Mientras el gobierno de López Obrador insiste en que el Estado tendrá más de la mitad de la participación en la generación de electricidad, la secretaria de Energía afirmó que "no se les va a nacionalizar ni un tornillo".
Óscar Fernández @OscarFdz94
Lunes 11 de octubre de 2021
La reforma eléctrica del gobierno sigue dando de qué hablar. El gobierno insiste en barrer con los elementos de la reforma energética de Peña Nieto que otorgaba mayores oportunidades a las empresas privadas nacionales y extranjeras, lo cual ha causado furor entre los capitalistas.
Entre sectores conservadores se habla de que la de AMLO es una "contrarreforma", cuando la verdadera contrarreforma vino por parte de los gobiernos neoliberales que horadaron el monopolio estatal del sector energético para comenzar un proceso de privatización velada, similar a lo que ocurre con el sector petrolero y como antes sucedió con las telecomunicaciones y los ferrocarriles.
“No nos dejan salida. Ahora es todo o nada”, dijo un ejecutivo al diario El País. Probablemente varias empresas comiencen a ampararse los próximos días, esto por la cancelación de las licitaciones al sector privado. A través de este sector se han beneficiado políticos mexicanos, como el expresidente Felipe Calderón, quien ingresó como accionista a Avangrid, así como su exsecretaria de Energía, Georgina Kessel Martínez, quien es accionista de la española Iberdrola. Nada nuevo: es la conocida "puerta giratoria" de políticos capitalistas que pasan del espacio público a formar parte activa de las filas de la iniciativa privada y de las empresas que ellos mismos beneficiaron cuando ocupaban un cargo.
Justamente es Iberdrola, de capital español, IEnova y Grupo México, este último a cargo del ecocida Germán Larrea, son las principales empresas golpeadas por la reforma de AMLO.
Pero aunque el gobierno celebra estos avances, su modelo atenta contra las inquietudes ecológicas tanto de la juventud que ha salido a las calles en los últimos años contra el cambio climático como contra los especialistas y comunidades originarias. AMLO decretó que la explotación de litio, cuya extracción es altamente contaminante, será a cargo del Estado, así como continuar con el modelo de energía por combustibles fósiles.
Aunque la derecha ha salido furibunda a enfrentar la propuesta del gobierno, hay que plantear que ésta, a la par que atenta contra la reforma peñanietista de 2013 lo cual genera una amplia simpatía en sectores de la población, no se propone revertir la injerencia del capital privado. López Obrador fue enfático: “No se afecta a ninguna empresa, no se expropia”; la secretaria de Energía dijo lo mismo esta mañanera: "no se les va a nacionalizar ni un tornillo". Esto además seguramente responde a la necesidad de concretar una alianza con el PRI (los mismos que eran parte de la llamada "mafia del poder"), para poder aprobar la reforma en las cámaras.
A la par, la propuesta gubernamental no toma en cuenta las inquietudes ecológicas tanto de la juventud que ha salido a las calles en los últimos años contra el cambio climático como contra los especialistas y comunidades originarias. La explotación del litio —que en la propuesta lopezobradorista será controlada por el estado, aunque manteniendo una concesión privada a una mina de litio— implica una extracción altamente contaminante, lo cual también es el caso del modelo de energía por combustibles fósiles.
Ante esto, desde La Izquierda Diario, a mientras denunciamos a la derecha y a sus intentos de mantener en pie la reforma peñanietista, también planteamos que ante la propuesta gubernamental —que, como ha dicho el propio presidente, no busca cuestionar a los capitales privados— hay que movilizarnos, de manera independiente, por la renacionalización del sector energético y ramas estratégicas de la economía y la industria, pero bajo control de sus trabajadores y de las comunidades originarias, quienes decidirían cómo producir y de qué forma llevar a cabo la reconversión energética.
Óscar Fernández
Politólogo - Universidad Iberoamericana
