AGROTÓXICOS Y MUERTE. A un año de la explosión de Sigma Agro, en Mercedes reina la impunidad

Hace exactamente un año del incendio y la explosión de un depósito ilegal de agrotóxicos, propiedad de Sigma Agro en el paraje La Verde de la localidad bonaerense de Mercedes. El saldo, todavía impune, fue devastador: la muerte de Rubén Ponce, trabajador de la firma (quien recibió dosis letales de veneno), heridas de gravedad a un bombero y la liberación de al menos ochocientos mil de litros de plaguicidas como glifosato, glufosinato de amonio, paraquat, 2,4-D, atrazina, clorpirifos, lambda y bifentrin, todos productos comercializados por Sigma Agro.

Los vecinos de La Verde, agrupados en la Organización de Ambientalistas Autoconvocados, siguen reclamando justicia y señalan la responsabilidad tanto de la empresa como del municipio que comanda Juan Ignacio Ustarroz del Frente de Todos. Un crimen ambiental de estas características pasó sin mayores consecuencias para sus perpetradores a causa de un escandaloso blindaje político y judicial. “La empresa no cuenta con habilitación de ningún organismo”, denuncian en redes sociales, “lo que hace que su actividad sea ilegal y hasta clandestina”.

“Basta de mentirnos en la cara. Es el mayor derrame en la historia de la Argentina, cuarto en la historia del mundo, ¿y no pasó nada? Son ochocientos mil litros de concentrados de agrotóxicos derramados”. Martín Barros, referente de la organización ambientalista, contó en una entrevista con Radio Santa María, FM 88.1 de Mercedes, que un grupo de vecinos acudieron a una reunión con el intendente Ustarroz, el responsable de Ambiente, Juan Cruz Mendía, representantes del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y de la Asamblea Mercedina por la Agroecología. Allí los funcionarios reconocieron la contaminación, pero también, según Barros, “que en este año casi no se hizo nada”, ni siquiera el análisis científico que cuantifique los daños ambientales.

Más de 3 meses del incendio y estallido de la planta de la formuladora de agrotóxicos Sigma Agro, en Mercedes. Más evidencia de la contaminación promovida por la empresa. Blindaje político mediante, la catástrofe -provocó muerte, un herido, desastre ambiental- sigue impune. pic.twitter.com/1b8KiVa7gO

— Patricio Eleisegui (@Eleisegui) January 19, 2020

Hace algunos días, por presión de los habitantes de La Verde, comenzaron a moverse los tanques de mil litros. “Pasaron once meses y no se sacó nada del predio, salvo lo urgente y lo que fuese para producción industrial”, cuenta Barros. Los cascotes contaminados por estas sustancias potencialmente cancerígenas, por ejemplo, son considerados por la OPDS “residuos comunes”. Los vecinos relatan que estos tiene contenido de agrotóxicos vitrificado.

Entre otras irregularidades, Barros menciona que los análisis de agua realizados en el mes de agosto dieron negativos. “Nos parece una tomada de pelo: en la historia del OPDS no es la primera ni la última vez que nos trampeen con análisis”. El integrante de Ambientalistas Autoconvocados se lamenta de que todos los laboratorios de universidades se encuentren cerrados por la pandemia, dado que los resultados que arrojarían sus estudios les resultarían más fiables. “Estamos a la espera de contrapruebas”.

Funcionarios municipales, añade el vecino de La Verde, solo hablan del “otro uso” que Sigma Agro quiere darle al predio de una hectárea. “Ningún otro uso: que arreglen lo que hicieron”, dice enfáticamente. “Esa empresa era tan ilegal como una cocina de cocaína. No tenía habilitación municipal, provincial ni uno solo de los permisos certificados que exige la ley”. Sigma Agro, firma argentina que en su web destaca como valores la confianza, la responsabilidad y la sustentabilidad, funcionó en forma ilegal durante años.

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“La zona está contaminada”. Los habitantes de La Verde se apoyan en el reconocimiento que hizo el encargado de la propia empresa, en los estudios de la por entonces Secretaría de Ambiente de Nación y un laboratorio privado con muestras del municipio que dieron cuenta de la existencia de agrotóxicos en suelo y agua.

A un año de una catástrofe de tamaña envergadura, las explicaciones del municipio de Mercedes son más que pobres: el encargado del área ambiental de Mercedes, Juan Cruz Mendía, delegó responsabilidades en el OPDS. Entre bostezo y bostezo muy sonoro en plena emisión radial en FM Santa María de Mercedes, el funcionario dijo que “vamos avanzando”, pero que la pandemia frenó todo en febrero. Como si quisiera apurar el trámite y bajar el tono a las denuncias de los vecinos de La Verde, el funcionario insistió que los estudios de agosto en agua y suelo en propiedades vecinas y la escuela dieron negativos, es decir, no había trazas de agrotóxicos. Como si fuese una especie de abogado de Sigma, aseguró que “la empresa desmontó todo”, sigue clausurada y que “quedan muy pocos bidones con agroquímicos”.

“El tema ambiental y de estas cosas es muy complejo”, atinó a esbozar quien es precisamente el coordinador del área. “La gente está más tranquila porque la empresa no va a funcionar más ahí”, afirmó. “No quedó nada de los galpones, está todo muy limpio”. Martín Barros, el vecino que habló en la misma emisora un rato después, aseguró que la gente no tiene ganas de hacer nada porque está “cansada de que le mientan”.

Casi doce meses tardó Sigma en empezar a remover algunos tanques con tóxico, mientras los escombros contaminados siguen expuestos en el predio a cielo abierto y a la vista de todos. Para el OPDS se trata de cascotes comunes. “Si alguien tiene que consolidar un camino, la única ventaja es que nunca más va a tener que cortar el paso”, dice Barros con un sarcasmo que deja traslucir su amargura. Recién en agosto hubo resultados de estudios, pero los vecinos no confían en su confiabilidad. Una muerte, heridos graves y daños ambientales aún incalculables son responsabilidad de Sigma y la Municipalidad de Mercedes. Los vecinos de La Verde solo piden que se hagan cargo.