Educación. AMLO: expresidentes deben ser juzgados por privatizar la educación

En su mensaje, el presidente se refirió a la falta de médicos y especialistas de la salud que se requieren para enfrentar la pandemia, de lo cual responsabilizó a las administraciones pasadas por excluir a los jóvenes de las universidades y privatizar la educación.

Y es que, durante los últimos 30 años, los gobiernos de México han modificado las leyes y aprobado otras nuevas para convertir la educación en un negocio, redundando en el deterioro de la educación pública y en la exclusión de millones de jóvenes e infantes de las escuelas.

Conscientemente, los gobiernos neoliberales tomaron la decisión de limitar año con año los espacios en la educación pública y deteriorar sus condiciones con el objetivo de crear un “mercado” de alumnos excluidos y así favorecer el crecimiento de las escuelas particulares. Según datos de la SEP, en el ciclo escolar 2019-2020 se registraron en nuestro país 34 mil 528 escuelas privadas tan sólo de nivel básico.

Es decir, desde las altas esferas de la élite política y empresarial se fomentó el negocio de la educación privada a costa de la educación pública. Por ejemplo, con los gobiernos panistas de Fox y Calderón, el pago de colegiaturas se volvió deducible de impuestos, subsidiando así indirectamente a las escuelas privadas con recursos que deberían destinarse a la educación pública, sin reparar si quiera en la “calidad” educativa de dichos establecimientos, ni en si sus profesores y trabajadores cuentan o no con salarios dignos y plenos derechos laborales, lo que en la mayoría de los casos no ocurre.

¿Qué cambió?

No obstante, a pesar de su discurso oficial, el gobierno de AMLO no ha hecho ningún cambio sustancial en revertir esa tendencia. Lejos de ello, mantuvo la política de beneficiar al sector privado en el rubro de la educación, al ofrecer a los consorcios televisivos 450 millones de pesos para el programa “Aprende en casa” durante la pandemia por COVID-19.

También benefició a las compañías de internet, de computadoras y de software, obligando a las familias de las alumnas y alumnos, al igual que a los docentes, a solventar los gastos que implican estos recursos y la conectividad para poder acceder a la “educación a distancia”.

Además, bajo presión tanto de poderosos colegios privados como de organismos internacionales que buscan la profundización de la privatización educativa, como la OCDE, el gobierno de la Cuarta Transformación impuso el regreso a clases presenciales sin condiciones sanitarias seguras en varios lugares del país, a pesar de que la pandemia no ha acabado, redundando en el contagio de trabajadores de la educación, alumnos y madres de familia. Esto sólo para favorecer el sostenimiento del sector escolar privado vía pago de colegiaturas y la reactivación económica que buscan los grandes empresarios.

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En tanto, las universidades públicas siguen imponiendo los exámenes de admisión como requisito para ingresar a una carrera universitaria, violando el derecho humano a la educación de los jóvenes al excluir a cientos de miles cada año.

Como vemos, una vez más, la 4T sostiene un doble discurso: mientras responsabiliza a los sexenios previos de los males actuales, sigue manteniendo y reproduciendo lo fundamental de las políticas neoliberales. Incluso, sigue sin derogar la mayoría de la reforma educativa de EPN, a la que solo le cambió de nombre, contradiciendo lo que prometió en campaña.

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Somos los docentes y trabajadores de la educación, en unidad con las madres y padres de familia, organizados escuela por escuela, sección por sección y coordinados a nivel nacional, con nuestra molivización unitaria, quienes podemos revertir la privatización y defender la educación pública, laica y gratuita, sin confiar en las vanas promesas del gobierno de la 4T.