El Gobierno busca hacernos cargar la crisis a l@s trabajador@s, mientras Barbara Figueroa y el Partido Comunista a la cabeza de la CUT, nos llama a naturalizar la precariedad de la vida, sosteniendo la Ley de “protección” del Empleo.
Sábado 3 de abril de 2021
La desidia e incapacidad del gobierno para controlar la pandemia mostró su fracaso durante las últimas jornadas. El día de hoy, el país superó el millón de casos de contagios por coronavirus y cuenta con un 96% de ocupación de las camas UCI a nivel nacional, según señala el registro IcovidChile.cl.
Mientras los contagios continúan en alza, la sobrecarga laboral de miles de trabajador@s de la salud es latente y agotadora, como es el caso de las y los trabajadores del Centro de salud Alejandro del Río de la comuna de Puente Alto, quienes ni siquiera han podido desarrollar turnos rotativos para poder descansar, un derecho básico que necesitamos todas y todos los trabajadores. La respuesta que han recibido los trabajadores de la salud ha sido un portazo en la cara: “no hay recursos”, dicen las autoridades del gobierno, cuestión que se replica en la mayoría de las comunas de Chile.
La tasa de desocupación supera el 10% y la ocupación informal el 26%, según informa el boletín trimestral de la Encuesta Nacional de Empleo, mientras que al mismo tiempo desde el Gobierno nos explicitan a viva voz que “todos debemos poner de nuestra parte” decretando cuarentenas y medidas que no solucionan de fondo los contagios. Pareciera que somos los y las trabajadores, los sectores populares, quienes somos los únicos llamados a desarrollar este slogan, contra viento y marea, viajando lleno en los metros y micros incluso.
Por su parte, los grandes empresarios han buscado mecanismos para resguardar sus privilegios, la fuga de capitales del gran empresariado en Chile ha ido aumentando según los datos del Banco Central, en lo que va del año sacaron 3.800 millones de dólares del país. Sumemos a esto que Luksic aumentó su fortuna en un 84% en el marco de la crisis sanitaria, mientras el gobierno nos entrega migajas, esperando que paguemos la crisis nosotros.
Son los mismos que son responsables de que actualmente en el país la cesantía supere el 10% con más de 938 mil desocupados; que existan 1.078.125 personas suspendidas- que no perciben sueldo o sus sueldos sean más bajos al sueldo mínimo-, mientras ellos mantienen sueldos millonarios.
Queda en evidencia que recursos hay para paliar la crisis económica y sanitaria. Sin embargo, desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), cuya presidenta de la multisindical es Bárbara Figueroa, dirigente del Partido Comunista y hoy candidata a la Convención Constitucional por el distrito 12, han demostrado su rol criminal para el conjunto de millones de trabajadores donde el Partido Comunista junto con la derecha (UDI incluida), la DC y parte del FA en el parlamento dieron cabida a la Ley de Protección al empleo.
A un año de la votación de esta criminal ley, desde la CUT nos invitan sin cuestionamiento mayor a aceptar migajas, y hacernos creer que no hay más camino que el de confiar en la buena voluntad de aquellos que han profundizado la miseria para millones, es la voluntad de los partidos del régimen de los 30 años, la del gobierno de Piñera y de los empresarios.
Es más grave aún la actitud de la CUT, porque nos empujan a que sigamos sacando de nuestros propios bolsillos los recursos para enfrentar la crisis y a seguir aceptando que los dueños de las empresas nos dejen sin sueldo a los trabajadores mediante la ley de Protección al Empleo, teniendo que pagar la crisis con fondos de desempleos y nuestros ahorros previsionales.
La CUT tiene que romper la tregua con el gobierno y levantar un plan de lucha para un real plan de emergencia frente a la crisis, confiando en la fuerza de los y las trabajadores.
La Central de Trabajadores de la CUT hace oídos sordos a las demandas y necesidades de millones de trabajadores. Pareciera que en su visión no existe la rebelión popular de Octubre del 2019 y nos empujan a quedarnos de brazos cruzados, cuando los y las trabajadores tenemos la fuerza para cambiar nuestro destino. Su responsabilidad directa es organizar y movilizar desde las bases, ya no con llamados infértiles por redes sociales, sino buscando articular nuestras fuerzas para buscar efectivamente enfrentar los ataques del gobierno.
En pequeñito tenemos ejemplos a tomar, como los y las trabajadores de la salud quienes nos muestran un camino, como hemos visto las últimas jornadas en la comuna de Puente Alto con más muertos por Covid en Chile, donde l@s trabajadores del centro de salud público Alejandro del Río, se movilizan exigiendo condiciones de trabajos básicas para seguir cuidando la salud de millones y hoy comienzan a articularse a través de la Coordinadora de organizaciones sociales y políticas de Puente Alto Contra la represión, para levantar una campaña junt@s # No somos Robot, con el objetivo de visibilizar la realidad de miles.
