El empleo temporal afecta a una parte importante de la población, especialmente a las capas más jóvenes, que se ven inmersas en una espiral de inestabilidad y precariedad. Con la llegada de la nueva Reforma Laboral, se están discutiendo medidas relativas a solucionar este problema, pero no parece que se vaya a producir una mejora sustancial.
Alejandro Aqueménida Madrid
Lunes 15 de noviembre de 2021
Desde hace semanas, la negociación sobre la Reforma Laboral forma parte de la comidilla diaria de los medios de comunicación. Esto se debe, además de a su evidente interés para el presente y futuro de distintas generaciones, a la escenificación de una confrontación entre los dos grandes socios de la coalición del Gobierno. Después de meses de reuniones encabezadas por Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y miembro de Podemos, el PSOE decidió presionar a finales de octubre para incluir en la mesa de negociación a Nadia Calviño, ministra de Economía, en un doble intento de reducir el protagonismo de Díaz y de suavizar distintos aspectos de la Reforma. En este artículo me voy a referir a uno de los elementos que actualmente están en fase de discusión: la temporalidad.
Si estudiamos los datos que nos proporciona la Encuesta de Población Activa, vemos que una parte importante de la población trabajadora de nuestro país se encuentra en empleos temporales. Sin embargo, esta circunstancia afecta más a unas cohortes de edad que a otras.
Como se puede apreciar en la gráfica, la temporalidad se centra especialmente en la población joven, experimentando caídas durante las etapas de crisis económica para luego volver a crecer en los momentos de recuperación. Hay que señalar que esta es una característica propia de nuestro país, que se aleja en buena medida de nuestros socios de la UE. Mientras que la tasa de empleo temporal media de la Unión se situaba en 2019 en el 10,8%, la española era más del doble, llegando al 21,9%.
En este punto cabe preguntarse, ¿cómo se ha llegado a esta situación? La respuesta se puede encontrar en las sucesivas reformas laborales que los gobiernos del PSOE y del PP han realizado desde la década de 1980. La primera de ellas tuvo lugar en 1984, a mediados del primer mandato socialista tras la Transición. Una tasa de paro superior al 20% llevó a que el ejecutivo de Felipe González apostara por desregular parcialmente las modalidades de contratación, es decir, de un mal a otro. Así comenzó la temporalidad del empleo tal y como la conocemos, aumentando enormemente la tasa de esta desde un 15,6% en 1987 hasta alcanzar un 35% en 1995, no descendiendo del 30% hasta la llegada de la Gran Recesión a finales de la década del 2000. Durante todo este tiempo, muchas empresas realizaron contratos temporales al límite de lo que la ley permitía, actuando en numerosas ocasiones sin mayor dificultad al margen de ella, lo que desembocó en una importante pérdida de calidad del empleo.
Asimismo, hay que señalar que la llegada del empleo temporal influyó en buena medida en que la tasa de paro de nuestro país experimente vaivenes en función de los ciclos económicos. En la gráfica elaborada con los datos de la EPA que muestro a continuación, la cual cubre el periodo comprendido entre el primer trimestre de 2002 y el tercer trimestre de 2021, podemos observar un incremento exponencial del paro durante los años de la Gran Recesión, reduciéndose progresivamente desde 2013 para volver a incrementarse parcialmente en 2020 con la irrupción del Covid-19.
¿Qué conclusiones cabe sacar ante los datos expuestos? Podemos apuntar que la economía española crea una enorme cantidad de empleo temporal durante las etapas de crecimiento. No obstante, se trata principalmente de trabajos de bajo valor añadido, realizados en su mayoría por la población joven, así como por las mujeres y la población migrante. Además, en los periodos de recesión, todo lo creado se destruye con rapidez. Es decir, en épocas de bonanza se crea trabajo de “mala calidad” que no saca a los trabajadores de una situación inestable e insegura y en épocas de crisis los capitalistas pueden librarse fácilmente de aquellos puestos de trabajo que consideren para no ver reducidos sus beneficios. Esto es fácil de contrastar si volvemos a la figura 1, donde la cohorte de edad de 18-24 años experimenta los mayores ascensos y caídas en lo relativo al empleo temporal.
