A través de un comunicado del Gobierno chileno se dio a conocer el "Plan Humanitario de regreso ordenado al país de origen", que contiene una serie de restricciones y obligaciones contra migrantes como, por ejemplo, que deban renunciar a obtener residencia en el país o no puedan volver en nueve años.
Miércoles 10 de junio de 2020 22:15
El gobierno criminal de Piñera sigue mostrando lo nefasto que es. No le basta con toda la represión que ejerció durante los meses de la revuelta social, ni con haber aplicado una estrategia sanitaria deficiente y fracasada, que en los hechos arrojó a millones de personas al contagio o al riesgo de contraer el virus manteniendo los centros de trabajo no esenciales, con su política de "nueva normalidad" y sin entregarle los insumos necesarios a las y los trabajadores de la salud.
Ahora también pretende arremeter contra las personas migrantes que hoy en día se encuentran varadas en el norte de Chile, sin poder volver a sus países y en una situación grave y preocupante.
¿Cuál es la respuesta del Gobierno? A través de un comunicado se dio a conocer el "Plan Humanitario de regreso ordenado al país de origen", que contiene una serie de restricciones y obligaciones contra migrantes como, por ejemplo, que deban renunciar a obtener residencia en el país o no puedan volver a Chile en nueve años.
En el documento se establece una serie de obligaciones autoritarias y antiinmigrantes, que parecen más bien "castigos" contra las y los habitantes de países vecinos que quedaron varados, por ejemplo, en la región de Antofagasta.
En el "Plan humanitario" se condiciona la posibilidad de volver a los países a la renuncia "a toda solicitud de residencia en el país que hubiese efectuado, así como a toda solicitud de refugio o al estatus de refugiado en caso de poseerlo, según corresponda".
La condición represiva que establece el Gobierno de Piñera, junto a las Fuerzas Armadas, queda bastante clara en el comunicado donde las personas deben declarar estar de acuerdo con "aceptar el compromiso de no regresar a Chile en el plazo de 9 años a partir de la materialización de la fecha de mi salida del país y estar en pleno conocimiento que al acogerme a este PLAN HUMANITARIO DE REGRESO ORDENADO AL PAÍS DE ORIGEN estaré sujeto a una prohibición de ingreso a Chile por el mismo plazo".
La medida establecida por el gobierno criminal y xenófobo de Piñera es realmente escandalosa. No puede ser que las autoridades además de no hacerse cargo de algo tan básico como es garantizar albergues y residencias para todas las personas que se encuentran varadas en el país, sin poder volver a sus países de origen; ahora pretendan castigar a los migrantes prohibiéndoles la posibilidad de volver a Chile durante años, obligándolos a firmar un "Plan humanitario" donde les arrebatan su derecho a optar por tener residencia en el país.
¡Es un ataque contra la libertad de circulación de las personas, contra el derecho a migrar a otros lugares! Y quienes se verán afectados son trabajadores/as que en su gran mayoría deben marcharse de sus países para buscar oportunidades laborales en otros lados, como ocurre con quienes vienen al país a trabajador en temporadas agrícolas en el sur, por mencionar un ejemplo.
Estas medidas establecidas en el "Plan humanitario" han sido totalmente rechazadas por organizaciones migrantes y deben serlo también por organismos de Derechos Humanos, sociales, de trabajadores/as, pobladores/as, pues no puede ser que el gobierno de Piñera pretenda atacar de esta manera a personas de países vecinos, mientras las mantiene en condiciones totalmente riesgosas, insalubres, preocupantes, en pleno peack de la pandemia, sin sustento, en la calle.
Es urgente que se garanticen albergues y residencias para una estadía digna de todas las personas que requieran mantenerse en el país, al igual que sustento económico y alimenticio, y a quienes necesiten volver a sus países, proporcionarles viajes humanitarios. Además, es fundamental que se asegure atención de salud para quienes requieran, la realización de test y todos los resguardos para enfrentar la pandemia.
A continuación difundimos un comunicado público de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes en Chile en rechazo a las declaraciones del Jefe de la Defensa de la región de Antofagasta, general José Aguirre, quien descartó la necesidad de habilitar un albergue para los ciudadanos latinoamericanos que se encuentran varados en la capital regional:
En Antofagasta, hoy 8 de junio de 2020, como Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes en Chile, que agrupa a más de 30 organizaciones de 6 regiones del país, queremos comunicar que:
1. Rechazamos las declaraciones del Jefe de la Defensa de la Región de Antofagasta, general José Miguel Aguirre, quien ante nuestro requerimiento de habilitar un albergue para las decenas de ciudadanas/os latinoamericanos que se encuentran pernoctando en calles, playas y campamentos de la ciudad indica, “hasta el momento no ha sido necesario conseguir un albergue porque en su mayoría, varios extranjeros han sido acogidos en sedes vecinales o en casas de amigos o conocidos”. Esto da cuenta que la autoridad no ha querido asumir su rol de garantizar la seguridad y salud pública, al depositar la responsabilidad del albergue en particulares y la sociedad civil.
2. Más preocupante aún nos parece que indique ante la situación de personas albergadas en un campamento, que “se agradece siempre la buena voluntad de los vecinos, pero no creo que el hacinamiento sea un problema, hay que considerar que si habilitamos un albergue para que lleguen todos los extranjeros en esta situación, pasaría algo similar. Creo que lo mejor es lo que se ha hecho”. El general parece no comprender que las OMS y otros organismos internacionales han puesto alerta sobre las especiales medidas a tomar por los estados en asentamientos precarios y hacinados.
Por todo lo anterior, demandamos:
– Que el Jefe de Zona disponga de un albergue en condiciones adecuadas para todas las ciudadanas y ciudadanos varados que se encuentran pernoctando en campamentos, playas u otros lugares públicos, poniendo en riesgo su salud. Es una medida de carácter sanitario y humanitario urgente.
– Que las parlamentarias y parlamentarios de la región oficien y denuncien ante el ejecutivo nacional la cláusula de prohibición de 9 años de ingreso a las personas que se acojan a los vuelos de repatriación a sus países. Una vulneración así no puede ser permitida.
– Que las autoridades nacionales, locales y regionales intercedan ante las autoridades consulares en Chile de los países involucrados para agilizar los procesos de repatriación en condiciones seguras de las cientos de personas varadas en la región de Antofagasta.
Finalmente esperamos que nuestras autoridades en conocimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la cual nuestro país suscribe, actúe en consecuencia y con la altura de miras que la situación amerita.
