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Red Internacional
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Ciudad de México. AMLO y Sheinbaum: vigilancia para la marcha del 2 de octubre

En la conferencia matutina del 27 de septiembre, Andrés Manuel declaró que no habría “mano dura” para los manifestantes, sin embargo, para la marcha del 2 de octubre pide la aplicación de protocolo especial de seguridad.

Martes 1ro de octubre de 2019

En el marco de la lucha nacional por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre, sus familiares y compañeros, estudiantes, trabajadores, organizaciones sindicales y políticas, se movilizaron exigiendo su presentación con vida.

Durante la protesta se presentaron acciones contra negocios y pintas que fueron llamados por AMLO como “actos vandálicos, de grupos que no son anarquistas, sino conservadores y provocadores”.

Ante este señalamiento pide a Claudia Sheinbaum desplegar efectivos de la policía para resguardar comercios y monumentos históricos, y a los manifestantes pide “aislar a provocadores” como también llamó Sheinbaum a la protesta de mujeres en repudio contra los policías violadores, unas horas después en un comunicado.

Ni una palabra de la detención arbitraria a cinco menores de edad y un joven, quienes se dirigían a la movilización de los 43.

También la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, exigió al gobierno de la CDMX, agilizar las investigaciones y aplicar la ley a los responsables de los daños de los negocios y comercios, así como utilizar un protocolo de seguridad.

Jesús Orta, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana local, declaró al respecto que se pondrán en marcha nuevos protocolos de seguridad para la marcha del 2 de octubre, cuya prioridad es proteger la infraestructura y los comercios.

Con esto, Sheinbaum y AMLO blindan de seguridad a los empresarios ante su presión y la las denuncias por las pérdidas generadas durante la movilización.

Lo que está claro es que bajo el diálogo de “libertad de expresión y apoyo a las movilizaciones pacíficas”, AMLO y Sheinbaum continúan con la política de criminalización de la juventud y de la protesta social con el despliegue de la policía y cuerpos de granaderos que sólo están para cuidar los intereses de los empresarios y del gobierno y reprimir a los movimientos sociales.