A esta fecha, hace un año, ya habían presos políticos en Chile. El estallido tuvo una respuesta política por parte del Gobierno de Sebastián Piñera, que no solo fue la represión, sino querellas y el encarcelamiento de cientos de jóvenes y luchadores. En este artículo queremos debatir sobre la necesidad de impulsar la más amplia solidaridad para conquistar su pronta liberación.
Sábado 24 de octubre de 2020
Tras cumplirse un año de iniciada la revuelta popular, y de cara al plebiscito y el proceso constitucional, la negociación a puertas cerradas realizada por los partidos del régimen -desde la UDI hasta el Frente Amplio- que terminó con el conocido “Acuerdo por la Paz”, no sólo instaló un proceso constituyente controlado y lleno de trabas para así abortar la perspectiva de avanzar a una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana, sino que además dejó en impunidad las innegables violaciones a los Derechos Humanos: 460 mutilaciones oculares, miles de personas procesadas por el Estado, y, peor aún, son cientos de jóvenes los que hasta hoy permanecen encarcelados en recintos penitenciarios y sedes del Sename sin siquiera encontrarse condenados.
A pesar de que muchas organizaciones sociales y políticas han dedicado sus esfuerzos a la liberación de todos estos jóvenes, sigue planteada esta tarea y cuáles son los caminos para darla: ¿Cómo liberar a los presos políticos? ¿Qué hace falta? ¿El mismo régimen que los encarceló los va a liberar?
El Gobierno los niega y el “pacto por la paz” los condena
El propio Ministro del Interior, el UDI Víctor Pérez, (servidor de la Dictadura, ex alcalde designado por Pinochet en la comuna de Los Ángeles) desde que asumió el Ministerio -en el marco de las movilizaciones por los presos políticos mapuche- señaló que los presos políticos no existen, que tanto los mapuche y los procesados de la revuelta, son a fin de cuentas delincuentes comunes o terroristas. Instalando un discurso “negacionista”, afirmó que “los presos políticos son aquellas personas que por sus ideas están presos. Aquí las personas están privadas de libertad por resolución de los Tribunales de Justicia, no del Gobierno”.
Esto a pesar de los cientos de jóvenes que se encuentran en las cárceles a lo largo del país, muchos de ellos están encarcelados sin siquiera haber recibido una condena, con “pruebas” otorgadas por Carabineros, sus mismos aprehensores, quienes poseen un amplio prontuario de montajes o incluso de ocultamiento de información, como lo vimos recientemente con el caso de Anthony, Camilo Catrillanca, Fabiola Campillay y un largo etcétera. Sólo por nombrar un ejemplo, el joven de 23 años, Ignacio Matus, fue detenido por Carabineros el 21 de octubre del año pasado, estuvo 6 meses en prisión preventiva, luego de que se le acusara de porte de munición bajo la Ley de Control de Armas…¿La prueba? Una simple declaración de tres Carabineros.
Mientras tanto, la policía goza de una total impunidad, habiendo a nivel nacional más de 8.500 denuncias principalmente contra Carabineros por violaciones a los Derechos Humanos y donde apenas existen 64 agentes del Estado formalizados. Por el contrario, ya suman más de 2.500 los procesados y alrededor de 600 jóvenes y luchadores privados de libertad por la persecución política del gobierno en el marco de la revuelta popular de octubre del 2019.
De cara al plebiscito poco se habla de la represión y los presos políticos dentro del régimen. El Gobierno los niega, la “oposición” los olvidó e incluso votó leyes en contra de los manifestantes, como el caso del Frente Amplio, que no sólo pactó el Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución que consagró toda la impunidad a las violaciones de DD.HH, sino que votaron leyes como la ley anti barricadas y antisaqueo para criminalizar la protesta. Por otra parte, el Partido Comunista no dio ninguna lucha seria por sacar a Piñera y por continuar lo que se abrió el 12 de noviembre, esa enorme fuerza que puso al Gobierno entre las cuerdas, sino que al contrario, estando a la cabeza de importantes sindicatos como la CUT en la Mesa de Unidad Social, estos eliminaron de sus exigencias, la salida de Piñera, subordinándose al “Pacto por la paz” y anunciaron que “legislarán para que existan garantías democráticas en el proceso”, abandonando así de hecho la lucha por la Asamblea Constituyente Libre y Soberana, sacar a Piñera y liberar a todos los presos políticos y acabar con la represión y la impunidad.
A días del 18 de octubre, primera conmemoración de la revuelta, el problema de los presos políticos volvió a la palestra. Esta vez, el que lo pondría en la portada de algunos diarios y programas de televisión sería el cura jesuita de Antofagasta, Felipe Berríos, quien llamó a buscar “una salida política” al conflicto, y así “entregar una segunda oportunidad”.
Pero fue el mismo Felipe Berrios quien, posterior al paro del 12 de noviembre, con un discurso similar al que utilizan las fiscalías y el Ministerio del Interior, salió a condenar públicamente la “violencia” que, según denunció, sería organizada por “grupos anarquistas y de narcotraficantes” (14-11-19 CNN), y llamó a sumarse al “Acuerdo por la paz” -y la impunidad-.
Pero es imposible pensar que el mismo régimen que niega la existencia de los presos políticos y persiste en una línea criminalizadora de la protesta, fuera a acceder a una “salida política” mediantes meras conversaciones. Ya diputados de la región como Jose Miguel Castro, de RN, se han negado, mientras otros guardan silencio como Catalina Pérez de RD, teniendo en la región de Antofagasta cerca de 20 encarcelados.