Fin a la ley de suspensiones, prohibición a los despidos y renta universal de emergencia
En un comunicado emitido durante esta semana, desde la CUT sostuvieron la necesidad de una renta básica de emergencia de 500 mil pesos para el 80% de la población, el fortalecimiento estatal del seguro de cesantía, el tercer retiro del Fondo de Pensiones, el control de precios sobre los productos alimenticios, sanitarios y servicios básicos junto al impuesto a los súper ricos y royalty a la minería. Sin embargo, uno de los puntos más cuestionables es el refuerzo a la maldita Ley de Protección al Empleo.
“Prohibir todo despido en aquellas empresas que se hace uso de la ley de protección al empleo, durante la suspensión laboral y hasta 6 meses del término de la suspensión.”, expresa uno de los puntos del comunicado el cual plantea impedir los despidos a las empresas acogidas a la Ley de Protección al empleo, dejando una vez más la puerta abierta a la aplicación de esta maldita ley diferenciando inclusive los tipos de trabajadores.
El comunicado CUT, cuyo mensaje inicial plantea la “necesidad de construir un fuerte estado de bienestar para ir en ayuda de las familias trabajadoras”, no es más que un lavado de cara al gobierno de Piñera frente a las medidas cosméticas que se han tomado para paliar la crisis sanitaria. Medidas como el bono IFE y más inyecciones económicas para un sector de la población sólo han sido medidas transitorias y focalizadas. Mientras que el gobierno de Piñera sólo se sostiene con mayores recursos para la represión con fondos millonarios a las FFAA y Carabineros en desmedro de la salud pública, donde trabajadores de la salud denuncian falta de presupuesto, falta de personal y de recursos. Esos son los reales intereses del gobierno.
Necesitamos organizarnos para enfrentar la crisis con un plan de emergencia que no se sostenga sobre nuestros hombros y nuestras familias, ¡porque recursos para impulsar esto, existen !
Levantemos un plan de para que la crisis la paguen los empresarios y no las familias trabajadoras que parta por: 1) Ingreso universal de emergencia para desempleados, trabajadores informales y dueñas de casa de $550.000; 2) Prohibición inmediata de los despidos y suspensiones, asegurando el pago íntegro del salario y la derogación de la Ley de Protección al Empleo. La creación de Comités de Higiene y Seguridad en cada lugar de trabajo para decidir la suspensión de labores no esenciales o readecuación, y la paralización total de toda actividad no esencial; 3) Unificación del sistema sanitario privado con el público, nacionalizando clínicas y laboratorios privados que lucran con la salud y la vida de las personas, para poner toda la infraestructura al servicio de combatir la pandemia, bajo control de sus trabajadores/as, las comunidades científicas y usuarios; 4) Fin al toque de queda y de militarización. Derogación de las leyes represivas y libertad a los presos de la revuelta; y 5) Impuesto extraordinario a las grandes fortunas, bancos y empresas mineras para financiar el plan de emergencia.
Que la crisis la paguen los empresarios y no el pueblo trabajador
Necesitamos un programa para conquistar los anhelos de la rebelión iniciada el 18 de octubre del 2019, donde mediante la huelga general del 12 de noviembre hicimos temblar al gobierno con paros nacionales en distintos puestos de trabajo y movilizaciones exigiendo Fuera Piñera y una Asamblea Constituyente libre y soberana. A raíz de esto, los partidos del parlamento desde sectores del Frente Amplio hasta la derecha hicieron un pacto con el “Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución” a espaldas nuestras. Ese 15 de noviembre acordaron llevar un proceso constituyente controlado por ellos mismos, para desviar la lucha en las calles y mantener el legado de la dictadura. Mientras que el Partido Comunista (PC) renunció pelear por la salida de Piñera y a continuar la huelga general del 12 de noviembre.
Pero los trabajadores tenemos la fuerza y podemos darlo vuelta todo con un programa que plantee la conquista de la salud, el fin a los despidos a través de la derogación del artículo 161, el derecho a un sueldo mínimo y una pensión acorde a una canasta básica familiar, por el derecho a la educación, vivienda y salud digna, gratuita y de calidad. Para esto hay que nacionalizar los recursos estratégicos bajo control de las y los trabajadores, partiendo por la expropiación de las multinacionales del cobre que saquean nuestros recursos y que aún con pandemia han aumentado su producción a costa de la salud y vida de las y los trabajadores.
Los trabajadores necesitamos un programa que se proponga derrotar a los capitalistas mediante la movilización y la auto-organización de la clase trabajadora, para conquistar un gobierno de las y los trabajadores en ruptura con el capitalismo.
