuvo que declarar ante el Poder Judicial nada aportó y tampoco fue interrogado en profundidad para que lo hiciera.

Aguiar, médico policial que amenazó con demandar a los periodistas que lo nombran en Esquel, y el comunicador antimapuche Bustos, aparecen no casualmente vinculados en esta trama donde abundan este tipo de cabos sueltos, marginados del enfoque de quienes tienen la responsabilidad de investigar y esclarecer el caso.

Hilando más fino, quienes veníamos involucrados en el seguimiento del caso pensamos que la masiva difusión de aquellas impactantes cuatro fotos fue una forma de decirle a todos los argentinos que “ahí estaba el hippie amigo de los mapuches”, no iríamos a elecciones con un desaparecido. Al menos no con uno cuyo caso tenía tanta exposición y movilización pública.

Aunque la carátula del caso sigue siendo desaparición forzada, por lógica cayeron las cautelares dictadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el oficialismo respiró aliviado.

El viernes siguiente al hallazgo se realizó la autopsia en la Morgue Judicial de Buenos Aires, dependiente de la Corte Suprema de Justicia. Una vez más, Lleral exigió silencio a las partes y monopolizó la palabra.

Maldonado confirmó a los cronistas en la puerta de la calle Viamonte que era el cuerpo de su hermano, y ratificó que Gendarmería seguía siendo responsable. El juez salió un poco más tarde, al filo de la medianoche de ese viernes, y eligió un dato para revelar, aunque las conclusiones tardarían más de un mes en estar listas.

“Lo único que les puedo decir en este momento es que, gracias a esta pericia se pudo determinar que no hubo lesiones en el cuerpo”, sonaron sus palabras para regocijo de los actuales ocupantes de la Casa Rosada. Faltaban poco más de 24 horas para que comenzaran los comicios nacionales y ya reinaba la veda electoral.

Con el tiempo sabríamos que a pesar de la unanimidad con que los peritos suscribieron el resultado final, no fueron 55 sino 28, y salvo tres todos los demás vieron el procedimiento por una pantalla.

Nunca se hizo la reconstrucción de los hechos, como tampoco fueron peritados los restos de muebles, ropas y juguetes que los gendarmes quemaron en la Lof de Cushamen el 1° de agosto, ni el análisis de los elementos encontrados en los bolsillos del pantalón del “Brujo”, como lo llamaban en la feria de El Bolsón y entre los mapuches.

La intención clara era cerrar el caso, y ante ciertas evidencias, y la contundencia del informe forense que resultó contener errores, algunas partes pretendieron despegarse de la figura del desaparecido. Otras, en cambio, sostienen que Santiago es un caso de desaparición forzada seguida de muerte. Y una tercera postura considera que con la aparición del cuerpo no cambia un escenario de homicidio agravado, en el marco de una represión ilegal.

“Más pasa el tiempo y más nos alejamos de establecer la verdad”, dijo ayer Sergio, que con Andrea mutaron su vida en un peregrinar de vínculos solidarios con las luchas donde el Estado es responsable de injusticias, desapariciones y muertes.

En estos últimos meses la causa entró en una parálisis y Maldonado lleva la cuenta de todas las medidas pendientes y rechazadas porque, afirmó con dolor y vehemencia, “a pesar de que el accionar de la familia judicial siempre está en sintonía con los gobiernos de turno seguiremos buscando verdad y justicia por Santiago”.

Mirá el documental Santiago Maldonado, un crimen de Estado