Ante los últimos comunicados de la ASFI, en las que se dispone el pago de los créditos a partir del mes de junio, el descontento de la población manifestada en RRSS, no se dejó esperar, ya que estarían obligados a reanudar sus pagos, sin haber ejercido previamente su derecho al trabajo, toda vez, que la cuarentena y el distanciamiento social aún no se levantaron.
Miércoles 6 de mayo de 2020
Foto: El Deber
Esta semana, ante la incertidumbre por la que atraviesa la población por el desconocimiento de cómo afrontar el pago de sus créditos una vez que termine la cuarentena, la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), emitió un sucinto comunicado para explicar la forma de aplicación del “Diferimiento de Pagos”, establecido en la Ley Nº 1294. Sin embargo, dicho comunicado, lejos de dar tranquilidad a las y los prestatarios, lo único que dejó en claro fue que la situación financiera de la población estará en manos de la banca.
Es importante mencionar que, a raíz de la crisis socio-sanitaria del Covid-19, Áñez estableció la cuarentena total a nivel nacional, como principal y casi única medida de prevención para evitar la propagación del virus. No obstante, esta medida se ejecutó de forma improvisada sin tomar en cuenta, un criterio económico-social, dejando en total desprotección a las y los trabajadores frente al impacto de la crisis económica que ya empieza a golpear con fuerza.
Una de las principales preocupaciones de las y los trabajadores que tienen deudas en los bancos, es su inmediata situación financiera posterior al levantamiento de las restricciones de circulación y de desarrollo de actividades económicas. Ante esta situación, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la Ley 1249, después promulgada por Áñez, en la que se establece que “las Entidades de Intermediación Financiera que operan en territorio nacional, deben realizar el diferimiento automático del pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses, y otro tipo de gravámenes del sistema crediticio nacional, por el tiempo que dure la Declaratoria de Emergencia por la Pandemia del Coronavirus (COVID-19) y otorgando un lapso máximo de hasta seis (6) meses posteriores al levantamiento de la declaración de emergencia”. Del mismo modo, esta norma establece con claridad en sus siguientes párrafos que los bancos realizarán el diferimiento de los créditos de manera automática, y no deberá implicar costos administrativos adicionales.
En este sentido, los prestatarios deberán pagar las cuotas diferidas, sin ningún costo adicional, después de un lapso de seis meses a partir de que se levante la cuarentena.
A su vez, en contradicción a la ley antes mencionada, la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), en fecha 6 de abril, emitió la circular ASFI/DNP/CC-2785/2020, donde se establecen cuáles serían las formas de pago de las cuotas diferidas. Posteriormente, mediante un comunicado, la ASFI aclaró que, pasada la cuarentena total dispuesta por el Gobierno nacional, a partir del mes de junio, los pagos se deberán efectuar conforme al cronograma original de la operación crediticia, aspecto que contraviene el lapso de tiempo otorgado en la Ley 1249.
De igual forma, en el comunicado en cuestión, la ASFI advierte un costo financiero para el pago de las cuotas diferidas, contradiciendo nuevamente la Ley N° 1249, que determina que el diferimiento no deberá implicar costos administrativos adicionales.
Esta confusa situación, no solo desató polémica en RRSS, sino que también motivó a que la ALP, peticione informes a la ASFI, cuestionando la “mala interpretación de la norma”. Sin embargo, lejos de quedar en un incidente sin trascendencia, esta contradicción entre la Ley y su ejecución, deja varias interrogantes para el devenir financiero de la clase trabajadora.
Es de común conocimiento que durante la cuarentena varios sectores económicos de nuestro país se vieron paralizados en su totalidad y considerando que la informalidad, la flexibilización y precariedad laboral, son características muy presentes en nuestra economía, las y los trabajadores así como sectores importantes de los sectores populares se enfrentan a una situación muy crítica. No solo deberán afrontar el pago de servicios no contemplados por el Gobierno, como telefonía, alquileres y salud entre otros, sino que también el acumulado de las cuotas diferidas de sus créditos.
Recordemos que la banca fue uno de los sectores que mayores ganancias obtuvo durante el Gobierno de Evo Morales, situación que no se vio afectada durante el Gobierno de “transición”. Sin embargo, es el sector que menos aporta para afrontar la crisis económica en curso, ya que la Ley 1249 simplemente establece un diferimiento de pagos y esto no significa que se condonarán dichas cuotas, pues, las mismas se cancelarán en su totalidad, sin importar la modalidad que se adopte para su pago.
La situación se complica más para las y los trabajadores, si es que se adoptaran los criterios de la ASFI, que determinó el pago de las cuotas a partir del mes de junio, sin tomar en cuenta que la cuarentena aún no se levantó.
Si se llegara a concretar lo expuesto anteriormente, la población trabajadora estaría condenada a afrontar sus pasivos, sin tener la oportunidad de trabajar, ni recomponer su economía previamente, muestra clara de que el Estado prioriza los intereses de los grandes empresarios, en este caso los de la banca y deja en total indefensión económica a la población.
De igual forma, la ALP, órgano de poder donde el MAS tiene 2/3, es incapaz de imponer una alternativa contraria a los intereses empresariales, como la creación de un impuesto a las grandes ganancias, para que la crisis la paguen los ricos. En lugar de ello prefiere mantener el “status quo” dejando vía libre para que el Gobierno patronal de Áñez cargue en las espaldas de los trabajadores los efectos de la paralización económica de nuestro país.
La situación es grave. Hoy la confederación de micro-empresarios de Bolivia se declaró en quiebra. Es por todo esto que las y los trabajadores deben empezar a discutir que la única forma de cortar la “pitita” es mediante la organización y la lucha, recuperando nuestras organizaciones sindicales para que la crisis la paguen los ricos y no el pueblo trabajador.