Las y los familiares de los presos, junto a coordinadoras y organizaciones de DD.HH han levantado distintas acciones para visibilizar el conflicto, esto tras meses en que sus familiares, amigos, parejas, etc, se encuentran presos. Es así que, según una declaración suscrita por diversos grupos de familiares de los presos en distintas localidades del país, le pidieron al jesuita Berríos actuar como mediador frente al Estado, con el propósito de poder llegar a “una solución política que permita la liberación de nuestros familiares y de todos los prisioneros políticos de la revuelta”.
¿Qué fuerza hace falta para lograr liberar a los presos políticos?
Pero para enfrentar al Estado burgués, y todo su aparato represivo que incluye a Carabineros, las fiscalías y las leyes represivas hace falta convocar abierta y expansivamente, a todos los sectores que se planteen dar una pelea contra la impunidad y por la libertad de los presos políticos.
Un llamado que parta por buscar desarrollar una gran campaña democrática que convoque a los sindicatos, las federaciones y centros de estudiantes, las juntas de vecinos, organizaciones de derechos humanos, clubes deportivos y sociales, junto a las agrupaciones y organizaciones políticas del pueblo trabajador, convocando a personalidades públicas, culturales, artísticas, intelectuales, y todos, todas y todes quienes estén a disposición de dar una pelea consecuente por la libertad de todos los presos políticos de la revuelta y torcer la voluntad política del Gobierno y la Fiscalía que pretende hacer pagar los costos al pueblo por rebelarse contra esta democracia para ricos, castigando de forma aleccionadora a jóvenes luchadores, estudiantes, padres de familia, trabajadores que salieron a protestar junto al resto del Chile hastiado de tanta desigualdad.
En última, es un problema estratégico y de medición de fuerzas, de cómo enfrentar efectivamente al régimen. ¿Qué política se necesita para lograr liberar a más de 600 presos políticos en el país, o incluso a nivel local? Se requiere una gran campaña y fuerza amplia, muy superior a la que pueden aportar cada organización de forma particular. Una coordinación capaz de unir todos los esfuerzos para impulsar una campaña capaz de influir sobre amplios sectores de la clase trabajadora, uniendo en esta causa, todo lo que el mismo régimen divide y atomiza, uniendo a la juventud, a los sindicatos, a los barrios y distintas organizaciones.
En ese sentido, todos los esfuerzos y campañas solidarias como las que han realizado distintas agrupaciones a nivel nacional, entre esas Pampa Libre en Antofagasta, que se han preocupado de generar redes de solidaridad con las familias, con campañas de alimentos, además de ayudar a visualizar la situación de las familias y los presos en distintos materiales audiovisuales y de agitación que han incluido puntos de prensa (05-10-2020 Antofagasta TV); no serán suficientes en modo alguno, si no están unidos a una perspectiva de avanzar a un verdadero movimiento, con un llamado abierto a todas las organizaciones para avanzar a desarrollar un plan expansivo que prepare una gran campaña democrática por la defensa y libertad de los presos políticos.
Hoy día muchos familiares de los presos políticos, honestamente y siempre agradecidos de los aportes de estos grupos, tras casi un año de participar en esta pelea en los “marcos de las redes de apoyo”, ven una posibilidad en la intervención de la Iglesia, apoyando la vocería del cura Berríos, que se presenta como intermediario.
Desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios, fuimos parte de impulsar el Comité de Emergencia y Resguardo en Antofagasta, el que jugó un rol importante en la región y en la coordinación de las movilizaciones. Ayudando a organizar la huelga del 12 de noviembre, poniendo a disposición de los manifestantes heridos, profesionales y estudiantes de la salud, con abogados voluntarios que estuvieron desde el día 1 en las comisarías prestando asistencia a los detenidos, dando una pelea por la liberación inmediata de Licanantai Corrales, joven atacameño que en enero del 2020 fue liberado, luego de estar privado de libertad más de un mes en Calama. En ese sentido, pensamos que la liberación de los presos políticos no va a pasar por una “salida política” negociada con el Gobierno que los encarceló, sino que por forjar una gran campaña unitaria impulsada por distintos organismos, organizaciones, personalidades, por las familias y, más concretamente, por la fuerza de la movilización en las calles, que obligue al Estado a liberarlos. Por esto es tan importante que, sobre la base de la más amplia coordinación, se pueda construir una fuerza capaz de exigir a las dirigencias de organizaciones de masas, como la CUT, Colegio de Profesores, los principales sindicatos mineros, la Confech, Feua, Feucn, etc., convocar a una movilización unificada y paro nacional por la liberación de las y los presos políticos, contra la represión y la impunidad.
No se puede retomar el camino de octubre que despertó a un país completo sin pelear por la justicia y liberación inmediata de los presos políticos de este régimen asesino. Es urgente sumar todos estos esfuerzos para enfrentar seriamente esta pelea.
Hoy se hace urgente una campaña común por la libertad de los presos políticos, sumar los esfuerzos que realizan organizaciones como Pampa Libre con diversas iniciativas de solidaridad, como la reciente votación de las trabajadoras de la educación de la Escuela Padre Patricio Cariola de solidarizar con las y los presos, ejemplos como estos deben ampliarse y coordinarse para dar hasta el final una lucha por liberar a los presos de la revuelta, pero además por terminar con la represión y las leyes que criminalizan la protesta social como la ley anti-barricada y la ley antiterrorista y el fin al Estado de Excepción y el toque de queda.
