En la conferencia matutina del 27 de septiembre, Andrés Manuel declaró que no habría “mano dura” para los manifestantes, sin embargo, para la marcha del 2 de octubre pide la aplicación de protocolo especial de seguridad.

La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Martes 1ro de octubre de 2019
En el marco de la lucha nacional por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre, sus familiares y compañeros, estudiantes, trabajadores, organizaciones sindicales y políticas, se movilizaron exigiendo su presentación con vida.
Durante la protesta se presentaron acciones contra negocios y pintas que fueron llamados por AMLO como “actos vandálicos, de grupos que no son anarquistas, sino conservadores y provocadores”.
Ante este señalamiento pide a Claudia Sheinbaum desplegar efectivos de la policía para resguardar comercios y monumentos históricos, y a los manifestantes pide “aislar a provocadores” como también llamó Sheinbaum a la protesta de mujeres en repudio contra los policías violadores, unas horas después en un comunicado.
Ni una palabra de la detención arbitraria a cinco menores de edad y un joven, quienes se dirigían a la movilización de los 43.
También la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, exigió al gobierno de la CDMX, agilizar las investigaciones y aplicar la ley a los responsables de los daños de los negocios y comercios, así como utilizar un protocolo de seguridad.
Jesús Orta, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana local, declaró al respecto que se pondrán en marcha nuevos protocolos de seguridad para la marcha del 2 de octubre, cuya prioridad es proteger la infraestructura y los comercios.
Con esto, Sheinbaum y AMLO blindan de seguridad a los empresarios ante su presión y la las denuncias por las pérdidas generadas durante la movilización.
Lo que está claro es que bajo el diálogo de “libertad de expresión y apoyo a las movilizaciones pacíficas”, AMLO y Sheinbaum continúan con la política de criminalización de la juventud y de la protesta social con el despliegue de la policía y cuerpos de granaderos que sólo están para cuidar los intereses de los empresarios y del gobierno y reprimir a los movimientos sociales.