El 2020 llegó con un nuevo empuje de la lucha feminista frente al hartazgo que genera la brutal violencia que enfrentamos las mujeres en México.

Yara Villaseñor Socióloga y latinoamericanista - Integrante del MTS - @konvulsa
Jueves 20 de febrero de 2020
El 2020 llegó con un nuevo empuje de la lucha feminista frente al hartazgo que genera la brutal violencia que enfrentamos las mujeres en México, en particular las pobres y trabajadoras, como evidencian los indignantes feminicidios de Fátima Cecilia, Ingrid Escamilla, Isabel Cabanillas, Jacqueline o las 10 mujeres asesinadas diariamente.
Ante esta brutal realidad, un impactante movimiento feminista se hizo presente en la UNAM, paralizando casi una veintena de escuelas, con asambleas de cientos y miles de estudiantes que se pronunciaron contra el acoso y el feminicidio dentro de la principal universidad de Iberoamérica.
El hartazgo frente a la violencia y la disposición a movilizarse es enormemente progresivo y necesita ser masificado. Pero a la par se expresa una contradicción importante al no cuestionarse la raíz de la violencia, ni la estructura antidemocrática de la UNAM, que no puede salir librada de responsabilidad.
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En el actual movimiento se expresaron muchas posturas que, ante la la violencia, proponen una política que exige más castigo, lo que en la UNAM solo puede significar una cosa: fortalecer el aparato represivo de la universidad.
A pesar de que amplios sectores del movimiento denuncian la responsabilidad de las autoridades en la situación de violencia -lo cual podría fortalecer la lucha contra el autoritarismo-, la mayoría de los pliegos petitorios se mantienen en esa lógica política. Por lo tanto, no cuestionan la estructura virreinal de gobierno de la Universidad, ni el Tribunal Universitario, responsable de más de dos mil expulsiones políticas.
En el movimiento en la UNAM se han escuchado voces que han pedido a estas autoridades modificar la Legislación Universitaria para garantizar “paridad de género” en el Tribunal y “castigar agresores”. A esta demanda las autoridades respondieron con una reforma que sanciona con expulsión “la violencia de género y todo tipo de violencia” -como enfrentar a los porros, confrontar a los directivos y jurídicos de las escuelas, o tomar instalaciones para protestar. Una trampa en toda la regla para el movimiento estudiantil y sectores organizados.
Cabe mencionar que esta política -que termina fortaleciendo a las autoridades- es impulsada por sectores organizados afines a éstas que, montándose en la lucha contra la violencia impone métodos burocráticos, que impiden que estudiantes, trabajadorxs y académicxs participen de asambleas democráticas para evitar, conscientemente, que se exprese el hartazgo frente a la antidemocracia y el cuestionamiento a las autoridades.
Es importante distinguir el rol de las direcciones que operan con una política de derecha para evitar que el movimiento se desarrolle. En tanto que en la base estudiantil se expresa una conciencia contradictoria, que mientras repudia la violencia, deposita su confianza en el castigo que aplicarán las mismas instituciones responsables de esa violencia.
En ese contexto, AMLO ha planteado que detrás del movimiento “hay mano negra”. Ésta declaración -que se refiere evidentemente a sectores priistas- también tiene la intención de invisibilizar a un movimiento de miles de estudiantes que repudian la violencia contra las mujeres dentro y fuera de la universidad, y que puede convertirse en un factor que cuestione lo más descompuesto del régimen mexicano como fue durante los sexenios panistas y priístas.
AMLO también criminaliza cualquier forma de protesta social independiente,combativa o surgida desde la base, en acuerdo con el Rector Graue, quien debe garantizar desarticular el movimiento quirúrgicamente lo antes posible.
Y en este objetivo estratégico para mantener la gobernabilidad, aprovechando uno de los puntos más débiles de la 4T —lamentable política hacia el movimiento de mujeres—, las derechas han visto encontrado una oportunidad insuperable para recomponerse. No es casual que en el marco del 8 de marzo, día internacional de las mujeres —fecha que los últimos tres años ha generado importantísimas movilizaciones a nivel mundial con las convocatorias a “Paro Internacional de Mujeres”— la derecha anti AMLOcomo el Partido Acción Nacional se monte a la convocatoria de un “paro” el 9M.
Tampoco que sectores vinculados al priísmo, como su sección juvenil o el histórico grupo de choque Antorcha Campesina, hayan votado como orientación primordial insertarse en el movimiento de mujeres. Mucho menos que figuras del régimen —vinculados al PAN y al PRI— se monten en el reclamo legítimo contra la violencia, repudiándola, cuando son los responsables de la militarización del país, de la represión a nuestras hermanas migrantes, de la impunidad y de las políticas neoliberales que profundizaron la precariedad, el desempleo y la carestía de la vida. No se diga el negociazo de los medios y la prensa que lucran con el femincidio.
Por eso desde Pan y Rosas peleamos por un movimiento de mujeres independiente del régimen y de las variantes políticas que por izquierda y derecha están al servicio de los empresarios; un movimiento que confíe en la fuerza de la movilización y la potencialidad de paralizar la economía que tenemos nosotras, el proletariado. Por eso nos organizamos trabajadoras y estudiantes con nuestros hermanos de clase y desde una perspectiva anticapitalista y socialista, porque para acabar con el patriarcado necesitamos acabar su base material —el capitalismo— y transformar revolucionariamente este mundo. Organicémonos juntas. Marchemos este 8 de Marzo.