El 29 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto del presidente López Obrador para declarar el derecho humano al agua como un tema de seguridad nacional, debido a la crisis hídrica que afecta principalmente al norte del país. ¿Qué significa?
Miércoles 3 de agosto de 2022
Es una medida temporal planteada para 6 meses según la disponibilidad de las fuentes de abastecimiento y consiste en la reducción o modificación del permiso de explotación de las concesiones con fines distintos al doméstico y al público urbano dadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El vital recurso deberá ser retirado y contabilizado con medidores instalados por cada gobierno estatal, para dirigirlo del punto de extracción con la infraestructura del concesionario a la red de distribución pública, en coordinación con Servicios de Agua y Drenaje.
La medida fue pensada para la mayoría de los municipios del estado de Nuevo León, cuya crisis llama la atención por ser uno de los más urbanizados y ricos del país. La actuación del gobierno frente a la crisis de escasez hídrica del estado ha afectado principalmente a las familias trabajadoras y los sectores más desposeídos con recortes totales y parciales de agua, arriesgándolos a obtenerla de estancamientos poco salubres o a exponerse a los contaminantes que surgen de reutilizarla incluso para el aseo personal.
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¿Quién paga los litros de agua extraídos?
No serán los concesionarios quienes los paguen, sino Agua y Drenaje, a través de los impuestos de la población y conforme a la cuota de uso público urbano prevista en la Ley Federal de Derechos. Así, las grandes industrias y terratenientes no se verán desprovistos de su consumo doméstico de agua ni de los millones de litros a los que tienen acceso.
No es la primera vez que las medidas del gobierno para resarcir el problema del agua en Nuevo León han pasado por encima de las y los trabajadores sin dañar los intereses de los concesionarios, como cuando les solicitaron donaciones de agua a cambio de ciertos beneficios, como eximirles del pago de impuestos y, aun así, muchas empresas no aceptaron.
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¿Por qué la medida no es suficiente?
El hecho de que por un tiempo se privilegie el uso doméstico del agua, no cambia las condiciones de sobreexplotación que ha generado la escasez por la sequía, producto del cambio climático diagnosticado por especialistas de todo el mundo.
Andrea Moctezuma, investigadora y académica de la UNAM, menciona que existen unos 3 mil 304 usuarios privados, a quienes la Conagua les otorgó concesiones por más de un millón de metros cúbicos, conformando un 1.1 % de todos los usuarios del agua en México que explota más de una quinta parte del recurso hídrico nacional. Se trata de los empresarios más poderosos del país: Kimberly Clark, Banco Azteca, empresas de los millonarios Claudio X. González Laporte y Ricardo Salinas Pliego; así como FEMSA (Coca Cola), Bachoco, Herdez, Lala; entre las mineras destacan la canadiense GoldCorp y Buenavista del Cobre de Grupo México, propiedad de Germán Larrea.
Estos y otros concesionarios no han sido afectados por la sequía que se vive en el país, incluso quienes extraen el agua en Nuevo León, según datos de la Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT) y la Comisión Nacional del Agua.
No conforme con tomar medidas antipopulares frente a la escasez de agua, el gobierno aprovechará para militarizar las calles de Nuevo León con la entrada de la marina, bajo el Plan DN-III, repartiendo pipas de agua a las zonas más marginadas, despojando a la población de su derecho de controlar la gestión y privilegiando a un sector que continuamente comete abusos contra los derechos humanos.
Por ello, para que el problema de la escasez de agua que conlleva el cambio climático no recaiga sobre la clase trabajadora y se antepongan las necesidades e la población sobre el uso industrial del vital recurso, es necesario un control científico de su uso, que permita la recolección efectiva del agua de lluvia, que cuente con tratamiento de aguas residuales y que asegure la construcción de infraestructura necesaria para dar acceso al vital recurso a las comunidades más apartadas, así como medidas para evitar que las grandes empresas consuman enormes cantidades de agua y la contaminen.
El manejo del agua debe decidirse por los trabajadores, los campesinos pobres y las comunidades indígenas, que son los usuarios mayormente afectados ante la escasez, debido al acaparamiento y al despojo producto de los privilegios de las familias de empresarios y políticos que no padecen la falta de agua.
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