Libertades Democráticas. Abogados de Milagro Sala hablan sobre las resoluciones de la ONU y la OEA

Paula Álvarez Carreras (PAC): El posicionamiento del Gobierno tanto nacional como provincial, está en la misma línea en esta cuestión de resistencia, de desconocimiento del valor que tiene la resolución del grupo de trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU. Claramente hay una actitud de dilación a los fines de evitar dar cumplimiento a lo que la resolución dicta, que es la inmediata libertad de Milagro por el carácter arbitrario que tiene esa detención, y a la vez implementar un mecanismo para resarcir la violación de sus derechos. Este intento del Gobierno de dar respuestas, de nuevamente informar e invitar a que se constituya la comisión de la CIDH y de la ONU acá, a los fines de verificar si existen o no las violaciones de derechos humanos, no tiene ningún sentido porque la visita no sería inmediata. Además, esa visita de ninguna forma modificaría la resolución, porque la misma no tiene ninguna instancia de revisión, ni de apelación, ni tampoco se le solicitó al Gobierno que informe respecto de algo. La resolución lo que hace es verificar una situación y constatarla, lo hace con la información que le brinda, tanto el Estado nacional como los organismos presentantes que son el CELS, ANDHES y Amnistía.

Luis Paz (LP):Con el dictado y la decisión de libertad inmediata de Milagro Sala de un organismo como la ONU, se han venido precipitando distintas resoluciones, tanto en el poder Judicial como el poder político nacional, que desencadenan en el dictado de un decreto por parte del Ejecutivo provincial, instruyendo al fiscal de Estado que informe al Poder Judicial sobre la existencia de la decisión. Este decreto se puede interpretar como que Morales se lava las manos y le echa la culpa al Poder Judicial de la detención arbitraria e ilegal de Milagro y de alguna manera marcando alguna independencia de los poderes del Estado.

PAC: Todas las manifestaciones que se produjeron durante estos días respecto al Gobierno, no hacen más que dilatar la orden que surge de la resolución, evitar dar cumplimiento y con eso, generar una situación de escándalo internacional y de violación de tratados internacionales que pone al Estado argentino en incumplimiento de tratados, en los que se basa la resolución. Son tratados a los que el Estado adhirió con la finalidad de cumplirlos.

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PAC: No hay fundamentos formales de la suspensión. A las 20 hs de la noche anterior nos informaron que se suspendía la audiencia. Se dijo a través de la prensa que en realidad se había suspendido porque no se habían incorporado pruebas o que estaba pendiente de pruebas. En realidad, nosotros no discutimos la existencia del hecho, el hecho no se tiene que probar, el hecho es el acampe, una protesta pública y pacífica. Lo que nosotros íbamos a discutir es la legitimidad de ese hecho, porque el acampe para nosotros es la manifestación del ejercicio legítimo de un derecho como es el derecho a la protesta y a la manifestación pública. Íbamos a demandar ante las autoridades que nos respondan, qué es lo que se está persiguiendo e intentando juzgar. Se está intentando juzgarla con doble persecución, ya que tenemos la causa del acampe, penal, donde primero la detienen a Milagro y ahora la causa es por una contravención. En ese sentido creo que no solamente la resolución de la ONU tiende a ordenar la lógica jurídica jujeña sino que, es tan evidente la persecución y la idea de criminalización de la protesta, a través del código contravencional, que me parece que hubo en ese sentido algún retroceso de parte del Gobierno de no avanzar con esto, ya que iba a ser un escándalo en este contexto.

PAC: Por el marco de demanda de respeto y garantías de derechos humanos y garantías procesales, que impone la resolución de la ONU, me parece que está generando que los jueces no sean tan expeditivos en sus resoluciones en el sentido de avasallar y de violar los derechos como se venía haciendo. Yo creo que eso también pone al gobierno provincial, especialmente a Morales, en una situación no solamente de error y de costo político, sino también que se evidencia un muy mal asesoramiento respecto a esto. Sus funcionarios inmediatamente salieron a decir que la resolución de la ONU no era operativa, que era un dictamen, una opinión, cuando en realidad la gente que conoce los mecanismos internacionales y la esencia de cumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos, sabe que no es así. Esta situación de incumplimiento pone al Estado en una situación complicada. De hecho, funcionarios, ministros de otros estados le demandan y preguntan “por qué el Estado argentino no da cumplimiento a la resolución que manda la ONU".

Me parece que los jueces ahora están actuando más cuidadosamente, porque la resolución de la ONU dejó todo muy claro y en evidencia. Otra cuestión es que la resolución hace un análisis de todas las causas por la que Milagro está investigada hasta agosto de este año. El Estado argentino mandó información en relación a las causas, o sea no puede decir el gobernador de que la ONU tuvo información desactualizada y que solamente hacía referencia al acampe.

LP: A partir de las resoluciones favorables de distintos foros y comités de la ONU, algunos jueces de la provincia de Jujuy están viendo que, por un lado Morales les soltó la mano y por el otro lado, ha sido evidente para el juzgado contravencional que no pueden llevar adelante un juicio por protestar, un juicio por manifestaciones públicas. Primero porque está permitido por la Constitución de la provincia de Jujuy y segundo que la falta de pruebas es evidente, la misma falta de pruebas que hay en los otros expedientes. La libertad otorgada en estos días a Noro, Sibila, Altamirano y Patricia Cabana, es la evidencia de la falta de pruebas que hay y se manifiesta en estas resoluciones.