Los efectos que esto produce en la población que se ve enfrentada a lidiar con la temporalidad no son baladí. Los economistas García-Pérez, Marinescu y Vall realizaron una investigación sobre los efectos de los contratos temporales en trabajadores con baja cualificación. Sus resultados fueron que los días trabajados y el salario percibido se habían reducido en un 4,9% y un 9,8% respectivamente durante los primeros diez años tras la reforma laboral de 1984, existiendo una pérdida permanente de un 7,3% en las ganancias anuales tras 27 años trabajando.
No obstante, hay que señalar que la temporalidad afecta a población con distintos niveles de estudios. Volviendo a las estadísticas ofrecidas por el INE, podemos observar que, a pesar de que los trabajadores con baja cualificación son los más propensos a ejercer empleos temporales, un número importante de empleados con estudios terciarios también están inmersos en la temporalidad, situándose en los últimos años en un porcentaje superior al 20%.
Además, los jóvenes con estudios superiores se enfrentan a otro problema a la hora de lograr estabilidad en el entorno laboral, el de los contratos en prácticas. Un informe de la Fundación ISEAK -> https://iseak.eu/documentos/el-contrato-en-practicas-en-espana-cronica-de-un-fracaso-no-anunciado-2/ ] publicado en diciembre de 2020 señala que este tipo de contratos, lejos de utilizarse únicamente como método de formación de los jóvenes que comienzan su etapa en el mundo del trabajo, son usados por las empresas para reducir los costes laborales, dificultándose la firma posterior de un contrato indefinido. Una práctica, la de los contratos “formativos” que la reforma de la reforma laboral de Yolanda Díaz no pretende eliminar, ya que es uno de los tipos de contrato que propone mantener, y que se extenderá aún más gracias a la reforma universitaria de Castells, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), con la que pretende instaurar la formación dual también en la universidad, extendiendo las prácticas hasta suponer la mitad de la formación académica.
Pero la precariedad de la juventud no acaba aquí. La población trabajadora que percibe únicamente el salario mínimo fijado por ley aumentó de un 3,7% en 2009 a un 4,5% en 2015, creciendo progresivamente hasta la actualidad. Se calcula que el 80% de estos trabajadores tienen entre 16 y 49 años, siendo además empleados temporales el 40% del total. Asimismo, la tasa de privación material severa pasó del 4,7% al 7% entre 2019 y 2020, casi triplicándose en el caso de los menores de 18 años (9%) frente a los mayores de 65 (3,2%). Hay que destacar que, a pesar de la impactante influencia del coronavirus, países con características similares al nuestro, como Portugal, lograron mantener o incluso reducir esta tasa en el mismo periodo.
Como se puede observar a lo largo del artículo, la precariedad y la temporalidad afectan principalmente a los jóvenes. ¿A qué nos puede llevar esto? La respuesta es sencilla: un supuesto conflicto intergeneracional entre los antiguos trabajadores con mejores condiciones y las nuevas generaciones precarias que en realidad de igualar por arriba lo haga por abajo. Desde hace años se viene potenciando un discurso sobre la falta de “flexibilidad” que existe en lo relativo al empleo de los trabajadores de edad madura. De hecho, si usted, lector o lectora, introduce en Google los términos “flexibilizar despidos”, encontrará unas cuantas noticias que le harán comprender el alcance de esta idea. Lo más reciente es un documento del Círculo de Empresarios que apuesta, entre otras medidas, por abaratar el coste del despido.
Este “conflicto intergeneracional” se refuerza con las últimas propuestas del gobierno “progresista”, como la pretensión de subir las cotizaciones sociales para pagar las pensiones de los baby boomers o la de aumentar el número de años para calcular la prestación que uno tendrá cuando se jubile. Todo esto puede llevar a la población joven a pensar que sus mayores viven en una situación privilegiada, que impediría a las nuevas generaciones progresar y poder alcanzar la estabilidad profesional y personal. Sin embargo, esta idea obvia el análisis de clase. Por ejemplo, se olvida de la desigualdad creciente en el siglo XXI, que ha llevado a las clases altas españolas a pasar de acumular un 35,9% de los ingresos totales en 2006 a un 39,9% en 2015, sufriendo las clases bajas un efecto inverso. Además, el 1% más rico logró aumentar su cuota de los ingresos totales desde el 11,6% en 2006 al 15,5% en 2015. Por no hablar de cómo los 23 españoles más ricos ganaron más de 14.000 millones durante el estado de alarma por el coronavirus, es decir, aumentaron en un 16% su riqueza mientras el resto sufríamos las duras consecuencias de la pandemia.
