El próximo lunes 17 de octubre, habrá una nueva reunión entre el Concejo Provincial de Educación y ADOSAC. Se discutirá la contraoferta que el gremio docente resolvió en su último Congreso Provincial realizado el jueves 13 de octubre pasado. En caso de no ser aceptado por el CPE, habrá paro por 96 horas.
El CPE, junto al Ministerio de Trabajo sigue con la misma metodología (desde hace varios años), atacando y tratando de debilitar al gremio docente que se niega a aceptar la Conciliación Obligatoria, varias veces impuesta a cada conflicto salarial o laboral. Esta vez sancionó a ADOSAC con una multa de 32 millones de pesos, por el conflicto gremial y social ocurrido en el año 2017, cuando las y los docentes, junto al resto de los trabajadores de la administración pública no percibían sus salarios en tiempo y forma. La dirigencia gremial docente denunció como un intento de vaciar y quebrar el sindicato.
A continuación, publicamos el comunicado emitido luego de realizarse el Congreso Provincial de ADOSAC.
El Congreso Extraordinario Provincial de la ADODAC resuelve:
Realizar contrapropuesta ante el último ofrecimiento realizado por el Gobierno Provincial: que se incluya la cláusula gatillo a partir del mes de agosto y que se mantenga de forma permanente, más una recomposición salarial de un 20% para poder recuperar parcialmente el poder adquisitivo que hemos perdido en estos últimos años, que los $2.500 sean incorporados de forma inmediata al escalafón docente conforme al acuerdo paritario del mes de marzo del corriente año. Manifestar nuestras demandas en la reunión del día viernes 14 de octubre y de no haber respuesta favorable, determinar paro por 96 horas para la próxima semana.
Continuamos exigiendo la devolución de los días caídos que fueron descontados durante las últimas liquidaciones de haberes y que revisten carácter alimentario para quienes lo sufrieron.
Exigir la reincorporación de todos/as las/os compañeros despedidos/as bajo el eufemismo del “CUMPLIMIENTO EFECTIVO” utilizado por el Concejo Provincial de Educación para justificar el desconocimiento de los derechos laborales sobre el trabajador docente.
Repudiar ENÉRGICAMENTE EL VACIAMIENTO E INTENTO DE QUIEBRE DE ESTE SINDICATO A TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE UNA MULTA MILLONARIA que asciende a $32.000.000 (treinta y dos millones de pesos) aproximadamente, haciendo responsable al gobierno provincial, su justicia cómplice y el ministerio de trabajo que se complotaron con este fin, cuando originalmente la docencia de Santa Cruz pedía cobrar su salario en tiempo y forma en el año 2017 en una clara actitud de persecución sindical.
Reafirmar todos los reclamos laborales y pedagógicos que forman parte de nuestro pliegue de reivindicaciones y que fueron planteadas en la paritaria, continuar exigiendo las titularizaciones en todos los niveles del sistema educativo de Santa Cruz.
Continuar exigiendo edificios propios para las Escuelas Industriales de Procesos Energéticos y una mayor inversión en la modalidad que acompañe previamente tanto las prácticas profesionales respectivas de la Educación Técnica, como las necesidades particulares de cada institución.
Reiterar el repudio a la sanción en el sumario administrativo realizado a los ex Vocales Electos de la Junta de Clasificación de Inicial – Especial quienes fueron orgánicos de Nuestro Congreso defendiendo al conjunto de los docentes de la Provincia ante la implementación de la Resolución 066/18, que impone un presentismo encubierto además, el nuevo sumario al compañero Marcelo Vera, vocal saliente de la Junta de Nivel Inicial – Especial, lo que constituye una clara persecución totalmente direccionada y maliciosa por parte del Concejo Provincial de Educación.
La necesidad de agilización en el tratamiento de los expedientes jubilatorios en educación.
Repudiar el inminente desalojo de las familias en localidad de Puerto San Julián, ante la falta de viviendas que hoy sufren una importante cantidad de habitantes en nuestra Provincia y que pone en peligro la integridad física, psíquica, y social de todas familias que allí permanecen y que vulnera principalmente a los niños, haciendo responsables a las autoridades que avanzarían en esta nefasta decisión.
Continuar con la exigencia de desprocesamiento de los compañeros por luchar. Por la absolución inmediata de nuestros compañeros Claudio Wasquín, Diego Barrionuevo, Juan Manuel Valentín y Gabriela Ance. ¡Basta de criminalizar la Protesta Social en Santa Cruz!
La defensa irrestricta de nuestro régimen jubilatorio. NO AL “APORTE SOLIDARIO”!!!
