El Estado es responsable. A un año del femicidio de Úrsula Bahillo, familiares exigen la destitución de dos jueces

A un año del femicidio de Úrsula Bahillo, la familia de la joven de 18 años asesinada en la ciudad bonaerense de Rojas por el efectivo de la Policía Bonaerense, Matías Martínez, reclama la destitución de dos jueces que desestimaron las acusaciones previas contra el agresor.

La Bonaerense al mando del ministro Sergio Berni, fue la principal cómplice del femicida Martínez, quien fue condenado a prisión perpetua. Úrsula lo había denunciado en 18 ocasiones, la última vez tres días antes de ser asesinada, pero sus denuncias eran desestimadas en las comisarías.

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Al conmemorarse este martes el primer aniversario del femicidio, familiares y allegados a Úrsula convocaron una concentración en la plaza principal de Rojas, a 240 kilómetros al noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Patricia Nasutti, madre de Úrsula, expresó a Télam que si bien el al autor del crimen de su hija ya fue condenado, ahora espera que se actúe con los jueces que no hicieron lugar a las advertencias previas por la violencia de género que sufría Úrsula por parte de su expareja.

"El mail con la orden de dar un botón antipánico del juez de Paz llegó un día después del crimen de mi hija", recordó Patricia, quien en su reclamo de justicia también incluye que se investigue por asociación ilícita a la Policía de Rojas y al municipio, a quienes calificó de "cómplices".

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Según registros a los que accedió Télam, Martínez continúa indicando en sus trámites personales que su ocupación es "oficial subalterno de la policía provincial".

El 22 de febrero de 2021, a tres semanas de asesinar a Úrsula, Martínez fue condenado a cuatro años de prisión por los delitos de "lesiones leves agravadas en concurso con amenazas agravadas", en el marco de la causa iniciada por una expareja.

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En diciembre último, fue sentenciado a prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Junín, quien lo encontró culpable del "homicidio doblemente agravado por el vínculo, por alevosía y por femicidio" de Úrsula. Martínez se encuentra alojado en la Unidad 49 de la Alcaldía Penitenciaria Junín desde su detención, informaron fuentes penitenciarias.

En tanto, voceros judiciales confirmaron a Télam que el expolicía tiene una causa pendiente por el abuso sexual de una menor con discapacidad, hija de una expareja, con quien convivía en la localidad bonaerense de 9 de Julio.

Úrsula fue hallada muerta el lunes 8 de febrero de 2021 cerca de las 20.30 en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas.

En tanto, el Observatorio Lucía Pérez denunció que en los primeros 25 días del año 2022 se reportaron 26 femicidios.

El Estado es responsable

Según denunció la Correpi (Coordinadora contra la represión policial e institucional) en marzo de 2021, uno de cada cinco femicidios es cometido por un miembro de fuerzas de seguridad. El informe agrega además que utilizan su arma reglamentaria. Los femicidios por agentes uniformados se convierten en la primera causa de muerte de mujeres, travestis y trans en manos del aparato represivo estatal.

Según denuncia la periodista Claudia Acuña, en un informe del Observatorio Lucía Pérez, durante el gobierno de Macri se anunció una inversión de 750 millones de presupuesto para abordar las problemáticas de género, de los cuales el 80 % estaban destinados a la construcción de 36 refugios de los cuales solo se terminaron 8 que se habían iniciado en la gestión anterior y se construyó uno más. Además, el informe redactado por Acuña señala que durante la actual gestión del presidente Alberto Fernández, se repitieron los anuncios y también los incumplimientos. Como ya señalamos también en La Izquierda Diario, el ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad encabezó el ránking de carteras con presupuestos subejecutados.

En un debate en comisiones, en que el ministro de Economía Martín Guzmán presentaba el Presupuesto 2022 que no pudo aprobar en el Congreso luego, la diputada del PTS-Frente de Izquierda, Myriam Bregman, denunció que el proyecto asignaba un 39 % menos en términos nominales, para el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.