Como vemos, la distancia entre clases sociales ha ido aumentando a lo largo de este nuevo siglo, agudizándose este proceso en virtud de la salida que se le ha dado a las fuertes crisis económicas sufridas, siempre sobre los hombres de la mayoría trabajadora y a favor de los grandes empresarios. Esto nos debe hacer reflexionar sobre la situación que estamos viviendo. No se puede reducir nuestra precariedad material a un conflicto generacional en un contexto de desigualdad galopante entre ricos y pobres. Debemos rebelarnos para que no nos roben lo que nuestros mayores consiguieron gracias a décadas de lucha social. E ir a por más.
En cuanto a este punto, podemos ver ejemplos que están sucediendo en estos momentos. Por ejemplo, un gran número de trabajadores estadounidenses se niegan a volver a sus puestos de trabajo debido a las malas condiciones que sufren y han dado lugar una oleada de huelgas que atraviesa el país. Aquí hemos experimentado algo parecido en algunos sectores, como la dificultad de encontrar trabajadores en la construcción, la hostelería o la recogida de la fresa en Huelva.
En definitiva, queda claro que la temporalidad es un problema acuciante en nuestro país. La población joven se está viendo abocada a una vida de precariedad e inestabilidad que va a tener consecuencias terribles en el futuro. No obstante, la solución no se encuentra en el enfrentamiento con las generaciones anteriores. A la propaganda realizada con el objetivo de crear un clima de opinión contra los derechos sociales que todavía tienen los integrantes de las cohortes de edad maduras y ancianas, se opone la creciente concentración de la riqueza entre los más privilegiados.
En este sentido, a pesar de que el Ministerio de Trabajo esté obteniendo resultados positivos en lo referente a las inspecciones laborales, parece que la labor de “poli bueno” de Yolanda Díaz dentro del Gobierno no dará grandes resultados. Sobre todo si todo lo que pretende es reformar la reforma laboral del PP, ni si quiera derogarla, y no hablemos ya de tocar la reforma laboral del PSOE que, como explicamos, abrió la puerta a la precarización del mercado laboral. Se deja fuera la mayoría de aspectos lesivos que permiten facilitar el despido – como dijo la Ministra en una entrevista en la Sexta tranquilizando a la patronal, el Gobierno “no va a tocar el despido” –, que los empresarios se descuelguen del convenio y modifiquen las condiciones de los trabajadores cuando lo consideren necesario y otras muchas que constituyen la verdadera base de un mercado laboral al servicio de los empresarios en detrimento de las condiciones de la clase trabajadora. Y no puede ser de otra manera si la negociación pasa por la patronal, la burocracia sindical y cuenta con la aprobación de Bruselas. Las luchas intestinas en el seno del Ejecutivo entre PSOE y Podemos no van a pasar de la mera teatralización si las reformas regresivas vienen impuestas por la Unión Europea como condición para recibir los Fondos de Recuperación. De hecho, el tope del 15% de contratos temporales desapareció rápidamente de la mesa de diálogo, por lo que ya nos podemos imaginar por dónde irán los tiros.
Los trabajadores nos encontramos en una situación complicada, pues a la precariedad de los jóvenes se une el intento de minar los derechos sociales adquiridos por los mayores, al tiempo que la desigualdad con los ricos no deja de aumentar. Sin embargo, la lucha de muchos obreros aquí y en EE. UU., que después de haber demostrado ser esenciales durante la pandemia, ahora se niegan a aceptar empleos por salarios de miseria supone un hilo de esperanza. Veremos cómo evoluciona todo, aunque las perspectivas no son halagüeñas. Tenemos que tener claro que, sin un plan de lucha, no habrá derogación.
